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El Dolutegravir es un medicamento clave para el tratamiento de más de 140.000 colombianos que viven con VIH. Un frasco de 30 píldoras de 50 mg cuesta alrededor de $400.000, un valor que equivale casi el 30% del salario mínimo. Si puede ser difícil para alguien acceder a él, imagine las dificultades que puede enfrentar una persona migrante, irregular, sin aseguramiento en salud y sin trabajo.
Desde 2015, Colombia se ha convertido en el lugar de llegada de millones de migrantes provenientes de Venezuela. Sin regularización, no tienen acceso al sistema sanitario (más allá de las urgencias), y sin eso, no hay cubrimiento ni garantía de medicamentos como Dolutegravir. ¿Cómo impactó eso el tratamiento del VIH? Esa es una pregunta, entre otras, que intentó responder en un estudio que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista The Lancet, liderado por un equipo de investigadores colombianos y estadounidenses.
En su trabajo, el grupo realizó un diagnóstico de la infección por VIH y sífilis y su cuidado entre migrantes y refugiados de Venezuela en Colombia. Lo lideraron Andrea L. Wirtz, científica de la Universidad Johns Hopkins y Red Somos, contando con epidemiólogos, salubristas, médicos, profesionales de las ciencias humanas y comunitarios, entre los que se encontraba el colombiano Miguel Ángel Barriga Talero, quien además es director ejecutivo de Red Somos, una organización social que trabaja por la salud sexual, la diversidad y el fortalecimiento comunitario de la comunidad LGBTI y migrantes en Colombia.
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“¿Cuál es el mensaje principal de este estudio? Que esto no puede ser una cuestión de nacionalidad, sino que el Estado tiene que apuntar a una respuesta integral al estado de salud de todas estas personas”, comienza diciendo Barriga.
La investigación reclutó a 6.506 personas entre el 30 de julio de 2021 y el 5 de febrero de 2022. Todas eran venezolanas de 18 años o más que habían llegado a Colombia desde 2015 y que residían en cuatro ciudades (Bogotá, Soacha, Soledad y Barranquilla). A todas ellas se les hizo una encuesta y pruebas rápidas de detección del VIH y sífilis, seguidas de pruebas confirmatorias en laboratorio, recuento de células y cuantificación de su carga viral.
Entre los hallazgos principales, los autores confirmaron el diagnóstico de VIH de 71 personas. Después de ponderarla, esa cifra permitió estimar que la prevalencia de esta infección entre refugiados y migrantes venezolanos en esas cuatro ciudades fue del 0,9%, más alta que la de la población colombiana, estimada en 0.5 %.
A nivel nacional, los investigadores apuntan a que en el país podrían estar viviendo 22.298 migrantes y refugiados venezolanos con el VIH, en línea con el aumento de diagnósticos que también reporta el Ministerio de Salud (410 casos en 2018; 907 en 2019; 401 en 2020; 448 en 2021; y 615 casos en 2022).
Pero esa prevalencia de 0.9% es diferente en cada ciudad. Mientras en Bogotá fue de 0,8 %, en Soledad y Barranquilla fue de 1,2 %. “Hablamos de epidemia concentrada cuando superamos el 1 por ciento. Es decir, esto sugiere, si ese 1.2 % es absoluto, que resulta importante darle atención a estos datos para tomar decisiones en salud pública para la prevención, la atención y tratamiento de VIH en población migrante venezolana como parte de la respuesta nacional”, afirma Barriga.
Ahora, como la investigación realizó encuestas, fue posible detallar ese dato. Así saltaron a la vista por lo menos dos conclusiones: en primer lugar, esta prevalencia no se explica por un comportamiento sexual de alto riesgo, pues más del 90% de las personas encuestadas manifestó haber tenido relaciones sexuales alguna vez con una mediana de 1 pareja sexual en el último año, lo que quiere decir que la mayoría de las personas están en relaciones monógamas.
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En segundo lugar, el estudio explica que este dato tampoco se debe a migración específica de personas viviendo con VIH a Colombia, pues menos de la mitad de quienes fueron confirmados con ese diagnóstico sabían de él en Venezuela. Entonces, la otra mitad probablemente adquirió la infección viviendo en Colombia. Esto probablemente se atribuya a la imposibilidad de acceder a las pruebas del VIH y a los servicios preventivos a través del seguro y la falta de información.
