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Los recientes despidos de profesores en la Universidad del Rosario levantaron las alertas entre miembros de la comunidad académica que alzaron su voz de protesta porque dicen que la universidad se está “haciendo el harakiri”. La reputación de un centro educativo está determinada, en buena medida, por la calidad de los profesores que dan clases ahí.
Por eso, las repetidas decisiones de las directivas del Rosario de deshacerse de sus mejores y más destacados docentes, como la reconocida internacionalista Arlene Tickner o el muy citado jurista Manuel Quinche, impactan directamente la calidad que ofrecen sus programas. Los aspirantes interesados, a pesar de haber sido admitidos, deciden matricularse en otra universidad con costos similares y mejores profesores.
Desde la semana pasada está circulando una carta abierta a las directivas de la universidad en la que miembros de la comunidad rosarista le exigen a la rectoría que haga públicos los estados financieros desagregados y explique las enormes inversiones en infraestructura que llegan en un momento de baja en las matrículas. Desde hace algunos años, el Rosario ha comprado varios edificios en el centro y norte de Bogotá, como el histórico edificio del periódico El Tiempo ubicado en la esquina de la carrera séptima y la avenida Jiménez. Sin embargo, el número de estudiantes matriculados viene cayendo y, como consecuencia, también las finanzas de la universidad.
El Espectador tuvo acceso a los estados financieros y le pidió a varios exfuncionarios que conocen la universidad que analizaran las cifras, quienes lo hicieron con la condición de no mencionar sus nombres. Todas las conclusiones apuntan en el mismo sentido: el Rosario no está quebrada, pero está muy grave. Según el boletín estadístico que publica todos los años el centro educativo, las matrículas se redujeron en un 53% entre 2018 y 2019, pues pasó de 4.350 a 2.039 matriculados. Esa reducción fue particularmente notoria en la Facultad de Jurisprudencia, una de las más prestigiosas del país, que pasó de tener 456 matriculados en pregrado en 2018 a solo 146 el año siguiente. Algo similar pasó en la Facultad de Ciencias de la Salud, que pasó de 656 en 2018 para pregrado y en 2019 fueron solo 226.
La caída de las matrículas llegó incluso antes que la pandemia. En 2020, el año del aislamiento, la universidad presentó mejores cifras, pues tuvo 3.721 estudiantes entre pregrado y posgrado, frente a los 2.039 que tuvo en 2019. Pero en 2021, el año de la reactivación, los números volvieron a caer porque en pregrado solo se matricularon 826 estudiantes y 1.971 en total, sumando posgrado.
Según los expertos consultados, el ebitda (excedentes antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos) de la universidad se redujo tanto que en 2023 apenas se obtuvo el 17% de los resultados de 2017, calculando esa cifra a valores constantes de ese año de referencia. El Rosario tuvo su mejor año en 2018, cuando el ebitda superó los 44.000 millones. Eso quiere decir que la universidad estaba generando excedentes operacionales que le permitían invertir en docencia e investigación, garantizar su operación, hacer inversiones en infraestructura y alejarse de la deuda. En 2023, el ebitda del Rosario fue de 9.355 millones, que expresados en valores constantes de 2017 equivaldría a 6.625 millones. La reducción de ese importante indicador entre su mejor año y el pasado 2023 fue del 85%.
Ebitda de la
Universidad del Rosario
Cifras en millones de pesos, expresadas a valores constantes de 2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
36.403
44.065
43.239
22.572
29.200
15.229
6.625
En respuesta a una solicitud de información enviada por este diario, las directivas informaron que en el primer bimestre del 2024 ya se registró un ebitda de $9.754 millones, mayor que el de todo el 2023, pero no entregaron los reportes de la cantidad de estudiantes matriculados en 2023 ni se han publicado en la página web de la institución.
A pesar de esa incapacidad de generar suficientes ingresos, la rectoría mantuvo y hasta redobló sus inversiones en infraestructura, comprando edificios y adecuándolos, aunque cada vez tenía menos estudiantes para ocuparlos. Una de las explicaciones que la comunidad rosarista le pide en su carta a las directivas es una justificación de la compra de edificios, la eficiencia en el uso de estos y un reporte del manejo inmobiliario. Por ejemplo, el edificio Amarey, ubicado en la autopista norte con calle 94, costó más de 50 mil millones y allí solo funcionan algunos programas de posgrado de la facultad de Administración, un restaurante y un espacio para eventos.
