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En Colombia, fumarse un porro, bareto o cigarrillo de marihuana es completamente legal. De hecho, está permitido desde 1986, año en que se promulgó la Ley 30 que adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Esta norma también da vía libre al porte de la llamada dosis personal (20 gramos) y a la siembra y cultivo de hasta 20 plantas de cannabis.
Sin embargo, aunque se puede tener y consumir, no es legal comprar y vender, lo que solo deja dos opciones: el autocultivo o el mercado ilegal, muchas veces controlado por grupos armados y bandas criminales. Además, existe una enorme contradicción legal frente al tema, ya que en 2009 el entonces presidente Álvaro Uribe sancionó un acto legislativo que modificó el artículo 49 de la Constitución, para prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, salvo prescripción médica.
Para muchos, esa decisión va en contravía de la propia Ley 30 de 1986 y de la sentencia C-221 de 1994 (despenalización del porte y consumo de la dosis personal), emitida por la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Carlos Gaviria.
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Este vacío es el que intentan solucionar varios congresistas que en cuatro oportunidades han radicado un proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 49. “La prohibición prevista no aplicará para el uso por parte de mayores de edad del cannabis y sus derivados. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente”, dice la propuesta.
El recorrido de este proyecto inició en agosto de 2019, bajo el liderazgo de los representantes Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri. Ese año solo superó el primer debate y luego fue archivado por falta de tiempo. En 2020 y 2021 también lo intentaron, pero no avanzó al no contar con las mayorías necesarias. El pasado 20 de julio de 2022 lo radicaron por cuarta vez, con la convicción de que el cambio de Gobierno y la renovación del Congreso jugarían a su favor.
Así ha sido hasta el momento. El proyecto fue aprobado en siete de sus ocho debates y se discutirá este jueves en la plenaria del Senado, donde 106 congresistas tendrán la última palabra para decidir si lo convierten en ley o lo envían de vuelta a tramitarse desde cero.
“Ha tomado tiempo convencer a las diferentes fuerzas políticas, pero hoy podemos decir que estamos a punto de hacer historia. La nueva composición del Congreso de la República, mucho más liberal y progresista que las anteriores, nos ha ayudado a avanzar hasta el punto donde lo tenemos hoy”, le dijo a El Espectador el representante Juan Carlos Losada.
El proyecto cuenta con amplio respaldo de organizaciones sociales y académicos, que reclaman un cambio de paradigma en la política de drogas del país, pasando de la prohibición a la regulación. Esta visión coincide con la del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho en varios escenarios que la guerra contra las drogas fue un fracaso debido a la criminalización de consumidores y pequeños productores de hoja de coca y marihuana.
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Los votos necesarios para aprobar la regulación
El representante Losada reconoce que, a pesar de estar a un “cacho” de aprobar el proyecto, alcanzar la meta final no será nada fácil. El primer problema es el de los tiempos, ya que al ser acto legislativo debe quedar listo antes del 20 de junio. Para él, este jueves es el verdadero último día del Congreso, ya que el viernes muchos viajarán a sus regiones o al congreso de Asobancaria en Cartagena, por lo que difícilmente regresarán el martes.
El otro punto son los votos. El proyecto requiere mayorías calificadas; es decir, al menos el 54 de los 106 senadores. Para llegar a esta cifra, los ponentes necesitan concretar la asistencia y el apoyo de todos integrantes del Pacto Histórico, Partido Liberal, Alianza Verde y Comunes. Así las cosas, el proyecto sumaría cerca de 50 votos, lo que obliga a buscar los faltantes entre las demás bancadas.
En la pasada votación de la plenaria del Senado, en primera vuelta, el proyecto consiguió el respaldo de 51 senadores, entre estos los de Ana María Castañeda y David Luna (Cambio Radical) y Marcos Daniel Pineda y Nadya Blel (Partido Conservador), quienes votaron positivamente a pesar de que el resto de sus compañeros no asistió al debate.
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Sin embargo, en casos como el de los conservadores, hay senadores que buscan tomar una decisión previa de bancada, lo que impediría el voto de Pineda y Blel. Los liberales están más comprometidos y con unas pocas excepciones parece que la mayoría siguen a su jefe, el expresidente César Gaviria, quien está de acuerdo con la regulación. Por los lados de Cambio Radical no hay un pronunciamiento claro de Germán Vargas Lleras, por lo que David Luna insiste en la libertad para votar.
Todas estas cuentas dependen de la asistencia total de la bancada de Gobierno que, como ya se mencionó, no está asegurada debido a los eventos externos a los que están invitados los diferentes senadores.
Reglamentación del mercado de cannabis, el paso a seguir
Si se aprueba en la plenaria del Senado, se concilia y pasa a sanción presidencial, el acto legislativo entraría en vigencia 12 meses después de su promulgación, por lo cual no se puede hablar de una regulación de la compra y venta de marihuana antes de junio de 2024. En este tiempo el Gobierno también tendrá seis meses para implementar una política pública de prevención y atención del consumo del cannabis, que deberá estar acompañada de una estrategia educativa nacional que tenga como objetivo la prevención del consumo.
Pero el camino no termina ahí, pues está pendiente la reglamentación del mercado, un tema para el cual ya hay otro proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Está liderado por el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien asegura que se trata de un hoja de ruta para establecer quién y cómo puede comercializar cannabis y sus productos derivados.
“La gente podrá comprarla en dispensarios, como funciona en todo el mundo, también en coffeeshops o cafés cannábicos, centros de bienestar, clubes y droguerías”, le dijo Ocampo a El Espectador. Esta propuesta también regula los impuestos de esa comercialización, que según Ocampo no pueden elevar mucho el precio real de la marihuana, pues de lo contrario el mercado negro se impondría sobre el legal. “Un cigarrillo de marihuana debe seguir costando lo mismo, para poder ganarle al narcotráfico”.
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El Ministerio de Justicia sería el encargado de otorgar las licencias de cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo en la modalidad de uso adulto, teniendo en cuenta los estudios de demanda que haga el Ministerio de Salud. El 50 % de las licencias se otorgaría a comunidades étnicas y campesinas con cultivos preexistentes, la mayoría víctimas del conflicto armado.
Por último, plantea la prohibición del consumo de cannabis desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en espacios que estén a menos de 300 metros de escuelas, centros de recreación, parques con juegos infantiles, centros deportivos y centros de rehabilitación.
Aunque el proyecto de Ocampo no depende directamente del de Losada, ambos reconocen que lo correcto es aprobar primero la reforma constitucional, con el fin de cerrar la puerta a nuevas discusiones y posibles demandas. La iniciativa que crea el marco regulatorio de la compra y venta de cannabis ya fue aprobada en primer debate y se alista para su segunda prueba en la plenaria del Senado.
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Por David Efrén Ortega
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