“No podemos hablar ya de dos tipos de ciudadanos. Ya están acá haciendo una vida y la respuesta del Estado colombiano debe apuntar a generar acciones de prevención y cuidado que incluyan a migrantes y refugiados indistintamente de su estatus”, agrega Barriga.
La investigación también revela las limitaciones de la respuesta del Estado frente a esta realidad.
Una alerta inmediata
En marzo de 2021, el Estado colombiano adoptó el Estatuto Temporal de Protección, una medida con la que aún busca regularizar a millones de migrantes y darles garantías de salud, educación y trabajo. Casi simultáneamente se desarrollaba el estudio de Wirtz y sus colegas que, además, encontró que la alta prevalencia de VIH en esta población migrante y refugiada está más atribuida a retos en acceso a servicios de prevención, pruebas, cuidado, y tratamiento. Prueba de ello, por ejemplo, es que solo el 36% de las personas diagnosticadas tenían cargas virales suprimidas del virus en el momento de la investigación.
¿Qué quiere decir esto? Medicamentos como Dolutegravir reducen la cantidad de virus que hay en la sangre. La pueden bajar tanto como a menos de 200 copias de VIH por mililitro de sangre. En ese nivel, se controla la infección en la persona, que puede vivir sana y con una vida completamente normal. También se reduce el riesgo de infectar a otros. La supresión viral se puede lograr en un plazo de hasta seis meses, pero depende, exclusivamente, de que las personas tengan acceso a los medicamentos.
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Que los investigadores hayan encontrado una proporción tan baja de migrantes y refugiados diagnosticados con VIH en supresión, muestra retos de acceso a tratamiento. De hecho, ese es principal llamado de las científicas Andrea Lilian Boccardi Vidarte y Patricia Bracamonte Bardález, quienes no participaron del estudio, pero sí lo comentaron en una pequeña reseña en The Lancet.
Afirman que si el gobierno colombiano “(…) no toma medidas urgentes para proporcionar un acceso igualitario y sostenible a los regímenes basados en Dolutegravir para todas las personas que viven con el VIH dentro de las fronteras de Colombia, independientemente de su estatus migratorio, el sistema de salud corre el riesgo de una mayor morbilidad por infecciones oportunistas, mortalidad por SIDA y la necesidad de servicios de emergencia”. Mientras la terapia antirretroviral no tenga una cobertura adecuada, advierten, la transmisión del VIH no se mitigará.
Es un llamado que también han hecho organizaciones como la ONU y la OMS que a principios de esta década se plantearon un objetivo que denominaron “90-90-90″ para 2030, año en el que esperan terminar con la epidemia de VIH. Básicamente, se busca que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico; que el 90% reciban terapia antirretrovírica continuada; y que el 90% de quienes reciben terapia antirretrovírica, tenga supresión viral. Según la ONU, en Colombia el progreso con corte a 2021 de esas metas fue de 78-75-66, respectivamente.
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“La brecha es muy grande y se asocia a que el 71% de las personas que participaron de nuestro estudio estaban en el momento de la investigación, en estado irregular, es decir, sin acceso a servicios de salud. Eso para nosotros explica por qué las personas con estatus migratorio irregular tuvieron un 70% menos de probabilidades de supresión vírica del VIH que las personas con estatus migratorio regular”, agrega Barriga. Para contribuir al acceso de esos tratamientos, y en especial de Dolutegravir, la farmacéutica ViiV Healthcare (dueña de su patente) ha accedido a permitir licencias voluntarias en países de ingresos medios y bajos, pero lastimosamente Colombia no es uno de ellos.
Uno de los caminos que quedan, señalan Boccardi y Bracamonte en su comentario en The Lancet, es que los Estados emitan licencias obligatorias para garantizar el acceso a versiones asequibles de medicamentos patentados. Esta autorización lo que hace es permitir la fabricación de versiones genéricas (de igual calidad, pero más baratas para quienes la necesitan) de esos medicamentos sobre la base del interés de salud pública. Países como Ecuador y Brasil ya lo han hecho para el caso de Dolutegravir y, coincidencialmente, Colombia acaba de iniciar un proceso que podría, en el mediano plazo, conducir a la misma medida. De hecho, el Ministerio de Salud expidió el pasado 2 de junio la resolución 881 de 2023 en la que comenzó el procedimiento administrativo para hacerlo.
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