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El grupo de WhatsApp en el que están quienes hacen parte de la defensa jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba quieto. Ninguno de los miembros esperaba que este martes, en el Día de las Víctimas del Conflicto Armado y mientras en las calles se desarrollaban las marchas en pro del Gobierno de Gustavo Petro, el exprimer mandatario fuera a ser llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
Tanto Uribe Vélez como su equipo se enteraron de la noticia por los medios de comunicación. Sobre las 2:30 p.m., la defensa -según fuentes cercanas al expresidente-, no había sido notificado por parte del ente investigador, que desde el pasado 22 de marzo dirige Luz Adriana Camargo. Sin embargo, algunos de ellos no descartan que la actuación haya sido calculada.
Y es que la decisión de la Fiscalía no es menor. Es la primera vez que Colombia ve a uno de sus expresidentes ser llamado a un juicio penal. Un exmandatario que, además, se ha configurado como el principal líder de la oposición del actual Gobierno y que es acusado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. A su llamado a juicio, por el caso que arrancó hace seis años la Corte Suprema de Justicia, cuando Uribe Vélez era senador, ahora le pueden sacar provecho por lado y lado. Desde la oposición, para consolidar su discurso de la persecución política contra el líder del Centro Democrático; y desde el oficialismo, para enviar un mensaje sobre la fuerza de la justicia y la posibilidad de avanzar en términos de acuerdos.
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Esta acusación se da precisamente en un momento en el que la gobernabilidad del presidente tambalea, lo que lo ha hecho hacer el llamado a las calles, a agitar la idea de una constituyente y a aplicar las reformas que no pasan con éxito en el Congreso vía decreto. Durante la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía se pidió cerrar la investigación en dos ocasiones. Por eso, a los ojos de la oposición, resulta extraño que 18 días después de que se posesionara la fiscal ternada por Petro y seis días antes de que se terminara el plazo para que la entidad presentara la acusación contra el expresidente, se tomara esta decisión.
Aunque no afirmó nada sobre Camargo, la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, le dijo a este diario que en el país hay un problema de “justicia selectiva”, es decir, que “las garantías en Colombia dependen de a quién se le aplica la justicia”.
Al respecto, desde el Pacto Histórico se ha respondido diciendo que el actuar de la Fiscalía es “lo que ha debido ocurrir siempre”. Es decir, “una administración correcta, pronta, eficaz, e imparcial de la justicia”, dijo el senador Iván Cepeda, quien figura como la víctima en el expediente en cuestión y quien ya había dicho que el fiscal Barbosa, durante años, había hecho “esfuerzos sostenidos” por intentar evitar que este proceso llegara a la etapa de juicio.
“Quien decidió quedar en manos de la Fiscalía fue el expresidente, en el momento en que renunció al Congreso. Nadie lo obligó“, dijo María José Pizarro, vicepresidente del Senado, quien aseguró que Camargo, aunque haya sido ternada por Gustavo Petro, no tiene una relación política con la colectividad.
Cepeda y Pizarro coinciden en que la nueva fiscal ha demostrado su independencia de las corrientes políticas. De hecho, por parte de algunos petristas, la decisión de Camargo prueba que a la colectividad “que dirige Uribe Vélez se le acabó la justicia de bolsillo”, como dijo el representante Alejandro Toro.
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Tres horas después de que se confirmara la noticia, la bancada paisa del Centro Democrático se reunió en el Congreso. Aunque el encuentro tenía el propósito de hablar sobre el tema de las vías 4G en Antioquia, los congresistas también hablaron sobre la situación jurídica que ahora afronta su líder natural.
Uribe Vélez lleva desde el año pasado consolidando su liderazgo en las regiones, primero con los viajes para promover a sus candidatos de cara a los comicios regionales de octubre y, a su vez, con otros foros para escuchar las quejas de los ciudadanos llamados “Las regiones vuelven al Centro”. Pero también lo ha hecho con iniciativas como la de la “vaca” para financiar las vías 4G, que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acogió casi de inmediato.
A la vez, el exmandatario ha estado endureciendo su discurso frente al “Gobierno del Cambio”. Hace un mes, en la Convención Nacional del Centro Democrático, habló sobre la necesidad de hacerle contrapeso a la izquierda en 2026, a más de dos años de las elecciones presidenciales. El nivel también ha ido subiendo ahora con el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, y la intervención de la Superintendencia de Salud a Sanitas y Nueva EPS la semana pasada.
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Desde el Centro Democrático se han simpatizado con su líder y han manifestado su convicción por su inocencia. Este juicio les sirve a sus militantes para consolidar el discurso alrededor de la “persecución política” en contra de Uribe Vélez, como han dicho desde que el exjefe paramiltar Salvatore Mancuso pisó territorio colombiano para aportar al proceso de paz. Además, porque el líder político ya había dicho en octubre del año pasado, antes de que se supiera que se iba a negar la preclusión del caso una vez más, que iban a ordenar llevarlo a juicio.
También queda la duda de si esta acusación debilitará al partido. Al respecto, el representante Hernán Cadavid, quien ha trabajado directamente con Uribe Vélez, cree que sucederá lo contrario. “El país ha tenido el tiempo suficiente de entender elementos probatorios de este proceso, conocer cuáles han sido las inconsistencias, y entender quién es la tribuna de alegadas víctimas, que son todos reconocidos enemigos políticos”, explicó el congresista. “Yo creo que la reacción de la opinión pública va a respaldar cuál ha sido la instrumentalización que se ha hecho durante todos estos años con este proceso”.
Pero desde el Pacto Histórico también se pueden sacar réditos del llamado a juicio. El senador Cepeda celebró que la fecha coincida con el Día de las Víctimas, “con la demostración de que nadie, por muy poderoso que sea en Colombia, está por encima de la justicia”. En la misma línea, Pizarro dijo que el mensaje que debe quedar grabado en los colombianos es que en un día como lo es el 9 de abril que el país avanza en términos de justicia.
De acuerdo con algunas voces de la colectividad, el expresidente ya se le había “escurrido” a la justicia varias veces. “Ni siquiera se vio acorralado en 1991 cuando Estados Unidos lo enlistó como colaborador del narcotráfico”, dijo por ejemplo el senador Wilson Arias.
Pero más allá de esto, Cepeda dijo que, incluso, esta decisión podría ayudar a avanzar el acuerdo nacional a la que hacía referencia el presidente Petro antes de empezar a abogar por su idea de una Asamblea Constituyente. Según el congresista, en la medida en que se avance en los procesos de verdad, como los que implicaría el caso de Uribe Veléz, se puede caminar hacia la reconciliación. Incluso, dijo que, desde el punto de vista político, se podrían evaluar acuerdos con la contraparte.
Por su parte, dicen que el expresidente, que hace 24 horas celebraba el cariño que le brindaba la gente en Montería, se encuentra tranquilo. Hoy, cuando habló con algunos congresistas de su bancada, ni siquiera les mencionó el tema.
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