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“¡Que se vaya la OEI, y que nunca vuelva al territorio!”. El coliseo municipal de Briceño (Antioquia) se llena de aplausos por esa declaración de un campesino, cuyas botas salpicadas de pantano, cuentan del largo viaje que tomó desde las aisladas montañas donde por años el cultivo de coca dominaba la economía local.
La escena ocurre en el epicentro del que fuera el municipio piloto del desminado humanitario y del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que arrancó hace seis años en Briceño, pero se extendió rápidamente a otros cuatro municipios de Antioquia, en los que campesinos cultivadores de la hoja levantaron voluntariamente sus siembras en una apuesta por la paz y la agricultura lícita.
El PNIS -que se ejecutaría en dos años-, prometía a familias campesinas que arrancaran sus cultivos de coca que el Estado colombiano les garantizaría un acompañamiento integral para generar economías lícitas. Los campesinos firmaron el contrato en medio de una mezcla de esperanza y escepticismo. Tras décadas de políticas de persecución y estigmatización en su contra, la confianza en la institucionalidad era poca.
Sin embargo, el programa no solo ha tenido retrasos, sino que viene presentado una serie de irregularidades que contribuyeron a un colapso económico generalizado en esa región, según denuncian los campesinos.
Cuestionamientos similares se han hecho en otras zonas del país como Bajo Cauca o Guaviare, donde incluso se han interpuesto demandas ante el Consejo de Estado para denunciar violaciones al derecho al mínimo vital y a la vida digna dadas las precarias condiciones de vida y alimentación.
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En el caso de Briceño, las denuncias de los campesinos apuntan contra la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), actual operador de los recursos de PNIS y que llegó al territorio en 2020 para ser la entidad encargada de entregar proyectos productivos, brindar asistencia técnica, y fortalecer procesos asociativos y de comercialización.
Las familias afirman que los recursos del programa se han perdido en manos de la OEI. Líderes y lideresas de Briceño, Tarazá, Cáceres, Anorí e Ituango, están dando una pelea para que la OEI salga del territorio, se establezcan los términos de la liquidación de dicho contrato y se facilite la entrega directa y rápida de los recursos y ayudas que necesitan para construir nuevas economías.
Además aseguran que la interacción entre la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y el campesinado participante del PNIS ha estado marcado por un constante cambio de reglas de juego. Según afirman, las instancias de participación diseñadas para el programa cedieron a la toma de decisiones desde Bogotá y a memorandos del Gobierno con organismos internacionales que aumentaron las demoras y desconocieron las dinámicas y necesidades propias de los territorios.
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Según las denuncias, en la gran mayoría de los casos, los contratos de operación de los recursos destinados para los componentes de seguridad alimentaria, asistencia técnica y proyectos productivos del PNIS fueron suscritos con entidades sin experiencia en procesos de sustitución, sin conocimientos en trabajo con comunidades rurales y sin perspectivas de impacto social.
Las familias han detectado al menos tres irregularidades por parte de esa organización como por ejemplo malos manejos en los dineros. De acuerdo con una de las denuncias, hubo beneficiarios que recibieron apenas algunas herramientas para el proyecto, pero quedó registrado como si le hubieran entregado el valor total, que era de 9 millones de pesos.
La otra irregularidad es la falta de asistencia técnica que debería funcionar como una asesoría para la siembra, por ejemplo, pero que solo se limitó, según las denuncias, a convocar reuniones, tomar fotos a los predios o buscar firmas para los contratos.
La última irregularidad son los sobrecostos. Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con los precios que se daban por las vacas. En los testimonios, las familias que querían dedicarse a la ganadería afirmaron que la OEI avaluaba el kilo entre $11.000 a $13.000, cuando el precio de subasta local solo daba $6.500. Además, afirman que muchas llegaron enfermas. Además, las y los beneficiarios afirman que cuando se quejaron de los sobrecostos o la mala calidad de insumos recibidos, funcionarios de la OEI los habrían amenazado con sacarlos del programa y que, presuntamente les habían dicho que era mejor recibir lo que les brindaban.
Mientras tanto, la organización seguía recibiendo los recursos significativos del Fondo Colombia en Paz para ejecutar el programa.
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“[La ejecución de estos recursos] se convirtió en un negocio para los operadores del programa”, dice William Muñoz, delegado de Tarazá para el Consejo Asesor Territorial -CAT-, espacio que representa los intereses de las comunidades en el programa de sustitución a nivel departamental. En total, la Dirección Regional de sustitución de Antioquia ha recibido más de 2.000 derechos de petición de familias que reclaman por tales irregularidades.
Y no es la primera vez que reciben estos reclamos. Tanto los funcionarios municipales como los encargados del nivel departamental de Antioquia reportan que, desde 2020 cuando la OEI empezó como operador de sustitución, han mandado múltiples reportes a la Dirección Nacional en Bogotá documentando las inconformidades de los beneficiarios. Durante el gobierno del Presidente Duque, la respuesta, según un funcionario que prefirió mantener su anonimidad, siempre fue un silencio ensordecedor. De hecho, en 2021, la Dirección firmó otro convenio con la OEI para seguir ejecutando el programa a nivel nacional hasta enero 2024, con un valor de $95 mil millones de pesos.
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Frente a una investigación de la nueva administración del programa y las evidencias presentadas por las comunidades del mal manejo del operador, dicho convenio fue suspendido en abril de 2023. Sin embargo, todavía hay asuntos para resolver. Las y los líderes campesinos exigen que la OEI devuelva los recursos a los beneficiarios, y que el programa se ejecute lo más rápido posible con la contratación de asociaciones locales para su implementación.
“Creemos en el programa de sustitución”, dice Richard Patiño, delegado de Briceño para el Consejo Asesor Territorial. “Desde que se arrancó la coca, el municipio está mucho más tranquilo, pero necesitamos una buena intervención del programa para cerrar las brechas de desigualdad, sacar a la gente de la extrema pobreza y construir la paz.” Eso es lo que esperan las familias campesinas frente al caso de la OEI y otros operadores también en otras zonas del país, en donde quieren ser veedores de los recursos, que este programa derivado del Acuerdo de Paz, les prometió.
* Alex Diamond es profesor de sociología de Oklahoma State University que lleva cinco años investigando el proceso de paz de Colombia en territorio.
* Pedro Arenas es investigador de la Corporación Viso Mutop, la cual ha acompañado a comunidades campesinas en medio de la implementación del Acuerdo de Paz.