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El pasado 3 de abril, horas después de que se hundiera la reforma a la salud, la plenaria del Senado negó las dos ponencias de archivo para la pensional. Aunque la iniciativa sigue con vida, el tiempo apremia. Para que la reforma se apruebe necesita pasar los tres debates que le faltan (uno en Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio, una tarea llena de retos considerando cómo está la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso.
Sobre la mesa, además de la propuesta oficial, hay una ponencia alternativa que presentó la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U. La iniciativa está tomando vuelo en el Senado, donde congresistas de varios partidos han manifestado su apoyo (Conservador, algunos del Liberal y Partido Verde; mientras el Centro Democrático y el Partido de la U estudian si la acompañarán), y, en general, los expertos la consideran más sostenible porque cambia dos puntos polémicos de la reforma del Gobierno: el umbral de cotización en Colpensiones y el manejo del fondo de ahorro.
El umbral, la manzana de la discordia
La ponencia de la senadora acoge la arquitectura del sistema de cuatro pilares que plantea el gobierno Petro, pero en su propuesta los usuarios cotizarían hasta 1,5 salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), mientras que el Gobierno plantea un umbral de tres salarios mínimos, que hasta ahora es el punto más álgido de la discusión. Como explica Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, mientras más alto sea el umbral, más deuda se generará a futuro.
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En Colpensiones las mesadas no dependen de cuánto ahorró el afiliado, sino del promedio salarial de los últimos 10 años y, en general, lo que se cotizó no alcanza para cubrir el monto de la pensión, por eso se habla de una especie de subsidio; además, entre más alta es la pensión, más recursos debe poner el Estado.
A los expertos les preocupa la deuda que tendría que asumir el país, también se ha criticado que la reforma no resuelve del todo la regresividad, pues se seguirán subsidiando las pensiones (incluyendo las de quienes tienen mayores ingresos) hasta por tres salarios mínimos.
Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, afirma que aunque esta no es la reforma ideal (el gremio ha insistido en que el sistema debe estar basado totalmente en el ahorro, considerando la transición demográfica), la ponencia de Hurtado va en la dirección correcta, porque un umbral más bajo se traduce en un sistema más sostenible.
Para Olivera, la propuesta de la senadora Hurtado mantiene las ventajas de la reforma del Gobierno, incluyendo el aumento de la cobertura, pero con más sostenibilidad fiscal. El promedio de los cálculos de la ANIF, Fedesarrollo y el CEDE de los Andes indica que bajar el umbral de tres salarios a 1,5 reduciría el pasivo pensional en 20 puntos del PIB, aproximadamente $314,5 billones. Para verlo en perspectiva, ese ahorro fiscal equivale a financiar 25 líneas del metro de Bogotá.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo el mes pasado que si le demuestran que bajar el umbral resuelve el problema fiscal, el Gobierno “podría pensarlo”, pero que sus cálculos, hasta ahora, muestran que implicaría más costos para el Estado. Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que los tres salarios mínimos permiten equidad, equilibrio en el sistema y garantías en cuanto a la “suficiencia pensional en los términos de la OIT”.
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Para otros expertos, como Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionales ISP, ambas propuestas son “tímidas” a la hora de corregir las fallas estructurales que existen en el sistema actual, por ejemplo ninguna plantea reformas paramétricas (como el incremento de la edad) ni mecanismos que permitan elevar los flujos de cotización. De ahí que sostiene que ambas son insostenibles en el mediano y largo plazo.
¿Quién debería administrar el fondo de ahorro?
Para evitar una deuda impagable, la propuesta del Gobierno es ahorrar e invertir buena parte del dinero que coticen los afiliados en un nuevo fondo que administraría Colpensiones, pero que esa entidad esté a cargo del ahorro pensional genera muchas dudas entre los expertos, incluyendo a Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, principalmente, porque hoy no tiene las capacidades ni la independencia del Gobierno. La ponencia de la senadora plantea que el fondo quede en manos del Banco de la República para “blindar” los recursos, asegurar rentabilidades y dinamizar el mercado de capitales.
Olivera resalta que el administrador del fondo será vital para el futuro de las pensiones si se aprueba la reforma, en su criterio Colpensiones no cuenta con la experiencia, pero además existe el riesgo de que el Gobierno (este y cualquier otro) tenga la tentación de usar el dinero para otras cosas. A diferencia de expertos como Pardo, Olivera no considera que el Banco de la República sea la mejor opción porque, si bien tiene los conocimientos y la independencia, ya está a cargo de otras funciones. En su opinión, sería ideal plantear una junta en la que esté el sector público y privado, y también participe el Banco Central.
Para Izquierdo, sería inconstitucional, pues las funciones del Banco de la República no se pueden modificar vía proyecto de ley, por lo que sería necesario un acto legislativo.
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Otras diferencias
El gobierno Petro busca entregarles a las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema; este sería el pilar solidario. En el semicontributivo estarían quienes no cumplen los requisitos de semanas para pensionarse. En el sistema actual reciben lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia y habría un subsidio para quienes no se beneficien del pilar solidario.
La senadora del Partido de la U aseguró que con un umbral de 1,5 salarios mínimos se liberarán recursos para mejorar la renta vitalicia en el pilar semicontributivo a largo plazo, y su propuesta también incluye bajar la edad que plantea el Gobierno para ese pilar, dejándola en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.
Otra de las diferencias es que mientras el Gobierno busca que el nuevo sistema entre en vigencia en 2025, la ponencia alternativa propone que sea en 2026, según Hurtado, “para no afectar el funcionamiento del sistema, ya que su implementación demanda una preparación exhaustiva y una amplia normatividad, así como la mejora de la capacidad administrativa, técnica, presupuestaria y organizativa de las instituciones del sistema”.
La propuesta de la senadora mantiene el espíritu del sistema que busca Gustavo Petro, también acoge la orden de la Corte Constitucional de bajar progresivamente el número de semanas para las mujeres hasta llegar a 1.000, pero plantea cambios en los que hasta ahora el Gobierno no ha querido ceder. La pelota está en la cancha del Congreso.
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