Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Corte Suprema de Justicia acaba de cerrar el expediente judicial en contra del periodista Miller Rubio Orjuela. El alto tribunal no casó el recurso extraordinario de casación que presentó el comunicador, luego de que dos instancias judiciales lo encontraran culpable del delito de concierto para delinquir. La ratificación de la condena en su contra se conoció este miércoles 20 de agosto y deja en evidencia que Rubio utilizó su papel como periodista para favorecer los intereses del condenado esmeraldero Pedro Nel Rincón, más conocido como Pedro “Orejas”.
Según el fallo del alto tribunal, en 2008 Miller Rubio se convirtió en un integrante más de la organización ilegal del esmeraldero, dedicada, según la Corte, a cometer homicidios, desapariciones forzadas, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, con presencia y operación en Boyacá. Un esquema criminal encaminado a “mantener control territorial de la zona esmeraldera, manejar negocios ilícitos y enfrentar clanes y/o familias enemigas de similar dedicación”. En medio de esas operaciones oscuras, Rubio terminó siendo un colaborador más.
Lo que confirmó la Corte es que Rubio prestó una “colaboración efectiva al objeto del colectivo criminal a fin de esconder, a través de informes periodísticos contrarios a los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad e interés público, los delitos de la agrupación”. La investigación de la Fiscalía demostró que el periodista, en varias oportunidades, fue enlace de la organización de Pedro “Orejas”, no solo para contactarlo con funcionarios públicos, sino para crear una “estrategia comunicacional” a favor del condenado narcotraficante y esmeraldero.
Las pruebas que llevaron a esta conclusión a la justicia fueron, en esencia, decenas de horas de grabaciones que la Fiscalía realizó a las comunicaciones de “Orejas”, condenado en Colombia por homicidio agravado, y en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En ellas, por ejemplo, quedó en evidencia que Miller Rubio realizó varios informes para el noticiero CM& en los que planteó la hipótesis de que un arsenal de armas incautadas, según la Fiscalía, de propiedad de “Orejas”, en realidad era un montaje en contra del esmeraldero.
Lo que encontró el ente investigador es que Rubio intentó culpar a un coronel del Ejército para desviar la atención de Pedro “Orejas” y su organización. Desviar la atención del hallazgo de la caleta no fue la única misión del periodista, que también se encargó de adelantar gestiones para recuperar la licencia de las armas que les habían sido retiradas a hombres de seguridad del esmeraldero. Para ello, se lee en el fallo, Rubio gestionó una reunión con el entonces superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Felipe Muñoz, quien tenía la autoridad para devolver ese permiso.
El exfuncionario relató durante el juicio que le pareció sospechoso el interés del periodista en defender ese licenciamiento a favor de un hombre como Pedro Nel Rincón, pues él mismo había denunciado el uso indebido de armas en poder de varios esmeralderos. Muñoz relató que, en un comienzo, Rubio le pidió una reunión en el marco de una investigación que adelantaba sobre el licenciamiento de armas, pero que luego fue evidente que estaba intercediendo a favor de “Orejas”. Como aclaración, el exsuperintendente fue claro en que sabía de las andanzas del esmeraldero.
Muñoz explicó que, para la época, en el occidente de Boyacá había más de 100.000 hombres conformando departamentos de seguridad para custodiar a 45 empresarios del sector y que todos estaban siendo investigados. Encontró así que muchas de las armas de estos grupos de seguridad iban a parar a personas que no debían como el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, la condenada empresaria Emilce López y otros paramilitares —con quienes los esmeralderos habían hecho una alianza para reforzar su seguridad e impedir que la guerrilla ejerciera control en la zona—.
Por esos motivos, el exsuperintendente Muñoz ordenó la cancelación de al menos 300 licencias incluidas las de la compañía Gemacol, que era propiedad de Pedro Nel Rincón. Para la justicia, estos hechos fueron una prueba más de que Miller Rubio puso su ejercicio profesional a favor de una organización criminal y de un hombre condenado por haber asesinado a Miguel Pinilla, el escolta de su excuñado, a quien la justicia ya probó que el mismo Rincón le disparó en 12 ocasiones el 1° de mayo de 2008. Dos balas desfiguraron su cara y las 10 más el resto de su cuerpo.
Para la Corte Suprema de Justicia, es claro que Miller Rubio fue más allá de su ejercicio de periodista y puso al servicio de una organización ilegal una profesión amparada por una especial protección. El alto tribunal explicó que lejos de tratarse de un proceso que trató de criminalizar la actividad periodística o restringir el derecho a la libertad de prensa y o al de información, Rubio actuó como parte de un organigrama criminal al servicio de un asesino y narcotraficante de la talla de Pedro “Orejas”, considerado como uno de los jefes más violentos del negocio de las esmeraldas
Con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, la Sala de Casación Penal del alto tribunal, con votación unánime, fue fulminante en sus consideraciones. Por ejemplo, expuso que “no es admisible, bajo la Constitución y las leyes colombianas, que un periodista oficie como propagandista o asesor de comunicaciones de una organización criminal para dedicarse a minimizar, a esconder o a disimular sus actividades delictivas para obtener beneficios económicos o jurídicos para la organización”.
Y agregó que “Miller Rubio fue más allá de su ejercicio profesional, desbordó los límites de la protección constitucional de su oficio, al haberse dedicado como periodista de un reconocido y prestigioso noticiero de televisión a, literalmente, fabricar noticias falsas en una actividad que incluyó el diseño de una ‘estrategia comunicacional’ que implicaba inventarse fuentes, libretear las declaraciones, difundirlas en televisión y presionar a autoridades para favorecer a una organización criminal, todo ello en desmedro de los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad e interés público”.
Esta decisión de la Corte Suprema se conoce casi cinco años después de que un juzgado de Bogotá condenara, en primera instancia, al periodista. Luego, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo. Ahora, con esta decisión del alto tribunal, las autoridades tendrán que verificar si ya cumplió con la sentencia que puso en evidencia cómo Miller Rubio puso su nombre y trayectoria profesional de 25 años al servicio de un criminal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más