Según varias fuentes que trabajaron en la universidad y la conocen bien, pero pidieron reserva de su identidad para explicar el tema, esas cifras indican una situación financiera cercana a la iliquidez que no se había visto en la historia del Rosario. Algunos incluso mencionaron que el rector recibió advertencias de que continuar el plan de inversiones en infraestructura en un contexto de bajas matrículas llevaría a una situación como esta. También le recomendaron que mantuviera a la universidad en cero deuda, pero en este momento el Rosario debe cerca de $120 mil millones a los bancos.
¿Conflictos de interés?
El 2018 fue un año particular para la Universidad del Rosario. Con el triunfo de Iván Duque en las elecciones de ese año, el electo presidente nombró a José Manuel Restrepo en su gabinete. Restrepo tuvo que renunciar a su puesto como rector. Poco después, el colegio elector, compuesto por colegiales (15 estudiantes seleccionados en sus facultades y apoyados por sus decanos por sus “valores rosaristas”) y la consiliatura (la junta directiva de la universidad, conformada por cinco personas de “reconocida integridad”) consideró las hojas de vida de los aspirantes al cargo más importante en la universidad: la rectoría.
Entre los posibles candidatos había tres consiliarios; es decir, eran al tiempo electores y elegibles: Víctor Hugo Malagón, Andrés López y Alberto Ferguson. Este último, médico psiquiatra de mucha trayectoria en la universidad, renunció a su aspiración y se sumó a la del decano de administración, Alejandro Cheyne. Malagón renunció a su puesto en la consiliatura para no inhabilitarse en futuras elecciones a rector y López mantuvo su candidatura y fue llamado a votación, pero se le suspendió la calidad de consiliario. En esta ocasión, el colegio elector solo tuvo cuatro miembros de consiliatura y los quince colegiales. Cheyne obtuvo los votos de los cuatro consiliarios y de nueve colegiales.
En esa elección de 2018 participó el colegial de Administración Sebastián Giraldo Luque, quien previamente fue apoyado en su aspiración a la colegiatura por el decano Cheyne. Tras la elección de Cheyne como rector del Rosario, Giraldo pasó a ser director del programa de administración de negocios internacionales, del que se había graduado apenas meses antes. En su trabajo de grado, Giraldo agradeció especialmente al rector Cheyne, “por ser padrino, mentor, líder y amigo excepcional”. En esa tesis lo acompañó Natali Maldonado, otra colegial electora que luego fue contratada en la universidad.
Para ningún rosarista es un secreto que el rector Cheyne sostiene una relación especialmente cercana con los colegiales que mantiene incluso después de que se gradúan y pierden cualquier función electora. Son comunes las invitaciones a navegar en su velero en el embalse de Tominé, al norte de Bogotá, en donde, además de formarlos en navegación, les da una charla sobre liderazgo y emprendimiento.
Varios de los colegiales que participaron en la elección de Cheyne fueron luego contratados por su administración. Al ser consultada por esas contrataciones, Catalina Lleras, exsecretaria general, explicó que durante su paso por esa dependencia no se vinculó a ningún colegial activo, y que los que fueron contratados lo fueron después de terminar sus estudios y se ubicaron en cargos bajos y medios con salarios de profesional recién graduado. Sin embargo, El Espectador pudo confirmar que Sebastián Giraldo, uno de los electores de Cheyne, fue nombrado director de programa por instrucción del rector, a pesar de no cumplir el perfil requerido, según el manual descriptivo del cargo.
Al mismo tiempo, en la consiliatura quedaron dos cargos vacantes que fueron ocupados por profesores subordinados de Cheyne. Una de las principales funciones de la consiliatura es nombrar al síndico, la persona que se encarga de administrar los bienes y rentas de la universidad. Su selección depende de ese órgano precisamente para garantizar independencia frente al rector. Sin embargo, el síndico que venía de la administración anterior, Miguel Diago, una persona que recibió elogios de sectores muy diversos de la comunidad rosarista, presentó su renuncia por diferencias con Cheyne. En su lugar, la consiliatura eligió a un síndico que ha sido caracterizado por múltiples fuentes como un “yes-man”, una persona que no le dice que no a los deseos del rector.
Otro de los posibles conflictos de interés viene de una organización aliada, pero externa. Desde que Roberto Arias Pérez, el fundador de Colsubsidio, fue rector del Rosario entre 1986 y 1990, la universidad mantiene participación en la empresa y tiene derecho a varios asientos en su junta directiva. Elegir rector del Rosario es también elegir parte de la junta de la caja de compensación. Alejandro Cheyne tiene un asiento entre los directivos y Álvaro Salcedo, consiliario y secretario general de Colsubsidio, es su subordinado.
