Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, oficialmente es el primer máximo mandatario en enfrentar un juicio penal en la historia del país. La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en su contra, lo que significa que el ente investigador buscará su condena por los delitos de soborno y fraude procesal. En este caso, por presuntamente manipular testigos para salir airoso de otras investigaciones en las que se lo vinculaba con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
¿Qué pasó?
La Fiscalía acudió ante la Rama Judicial y, con documento en mano, se comprometió como institución a lograr la condena de Álvaro Uribe Vélez. En ese escrito de acusación, la Fiscalía presentó una teoría clara del caso, que durante los próximos años sustentará ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. Es decir, intentará convencer a ese juez o jueza de que el expresidente es culpable y merece una sanción penal.
¿Una sanción penal? Es decir, ¿años de cárcel?
Sí. Según el Código Penal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrenta como máximo a una pena de 12 años de cárcel. Sin embargo, todavía tiene la posibilidad de allanarse a los cargos y obtener beneficios penales. O, incluso, el juez o jueza del caso puede examinar otras variables como la salud del expresidente o la necesidad de una medida tan restrictiva como la cárcel, y beneficiar a Uribe Vélez con la denominada casa por cárcel. Esto, desde luego, si es declarado culpable.
¿Culpable de qué?
Según la acusación de la Fiscalía, el expresidente Uribe habría intentado sobornar testigos “contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo”. El ente investigador tiene pruebas de que intentó manipular testimonios a través de terceros, como su exabogado Diego Cadena y el exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
Asimismo, antes de que el líder natural del Centro Democrático renunciara al Congreso, en 2020, la Corte Suprema de Justicia había abierto un caso en su contra que establecía diversos eventos de manipulación de testigos. Las pruebas recaudadas, para la Corte, establecían que Uribe habría utilizado abogados y terceros para intentar limpiar su nombre y enlodar, al mismo tiempo, al senador Iván Cepeda.
¿Qué tiene que ver Iván Cepeda?
El senador Iván Cepeda es víctima en el proceso. En el puro inicio de este caso, Uribe había denunciado a Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia encontró que, en realidad, el probable manipulador era el expresidente. En ese momento, en 2019, la alta corte abrió una investigación contra Uribe y lo llamó a indagatoria. Tuvo el caso en sus manos, hasta que, con la renuncia de Uribe al Congreso, en 2020, el expediente lo tomó la justicia ordinaria representada en la Fiscalía.
¿Y qué hizo la Fiscalía en estos cuatro años?
Intentar demostrar que Álvaro Uribe no cometió delitos. Y, como lo diría en algún momento el ente investigador entonces dirigido por Francisco Barbosa, probar que conductas que sí son consideradas delitos, “no puede ser atribuidas” al líder político. En extensas audiencias, en estos cuatro años, dos alfiles de Barbosa intentaron, ante jueces de la República, archivar el caso por falta de méritos: se trata de Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas. Todas las veces los jueces y magistrados se lo negaron y hasta regañaron a la Fiscalía por no investigar bien.
Y entonces la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, ¿sí ordenó que se investigara bien?
Camargo recién se posesionó el pasado 22 de marzo. Una vez investida como jefe del búnker, preguntó el estado de la investigación contra Uribe Vélez. El caso lo tenía desde el pasado 17 de enero el fiscal Gilberto Villareal, quien, antes de la llegada de Luz Adriana Camargo, ya había tomado la decisión de llamar a juicio al expresidente, según conoció El Espectador de fuentes cercanas al caso específico. De Camargo solo es posible decir que eligió la fecha en que se daría a conocer a la opinión pública la noticia.
Y hablando de fechas, ¿Cuándo prescribe el caso Uribe?
Los abogados penalistas Francisco Bernate y Juan José Castro coinciden en que los términos para que el caso quede archivado corren desde 2019, cuando la Corte Suprema llamó a Uribe a indagatoria. A partir de entonces, los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal tienen seis años para ser investigados o, de lo contrario, el caso se da por terminado. Es decir, el caso Uribe podría prescribir en 2025, en pleno juicio.
¿Qué esperar del juicio?
En el escrito de acusación, la Fiscalía anunció las pruebas con las que intentará lograr la condena de Uribe Vélez. Habrá, en principio, unas audiencias preparatorias y luego, durante el juicio, se descubrirán los siguientes elementos de prueba: los testimonios a su favor y en contra; videos que comprometan o salvaguarden su inocencia; documentos que refuercen o debiliten la hipótesis de la Fiscalía; la posición de las víctimas del caso; y el seguimiento de la Procuraduría.
¿Quiénes son los principales testigos?
Quizás en los últimos años ha escuchado el nombre de Juan Guillermo Monsalve. Se trata de un exmiembro de Los Rastrojos, preso por extorsión e hijo de un antiguo mayordomo de la familia Uribe. Monsalve ha asegurado que el expresidente fue clave en la creación del Bloque Metro y que el acusado ha intentado ofrecerle beneficios a cambio de callarse y de enlodar a Iván Cepeda.
Además, entre los testigos clave está Deyanira Gómez, expareja sentimental de Monsalve. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un exparamilitar que ha sostenido haber recibido $50 millones por parte del abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, para favorecer al exmandatario. También podría ser llamado el mismo Cadena, sin embargo, este último está en la fase final de su propio juicio por los mismos hechos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más