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El pasado 15 de agosto, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro le ordenó a su ministro de las TIC, Julián Molina, que adelantara la licitación del manejo de Canal 1, actualmente en manos de Plural Comunicaciones.
Según el mandatario, había “irregularidades” en cómo se estaba manejando la concesión, lo que daba pie para que se anulara el contrato vigente hasta mayo de 2037 y se iniciara un nuevo proceso de licitación.
Sin embargo, voces del gremio han considerado esta propuesta como un ataque a la libertad de prensa y a la democracia del país. Tal es el caso de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), que este miércoles emitió un comunicado en el que rechazó de manera tajante esta decisión por parte del Ejecutivo.
En el comunicado, la asociación reiteró “su llamado al respeto por la democracia, la libertad de prensa y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a información plural, veraz e independiente”. De la misma manera, aseguró que los medios “no son adversarios” del Gobierno, sino que “cumplen la función esencial de vigilar al poder y garantizar que la sociedad pueda tomar decisiones con base en información confiable y contrastada”.
Finalmente, la AMI aclaró que, de hacerse efectiva la orden que adelantaría la licitación, tendría que cumplirse de acuerdo con el marco normativo vigente, “garantizando su transparencia y los derechos adquiridos por actores de buena fe”.
Los argumentos del Gobierno
La propuesta de adelantar la licitación se basaba en dos argumentos que ni el Presidente ni el ministro de las TIC explicaron a profundidad durante el consejo. El primero tenía que ver con un cambio en la composición accionaria de Plural Comunicaciones sin la previa autorización del Ministerio.
Para el Ejecutivo, una de las “irregularidades” consistía en que la empresa no reflejó este cambio con una actualización del Registro Único de Operadores (RUO), lo que constituiría una falta que podría dar pie a la terminación del contrato.
En segundo lugar, se mencionó otro incumplimiento por un acuerdo que Plural hizo con el Grupo Prisa para la comercialización conjunta de publicidad y el intercambio de contenidos.
No obstante, ambos argumentos fueron desestimados por la empresa, que además consideró estar siendo víctima de un “matoneo sistémico” por parte del Gobierno.
Un ataque a la libertad de prensa
El llamado de la AMI a respetar el marco jurídico no se sustenta únicamente en la libertad de prensa, sino también en el hecho de que, de realizarse una medida como esta sin un sustento sólido, el Gobierno podría enfrentarse a una millonaria indemnización en el futuro.
Ante tal escenario, es incierto cuál será el siguiente paso en la disputa por la licitación. Por eso, la AMI concluyó su mensaje con un llamado al diálogo, en lugar de sembrar dudas sobre los medios de comunicación.
“Hacemos un llamado para que, en lugar de fomentar divisiones, se promuevan diálogos constructivos para el momento que atraviesa el país, el cual exige responsabilidad y grandeza para reconocer que la libertad de prensa no es un privilegio de los medios, sino un derecho de la sociedad entera. Solo con pluralidad, transparencia y respeto será posible construir el país democrático y en paz que todos anhelamos”, concluyó la Asociación.
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