Para zanjar ese conflicto de interés, la rectoría de José Manuel Restrepo presentó en 2018 una reforma estatutaria que fue aprobada por el Ministerio de Educación en la que se incluye un artículo sobre inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de la consiliatura para contratar con la universidad. Allí se establece que la universidad promoverá buenas prácticas de gobierno corporativo, como no vincular con contrato laboral ni civil a miembros de la consiliatura, pero se incluyen dos excepciones clave: una para las vinculaciones académicas y otra para “las alianzas estratégicas celebradas con entidades”, como la que existe con Colsubsidio.
Gracias a esa excepción de las vinculaciones académicas de la inhabilidad para contratar con la universidad, dos profesores, subordinados del rector, quedaron nombrados en la consiliatura y entraron a hacer parte del colegio elector, que selecciona a los nuevos colegiales. Este diario pudo confirmar con dos fuentes que trabajaron en la administración de Cheyne, y que pidieron reserva de su identidad, que al día siguiente de su primera posesión en 2018, el rector reunió a su equipo y le dijo que a partir de ese momento debían empezar a trabajar por su reelección. Por su parte, Catalina Lleras, quien fue secretaria general, aseguró que nunca le escuchó decir eso en el tiempo en que estuvo en ese cargo.
La reelección finalmente sucedió en agosto de 2022 y fue más protocolaria que de costumbre. Estudiantes de la universidad manifestaron en redes sociales su rechazo frente a un proceso de selección de rector en el que el único candidato era el mismo Cheyne. Una circunstancia extraña teniendo en cuenta que la rectoría del Rosario es un puesto muy apetecido, entre otras, porque trae consigo un sueldo que ronda los 90 millones de pesos.
¿Nueva y veterana?
De acuerdo con Catalina Lleras, la universidad necesita repensar su gobernanza para que se ajuste a los principios del buen gobierno corporativo. “Yo estoy convencida de que la universidad de hoy no puede seguir manejándose con el modelo establecido hace 370 años. Esto va más allá de esta rectoría”, dijo.
Entre las fuentes consultadas, hay escepticismo frente a la estrategia del rector para aumentar las matrículas. El Rosario ha estado abriendo programas curriculares orientados a nuevos públicos, como el pregrado en e-sports management o las nuevas facultades de emprendimiento y de creación. Para algunos exfuncionarios del Rosario, abrir programas y nuevas facultades implica un gasto enorme que debe estar bien planeado para recuperar la inversión. Mientras los nuevos programas florecen, las disciplinas tradicionales sufren el rigor de los recortes. Los despidos son frecuentes en jurisprudencia, economía y ciencias humanas, no solo de profesores, sino también de administrativos.
Este diario conversó con el director de uno de los programas del Rosario quien explicó, a cambio de proteger su identidad, que los recortes administrativos han ocasionado demoras en los procesos académicos, como las prácticas, las presentaciones de tesis e incluso los pagos a proveedores. Además, el presupuesto de viajes se ha reducido a su mínima expresión para los profesores y estudiantes.
Esto contrasta con los estados financieros, que muestran que, entre 2021 y 2022, los gastos de viaje pasaron de 1.664 millones a más de 5.900, mientras que los de restaurantes aumentaron de 1.902 millones a más de 3.900 en ese mismo periodo. El Espectador le pidió una entrevista con el rector Cheyne para hablar sobre estos gastos y las acusaciones de conflictos de interés en su elección, pero no pudo concretarse debido a que el rector se encontraba cumpliendo con su agenda internacional en España.
Entre la comunidad rosarista hay opiniones divididas sobre cuál es el camino para salir de esta crisis, pero todos apuntan a que es necesario revisar el sistema de elección del rector para blindarlo de los conflictos de interés que hay alrededor. El Ministerio de Educación confirmó que está al tanto de las denuncias de despidos injustificados, pero aclaró que esa competencia es de la cartera de Trabajo. Sin embargo, tiene programada una visita a la universidad la próxima semana para revisar los asuntos de su competencia. Las directivas de la universidad han explicado que los despidos sin justa causa representan menos del 1% del total de desvinculaciones de este año. Por lo pronto, el rector Cheyne volverá a medirse en las urnas del Rosario para una nueva reelección, la última a la que puede aspirar, en agosto de 2026.
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Por David Riaño Valencia
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