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Tuvieron que pasar tres años y siete meses para que avanzara la investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos. Luego del paso de casi una administración entera de la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, el expediente judicial en contra del expresidente tuvo este 9 de abril un brusco viraje que vuelve a enrutar la investigación al camino que había trazado la Corte Suprema de Justicia en 2018: la posible responsabilidad del exmandatario en una estrategia criminal que, a cambio de dinero y otras utilidades, buscó que testigos de la justicia mintieran o callaran la verdad sobre los presuntos vínculos de Uribe, y su hermano, Santiago Vélez, con grupos paramilitares de Antioquia.
La primera decisión de alto calibre para la fiscal Luz Adriana Camargo
El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, presentó ayer el escrito de acusación en contra del exprimer mandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En plata blanca, ese procedimiento penal significa que la Fiscalía está lista para llevar a juicio penal a un expresidente. Un hecho histórico y sin antecedentes en Colombia. La decisión para el expediente Uribe Vélez es el primer anuncio grueso de la administración de Luz Adriana Camargo, quien apenas cumple tres semanas a la cabeza del búnker. La fiscal general llegó al empalme con sus fiscales y, según fuentes del ente investigador, el propio Villarreal anunció que estaba listo para llamar a juicio a Uribe.
El fiscal del caso es el cuarto en tener el expediente en sus manos. En un documento de 13 páginas, Villarreal condensó las pruebas y hechos en el escrito de acusación que ya están en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. Ante esta instancia, la Fiscalía acusará formalmente al expresidente para que, de esa manera, empiece el juicio que, en todo caso, tiene una etapa previa en la que las partes mostrarán y definirán todas las pruebas que tienen para, de un lado, probar la inocencia de Uribe o, por el contrario, su culpabilidad. Mientras eso sucede, el escrito de acusación ya tiene pistas de hacia dónde se inclinará la Fiscalía en los siguientes meses.
Las evidencias de la Corte Suprema de Justicia
De entrada, lo que queda claro es que el fiscal Villareal retomó toda la investigación de la Corte Suprema que la Fiscalía de Barbosa trató de desvirtuar. Puntualmente, lo hizo en dos ocasiones, en marzo de 2021 y julio de 2022, con escritos de preclusión, en los que pidió que el caso fuera archivado porque consideró que no había indicios suficientes para investigar a Uribe. En esas dos oportunidades, las jueces del caso explicaron que los fiscales no habían investigado lo suficiente, que había pruebas que no había tenido en cuenta e, incluso, que uno de los investigadores, Javier Cárdenas, había manipulado una evidencia.
Ahora, lo que hizo la Fiscalía fue retomar todas las pruebas y hechos con los que la Corte había dicho, en 2020, que existía mérito para investigar al expresidente. Por ejemplo: les dio toda la credibilidad a las evidencias que mostrarían que el abogado Diego Cadena consiguió testimonios falsos a favor de Uribe, a cambio de dinero y otros favores. Para el ente investigador, Uribe determinó a Cadena, con instrucciones precisas, para que, “directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente”. Lo anterior, dice el escrito de acusación, indujo al error a la Corte Suprema.
El papel de Diego Cadena
El abogado Cadena, quien siempre ha insistido en su inocencia, ya está en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno, y ya fue sancionado y su tarjeta profesional fue suspendida. Lo que encontró el alto tribunal en su investigación y ahora retoma la Fiscalía es que Cadena vistió cárceles para lograr que exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, se retractara de los testimonios que había dado a la justicia sobre los presuntos lazos de los Uribe con grupos paramilitares. Monsalve no fue el único al que Cadena contactó a favor del expresidente. La Fiscalía, tal y como lo había dicho la Corte en 2020, señaló que el abogado hizo acercamientos similares con exparamilitares como Carlos Enrique Vélez, Faunes Barahona, John Cárdenas, Harlintont Mosquera y Euclides Torres.
Al aparecer, Cadena logró lo prometido y todos ellos enviaron cartas o evidencias para interceder a favor de Uribe y esas pruebas terminaron llegando a la Corte Suprema, por lo que el fiscal Villarreal insiste en que el expresidente habría inducido al error al alto tribunal. “La Fiscalía estima que el imputado, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá, y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas”, puntualizó el ente investigador en la acusación.
Lo que ahora sostiene la Fiscalía es opuesto a lo que dos fiscales de la administración Barbosa explicaron en las peticiones por cerrar el proceso. Por ejemplo, Gabriel Jaimes Durán, el entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, sostuvo que todo lo que hizo el expresidente en relación con la consecución de esos testimonios fue legal. “Álvaro Uribe Vélez apremiado por los hechos judiciales del año 2017 y 2018 resolvió canalizar las pródigas informaciones que le llegaban por diversas fuentes y asumirlas con un trabajo de verificación en la fuente y así, en ejercicio de sus derechos, respaldar su defensa en los estrados judiciales”, explicó Jaimes.
Para la Fiscalía, Uribe abusó de su posición política y económica
Sin embargo, para el fiscal Villareral, la realidad sería otra. “Contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones contra él y su hermano”, dice el escrito de acusación. Además, la Fiscalía sostiene que, para lograrlo, Uribe abusó de “la posición distinguida que ocupaba en la sociedad por los cargos que ha ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política”.
Al cierre de esta edición, el expresidente no se había pronunciado sobre su llamado a juicio. Pese a que la Fiscalía de Barbosa insistió durante tres años y siete meses que no había cómo avanzar en la investigación, ahora la administración Camargo Garzón muestra otra opción, tal y como lo había dicho la Corte Suprema y otros cinco jueces (dos juezas y tres magistrados), que siempre cuestionaron la petición de cerrar el caso. Aunque la decisión de acusar al expresidente se convierte en el movimiento más importante del caso en años, ahora la expectativa está en si la Fiscalía y las víctimas logran avanzar en el caso y evitan la prescripción que se estima será en agosto de 2026. El reloj ya corre en su contra.
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