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Cúcuta fue el punto de encuentro de los cancilleres de Colombia y Venezuela, Luis Gilberto Murillo e Yván Gil. La reunión, que tuvo como ejes centrales la cooperación y la integración, se desarrolló en un momento álgido: Caracas se prepara para las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 28 de julio, en medio de reclamos por la imposibilidad de la inscripción de Corina Yoris, candidata de María Corina Machado, y de los retrasos en el registro de los votantes en el exterior, además de la represión interna y de presuntas operaciones del gobierno de Venezuela con grupos criminales colombianos y venezolanos en la frontera, con la aparente intención de perseguir a desertores y opositores, según reveló una investigación de Noticias Caracol, y sobre la cual no ha habido un pronunciamiento oficial. Hay diversas razones para tratar de mantener las relaciones, sobre todo las consulares y comerciales, pero hay quienes dicen que, por la misma naturaleza del régimen venezolano, esa es una tarea difícil de cumplir.
Tras la declaración pública de los jefes de la cartera de Exteriores, se supo que Caracas invitó a Bogotá y a la Celac a ser observadores de los comicios y se resaltaron los esfuerzos dados para fortalecer los vínculos entre los Estados, restablecidos cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, después de que su homólogo Nicolás Maduro los terminara en 2019. “Esa invitación a Colombia tiene todo el sentido, porque el país ya venía siendo parte de los esfuerzos para encontrar soluciones al problema en Venezuela”, dijo el politólogo Alejandro Martínez Ubieda, quien se refiere al papel que ha cumplido el Estado colombiano como acompañante del Acuerdo de Barbados, entre el régimen y la oposición. Su duda es con respecto a la Celac: “No tiene experiencia en esta materia y tiene una pobre institucionalidad. Lo importante es que vayan el Centro Carter y la Unión Europea, y debería estar invitada la Organización de Estados Americanos (OEA), pero Maduro vetó esa posibilidad y no pudo ser incluida en Barbados”.
El analista lee la reunión de los dos cancilleres como una respuesta al impasse que hubo entre Bogotá y Caracas por la respuesta del Gobierno colombiano ante el agravamiento de las condiciones electorales en Venezuela: “Dos países que no pueden separarse, que tienen sus destinos imbricados, tienen que generar intercambios como este”, sobre todo si, como dice, “la relación en los últimos años ha sido muy mala, cuando antes se tenía un comercio de US$7.000 millones, el más importante de la región Andina”. De hecho, cifras oficiales de diciembre de 2023 muestran que se alcanzó un volumen total de US$700 millones. Según la Cámara Colombo-Venezolana, el intercambio creció un 9,3 %.
El abogado César González, miembro de la ONG Plan País, plantea que el interés de mantener las relaciones con Venezuela responde a una importancia comercial, más que a la colaboración para restablecer la democracia, aunque sigue existiendo incertidumbre alrededor de ello. De hecho, la Cámara de Representantes colombiana aplazó en febrero la aprobación del acuerdo binacional de seguridad jurídica a las inversiones de Colombia y Venezuela. La oposición justificó la decisión argumentando que no se aprobará ningún acuerdo hasta que se haya aclarado la situación política de Machado y hasta que existan garantías para las elecciones.
Martínez Ubieda cree que un gobierno como el venezolano no permite tener una relación positiva, pues está generando una crisis humanitaria compleja. Relacionarse con un país en esas condiciones, según él, es difícil, “más cuando se irrespetan los caminos democráticos. Así no puede haber una relación franca entre las instituciones de ambos Estados. Si el Gobierno colombiano no se compromete con los mecanismos para favorecer un retorno a la democracia, la situación seguirá siendo la misma”. A la sombra de la operación de grupos irregulares en la frontera, y más allá de ella, como las disidencias de las FARC y el ELN, el analista cree que solo hay una única vía de solución: la cooperación de instituciones democráticas. “Mientras no cambie el gobierno de Venezuela y mientras el de Colombia no tenga un mayor compromiso que el que ha mostrado con los valores democráticos, la situación seguirá siendo la misma”.
A esto se suma la represión que vive a nivel interno Caracas. De hecho, la reunión entre Murillo y Gil tuvo lugar justo cuando se cumplen dos meses de la detención de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y experta en temas militares, arrestada bajo acusaciones de terrorismo, luego de ser vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Más allá de su reclusión en la cárcel El Helicoide, calificada por algunas organizaciones como un “centro de torturas”, y que se le negó el contacto con su abogado, poco se sabe de ella.
“Hay límites de tolerancia que no se pueden traspasar”, afirmó Ligia Bolívar, coordinadora de la organización Alerta Venezuela: “Caracas está cruzando líneas rojas con la detención de San Miguel, pero también con la de cuatro personas relacionadas con la campaña de Machado, y con otras acciones contrarias a la democracia, entre ellas la imposibilidad de inscribir candidatos o que los venezolanos se registren en el exterior, porque eso está sucediendo en Colombia”. Ella cree que Petro, que estaría en Venezuela, se cuida con sus declaraciones públicas por su apuesta con la paz total: “En ese sentido, ha esperado a que Maduro, de alguna manera, le sirva de puente. Sin embargo, él tiene que evaluar la situación, ya que está poniendo huevos en una canasta infectada por tendencias dictatoriales”.
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