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El Congreso, tras una semana de homenajes al fallecido senador Miguel Uribe Turbay, retoma su actividad normal este martes. Y lo hace con varios pendientes que marcarán la discusión en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Al actual Legislativo le quedan, exactamente, 306 días para terminar: el 20 de junio de 2026 finaliza la actual y última legislatura. Y aunque hay varios proyectos claves –tanto del Ejecutivo como presentados por congresistas– se tratará de un lapso de 10 meses en los que, en medio de un clima polarizado, los legisladores estarán también enfocados en las elecciones, tanto pensando en una eventual reelección en sus curules, como en impulsar las presidenciales.
La radiografía general del Congreso muestra los efectos de la polarización: de las 14 comisiones constitucionales, solo las siete de la Cámara de Representantes quedaron con un aliado como presidente, pero con votaciones que mostraron que no es seguro la mayoría pro oficialista. Las siete del Senado estarán dirigidas por opositores.
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En las plenarias los cálculos son similares. En el caso de la Cámara, de acuerdo con votaciones recientes como la de la reforma pensional, tendría 108 votos de 172 curules; una cifra que podría variar, pero que se mantiene como mayoritaria. En el Senado, los votos de opositores están entre 49 y 52 de 106, que no alcanzan a ser mayoría, pero sí un bloque significativo. De allí que desde la Casa de Nariño deban iniciar una tarea de pesca de voto a voto para conseguir pasar sus propuestas más importantes.
Se trata de proyectos como la nueva ley de financiamiento, la reforma a la salud y la ley de competencias que reglamentará la cirugía al Sistema General de Participaciones. También están en la fila iniciativas legislativas como el llamado referendo por las regiones –que es promovido por, entre otros, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y con ponencia del senador Carlos Fernando Motoa– y citaciones a debates de control político, con varios congresistas cuestionando que en la legislatura de 2024 – 2025, las discusiones estuvieron “cooptadas” por los proyectos del Ejecutivo.
En ese panorama serán protagonistas los recién elegidos presidentes del Senado y de la Cámara, Lidio García (Partido Liberal) y Julián López (La U), respectivamente. De los dos, el más cercano al presidente Petro es López, pero en la Casa de Nariño vieron también con buenos ojos la elección de García el pasado 20 de julio, como admitió el ministro del Interior, Armando Benedetti. Como la cabeza máxima de sus respectivas mesas directivas, definirán el orden del día de cada sesión. Y, aunque parezca un tema de trámite, en la legislatura pasada, los choques entre el presidente Petro y el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda (Conservador), mostraron lo importante de esa posición y de por qué el Ejecutivo busca un aliado en dichas posiciones.
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El Espectador buscó a ambos presidentes, pero solo contestó López. Sobre el panorama de su presidencia, el representante valluno afirmó que “el presidente Petro es respetuoso, es abierto al diálogo y lo que quiere es tender puentes. Lo que quiere es generar el diálogo permanente, escucharnos y avanzar. Está pendiente de cerrar su año desde el Legislativo. El Congreso está tranquilo y quiere debatir”.
En ese contexto, el debate más próximo en el panorama es el del presupuesto general de 2026, que el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, radicó por $557 billones. Desde este martes se reunirán de manera conjunta las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara. Pero en el Salón Elíptico –donde se reunirán los 94 congresistas que integran las cuatro células– el Gobierno no la tiene fácil.
El presupuesto llega, de entrada, desfinanciado. Por ello, $26,3 billones dependerán de una ley de financiamiento que la Casa de Nariño aún no ha presentado. Y ya hay un antecedente de las dificultades que presenta la discusión. En 2024, el presidente Petro radicó un presupuesto con términos similares y, en un hecho sin precedentes hasta ese momento, el Legislativo hundió el presupuesto, por lo que tuvo que decretarse. Después, cuando radicó la ley de financiamiento para recaudar en ese momento $9,8 billones, el proyecto fue archivado.
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La hoja de ruta es así. De acuerdo con la ley, antes del próximo 15 de septiembre, las comisiones conjuntas deberán definir el monto definitivo. Para el 25 de ese mes, deberá aprobarse en primer debate. Y el 1° de octubre arrancaría la discusión en las plenarias, con plazo hasta el 20 de octubre. Si esa última fecha no se cumple, el presupuesto deberá salir por decreto.
Pero además de los ajustados plazos, las cuentas no le dan al Ejecutivo para asegurar que su propuesta pase, toda vez que, aunque en la Cámara de Representantes tendría los votos necesarios, en el Senado no.
