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Pese a las confrontaciones públicas, en las que el Ejecutivo y el Legislativo han mostrado una brecha cada vez más profunda, el Gobierno de Gustavo Petro ha conseguido mover su agenda. Lo ha hecho manteniendo un equilibrio entre sus proyectos y reformas claves, y una capacidad de ceder en lo que otrora fue calificado como puntos de honor. Sin embargo, ese equilibrio es frágil y aún tiene varias pruebas de fuego que deberá superar.
Cuando empezó la actual legislatura, la Casa de Nariño dejó claro que apostaría todo por sacar adelante su agenda legislativa, teniendo en cuenta de que, a partir de marzo de 2025, los congresistas estarán más en campaña que concentrados en el día a día del Capitolio.
Hasta ahora, y en medio de choques cada vez más directos entre el presidente y el Congreso, ha podido mover, aún sin una aprobación definitiva, proyectos que son del corazón del progresismo. Es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral (aprobada en segundo debate en la Cámara), la reforma política (que ya superó dos de ocho debates) y la reforma al Sistema General de Participaciones (ya aprobado con un respaldo arrollador en el Senado y pendiente de discutirse en Cámara).
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Todo esto se da cuando el presidente quiere consolidar su influencia no solo desde el Gobierno, sino en el poder en general. “Ganar no es el objetivo, es ganar el poder”, dijo en la convención nacional del MAIS al respecto. De allí, la apuesta del progresismo porque el Pacto Histórico se convierta en un partido único, algo que aún está en discusión.
No obstante, el camino no ha estado aplacado. Por ejemplo, en la reforma laboral hubo marcadas polémicas por las críticas de representantes opositoras, como Katherine Miranda (Alianza Verde) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), por la falta de garantías de la mesa directiva de la Cámara, a cargo de Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), para oponerse. Una de las críticas más marcadas fue el poco tiempo que se les dio para sustentar las proposiciones que buscaban modificar o, de plano, borrar puntos claves de la reforma. A eso se suma, tal y como lo reveló El Espectador, la influencia de lobistas en los debates que se desarrollaron entre septiembre y octubre en el Salón Elíptico.
También ocurrió con la reforma al SGP, que es la forma en la que se distribuye la plata a las regiones desde el poder central. En medio de los debates, y pese a un respaldo generalizado en el Congreso, el proyecto, que fue impulsado con especial ahínco por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, generó choques en el gabinete. Esto, porque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mostró su desacuerdo con la propuesta, asegurando que impactaría en las ya golpeadas finanzas del Estado.
Otro proyecto que tiene un respaldo casi generalizado es el del transfuguismo, es decir, que los congresistas puedan cambiar de partido sin sanciones y sin perder sus curules. La propuesta ya pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado y ahora es discutida en la plenaria.
En todo caso, en una reciente entrevista con este medio, el mismo Cristo se mostró optimista de cara al proceso que asumió a inicios de julio de este año, cuando fue nombrado, por segunda vez en su vida, en la cartera política y que se encarga de la relación con el Congreso.
Al ser consultado si veía que había tiempo para sacar adelante la ambiciosa agenda legislativa de la Casa de Nariño, aseguró que “alcanza y sobra, si se generan consensos, si se habla, se dialoga y se construye. El país está listo para esas reformas. Aquí hay que insistir en que ese Gobierno fue elegido para avanzar en reformas, este país necesita reformas. Ahora, reformas concertadas, reformas en donde se escucha a todo el mundo, que generen consenso y eso sí es posible”.
Pero al pasar al tablero la realidad de lo que se viene, el optimismo del Gobierno se pone a prueba para superar todos los debates a tiempo, lo que le implica evitar la polarización propia del clima electoral.
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Ejemplo de lo anterior es lo que ocurrirá en las próximas semanas en las comisiones séptimas tanto del Senado como de la Cámara. Es en esta célula del Legislativo que se mueven las dos reformas “sociales” del petrismo que aún tienen vida: la laboral y la de la salud.
Sobre la primera, aterrizará en un Senado que cada vez es más beligerante ante las acusaciones del presidente Petro. Solo la semana pasada, el jefe de Estado y el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Conservador), se volvieron a enfrentar por el trámite de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno busca, por lo menos, $12 billones para hacerle frente a las dificultades económicas que lo acosan de cara a 2025.
Y las cuentas no son optimistas, si se tiene en cuenta lo que pasó en el primer semestre de 2024 cuando fue precisamente la Séptima la que hundió la reforma a la salud. En ese momento, nueve senadores firmaron la ponencia de archivo de ese proyecto. Aunque son reformas distintas, se pueden tomar como puntos de referencia para la discusión que, por lo demás, aún no ha sido programada en la agenda.
El archivo, en ese momento, contó con el respaldo de Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel y José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (MIRA), Berenice Bedoya (ASI) y Norma Hurtado (Partido de la U). Los votos a favor que en ese entonces tuvo la reforma fueron los de los senadores Wilson Arias, Ferney Silva y Martha Peralta (Pacto Histórico), Omar de Jesús Restrepo (Comunes) y Edwing Fabián Díaz (Alianza Verde).
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A ello se suma que los ánimos están caldeados en la Séptima del Senado. En un reciente debate de control político, hubo un choque entre el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y las senadoras Hurtado y Blel, quienes lo acusaron de tener una “actitud desobligante” y pidieron su renuncia. No es un hecho menor, teniendo en cuenta que Blel, presidenta del partido Conservador, es también la jefa de la mesa directiva de la Séptima y en su control está la programación en la agenda de los proyectos del gobierno para que se discutan.
Y prosiguiendo con la reforma a la salud, en días pasados también quedó claro que su avance no está garantizado en la Cámara de Representantes. Aunque ya se aprobó un primer bloque de artículos, la discusión está frenada y con congresistas cercanas al Gobierno, como Marta Alfonso (Alianza Verde), cuestionando la falta de garantías en el debate.
Además, hay proyectos que son claves para el progresismo y la izquierda en general a paso lento. Es el caso del proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria, que pese a los debates que generó luego de su presentación, aún no ha iniciado su primer debate.
De hecho, y como parte de su trabajo de negociación, El Espectador confirmó que Cristo ha hablado con varios partidos para ambientar la convocatoria a sesiones extra para las reformas no constitucionales, como la de la salud, la laboral y la jurisdicción agraria.
Con ese panorama, empieza el último mes del Congreso antes de que salga a receso durante los primeros meses de 2025. Y cuando regresen, los parlamentarios estarán enfocados en una campaña electoral que, desde ya, se ve que monopolizará las discusiones, dejando de lado las reformas que el progresismo ha querido impulsar aún sin un éxito rotundo.
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