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El exsenador del Partido Liberal Mario Castaño fue condenado este viernes a 15 años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por ser el líder de una red de corrupción en contratación estatal, integrada por servidores públicos y particulares, con injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca. Aunque Castaño está recluido en la cárcel Picota de Bogotá desde su captura en la entrada del Congreso el 7 de junio de 2022, la decisión del alto tribunal llega nueve meses después de que el excongresista aceptara su responsabilidad por los delitos.
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La condena contra Mario Castaño es por 19 delitos que le formuló la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. La investigación de la Corte Suprema contra el político caldense inició en marzo de 2022, cuando la Fiscalía compulsó copias al alto tribunal, facultado para investigar a legisladores, sobre averiguaciones que adelantó el ente investigador sobre irregularidades en contratación en varios departamentos del país.
Según la investigación, el caldense aprovechó sus conocimientos como contador público profesional y su información privilegiada de las finanzas de la nación para montar todo un entramado de corrupción a través de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), como lo denomina la Fiscalía, en el que se direccionaban contratos para obras públicas en varios departamentos del país a cambio de porcentajes de esos acuerdos. Mancomunadamente con las averiguaciones de la Fiscalía y de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los direccionamientos se hicieron a través de cupos indicativos, un presupuesto que se le otorga a los parlamentarios para gestionar proyectos que ayuden a la superación de problemáticas en los territorios.
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Con los cupos indicativos, los congresistas definen qué alcaldes ejecutarán los proyectos y también pueden proponer contratistas e interventores para cada obra; es decir, direccionan de principio a fin los dineros. En el caso del liberal Castaño, estos cupos estaban hablados y acordados con alcaldes y contratistas para que, por cada contrato adjudicado, al entonces senador se le diera el 10% de cada uno.
En diálogo con este diario, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía narró que los investigadores iniciaron con el seguimiento y la interceptación telefónica de varios contratistas que tenían algo en común: hablaban de que debía aportar cada uno 100 millones de pesos para la campaña de un senador, lo cual tenía una retribución del 150 %. En las pesquisas, el ente investigador dio con conversaciones entre ellos y Juan Carlos Martínez, entonces asesor del senador Mario Castaño, quien también hablaba con alcaldes de varios municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca. Con esta investigación, en agosto de 2022 siete alcaldes y varios de sus funcionarios fueron capturados. Tres alcaldes más fueron detenidos meses después.
La red de “marionetas” de Castaño, como fue bautizado el caso, enlodó entidades como el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras. De acuerdo con datos suministrados por la Fiscalía a El Espectador, en las cuatro fases de la investigación fueron capturadas 37 personas, de las cuales la mayoría ya aceptaron cargos o se encuentran a la espera de que un juez avale el preacuerdo que firmaron con el ente investigador.
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Dentro de los capturados por hacer parte de la red de marionetas de Castaño, están la relacionista pública Nova Lorena Cañón, y Daniela Ospina, quien era pareja sentimental de Mario Castaño. Asimismo, fueron capturados Gloria Raigoza, alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca); Jhonattan Manuel Vásquez, alcalde de La Merced (Caldas); Diego González, de Aguadas (Caldas) y Andrés Felipe Aristizabal de Villa María (Caldas). Por otra parte, también fueron capturados Ronald Villegas, alcalde de Suárez (Cauca); y Victor Hugo Franco, alcalde de Piendamó (Cauca); y el alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Medardo Ortega Fonseca. Aún así, el asistente y mano derecha de Castaño en la red de corrupción, el odontólogo Juan Carlos Martínez, sigue prófugo de la justicia.
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Además de este caso, Castaño enfrenta otra investigación de la Corte Suprema en su contra, luego de que el alto tribunal abriera otra indagación por el delito de enriquecimiento ilícito. En este caso, el político es investigado por el supuesto incremento injustificado de su patrimonio cuando fue representante a la Cámara entre 2014-2018.
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