En las comisiones de la Cámara, el presupuesto tendría, por lo menos, 22 votos a favor de 33 integrantes en la Tercera y 21 de 29 en la Cuarta. Pero en el Senado ocurre lo contrario. En la Tercera –comisión a la que pertenecía Miguel Uribe, cuya curul ocupará María Angélica Guerra– tendría 12 votos en contra y 5 a favor, y en la Cuarta, el presupuesto contaría con 10 votos en contra y 5 a favor.
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Esa tendencia de votos también se puede ver en cómo quedaron las mesas directivas de cada comisión. En la Cámara, las siete células legislativas quedaron a la cabeza de un aliado del petrismo –incluyendo en la primera, donde el representante Gabriel Becerra ganó gracias a un cara y sello–. Mientras tanto, la oposición se hizo con puestos claves.
Además de Becerra, en la Segunda quedó Mauricio Londoño (La U); en la Tercera, Wilmer Castellanos (Alianza Verde); en la Cuarta, Liliana Rodríguez (Alianza Verde); en la Quinta, Erick Velasco (Pacto Histórico); en la Sexta, Haiver Rincón (curul de paz), y en la Séptima, Camilo Ávila (La U).
En el Senado, el panorama es distinto. Comisiones claves quedaron con opositores al frente: en la Primera se eligió Julio Elías Chagüí (La U), en la Tercera quedó Jairo Castellanos (ASI), en la Cuarta Enrique Cabrales (Centro Democrático), en la Quinta Édgar Díaz (Cambio Radical) y en la Séptima Miguel Ángel Pinto (Liberal). Varios, como Pinto, se impusieron a aliados del gobierno, que por los acuerdos de 2022 estaban en cola para ocupar las dignidades.
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Y no es menor. Siguiendo con el ejemplo de Pinto, en la Séptima está pendiente el tercer debate de la reforma a la salud. Fue el liberal uno de los nueve congresistas que, en marzo pasado, hundió la reforma laboral con una ponencia negativa alternativa. Ese hecho fue el germen de la discusión que ocupó ese trimestre de la consulta popular, que también se hundió en la plenaria del Senado en medio de las acusaciones del oficialismo de fraude.
Una comisión que también será protagonista en esta legislatura es la Primera, por donde pasarán la ley de sometimiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la ley de competencias para reglamentar los cambios a la cirugía al Sistema General de Participaciones (aprobada el semestre pasado) y la pendiente reglamentación de la jurisdicción agraria que, pese a la priorización de los temas de tierras en el gobierno actual, está frenada desde 2024.
Sobre las discusiones, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) aseguró que “en el Senado estamos igual que como terminó la legislatura anterior, con unas bancadas de oposición e independientes unidas. Pero hay un ambiente muy polarizado, porque el presidente debería convocar a la unidad o generar mensajes de unión, pero no se ha visto. Se ha radicalizado y en los próximos meses lo hará aún más”.
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Y añadió que “los debates de control político tendrán que ser la prioridad en la asignación de órdenes del día, contrario a lo que ocurrió en la legislatura anterior”.
Pero otra es la perspectiva del representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico), quien insiste en que la Casa de Nariño está dispuesta a dialogar, pero que también dependerá de las bancadas: “Si el Congreso no facilita las cosas, confirmará el discurso de que bloquea y no ayuda. Entonces nos quedarán la calle y la gente”.
El otro punto clave del Congreso, en este caso de la Cámara, es lo que ocurra con las investigaciones al presidente Petro en la Comisión de Acusaciones. En las próximas semanas discutirá sobre las denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 del jefe de Estado. Además, está el proceso sobre las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien, aunque no entregó pruebas, ya declaró en una primera comparecencia en esa célula.
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También está en juego la seguridad de los congresistas. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tras un atentado sicarial el pasado 7 de junio, y el atentado contra el opositor representante Julio César Triana (Cambio Radical) ha dejado con los ánimos alterados en el Capitolio. “Uno no sabe a quién apelar o a quién llamar”, relató Motoa, el primer senador al que Triana llamó luego de que personas le dispararon con fusil a la camioneta en la que se movilizaba.
Así las cosas, el presidente Petro se enfrenta a un Congreso que no solo le ha sido adverso en temas claves, sino que estará más enfocado en las elecciones de 2026 que en permitir que el jefe de Estado consolide su legado, representado en las reformas sociales.
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