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El Gobierno de Estados Unidos se encuentra en negociaciones para adquirir un 10 % de participación en Intel, el gigante de fabricación de microprocesadores, que actualmente tiene una valoración de mercado que orbita los US$100.000 millones.
Parte de la justificación de esta movida es el papel crítico que esta tecnología juega, no sólo para la propia industria, sino también para sectores como el de defensa: al final de cuentas, los chips y los desarrollos que estos soportan (inteligencia artificial es sólo uno de ellos) son la columna vertebral de sistemas avanzados de armamento, como misiles, satélites de reconocimiento y algoritmos de organización logística en el campo de batalla, por mencionar apenas unos ejemplos.
No es la primera vez que un gobierno busca involucrarse en algunos negocios. La jugada más reciente de este tipo fue el rescate de la industria automotriz de Estados Unidos durante la crisis financiera global de 2008-2009.
Lo que salta a la vista en el escenario actual es que no hay una crisis de ese calado en el panorama y, si bien Intel está bajo el fuego de una competencia salvaje por parte de rivales como Nvidia, AMD o TSMC, la compañía no enfrenta un hundimiento inminente, ni una amenaza fundamental a su existencia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos por partes.
Política comercial, más allá de los aranceles
Los procesadores se han convertido en una de las líneas de fractura más claras en la relación entre EE.UU. y China, la otra superpotencia que reta al dominador clásico en terrenos como la expansión militar, pero también el avance tecnológico (cuando no es que las dos cosas son una sola).
En un terreno cada vez más fangoso se encuentran nombres como TSMC, uno de los principales fabricantes de chips del mundo, y asuntos espinosos como la existencia independiente de Taiwán, un territorio que China sigue viendo como parte de su propia soberanía.
De hecho, la existencia y peso del fabricante de chips es vista como uno de los mayores contrapesos a la idea de una eventual invasión china a Taiwán, pues una porción nada despreciable de compañías de diversos países depende de los procesadores que salen de esa isla, justamente.
De ahí que varios gobiernos estadounidenses han incluido términos como soberanía y seguridad nacional en la conversación acerca de los chips y en dónde se fabrican: a prácticamente nadie le suena bien un escenario en donde la producción de esta tecnología quede tras líneas en un mapa de guerra.
La administración Biden, por ejemplo, puso a disposición de la empresa recursos por casi US$11.000 millones bajo la forma de subvenciones. El plan de Trump es cambiar la naturaleza de ese dinero, si se quiere: pasar de asistencia federal a inversión directa por parte del Gobierno.
Según Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., el plan de Trump implica decir “oigan, queremos participación a cambio del dinero. ¿Cómo podría eso no ser más inteligente, mejor y más importante para los contribuyentes estadounidenses que simplemente dinero gratis?”.
Lutnick también afirmó, en una entrevista con la cadena CNBC, que es vital “fabricar nuestros propios chips aquí. No podemos depender de Taiwán”.
Pero el plan de Trump viene con la enorme interrogante de si la participación es sólo eso, entrar para obtener beneficios y apoyar a una empresa estratégica, o si también incluye control, o presión, sobre decisiones corporativas.
“Nosotros no hablamos de gobernanza, solo estamos convirtiendo lo que era una subvención de Biden en capital”, afirmó Lutnick. Y agregó: “Sin derecho a voto”.
Pero lo cierto es que la administración Trump ha tomado algunas medidas inusuales en su relación con algunas empresas, como la participación que adquirió en la siderúrgica US Steel como una condición para permitir que la compañía fuera adquirida por la japonesa Nippon Steel. Eso le permite al Gobierno tomar decisiones sobre la primera empresa.
En meses recientes, la administración también logró que AMD y Nvidia le pagaran 15 % de las ventas de procesadores para inteligencia artificial que tuvieran como destino a China.
Esta última medida irritó a inversionistas, expertos en comercio, legisladores y otras personas que temen un incremento de estas jugadas que el gobierno federal puede empezar a imponer a todo escenarios en los que haya que pagar para poder participar, desde las negociaciones comerciales hasta los contratos de defensa.
En el escenario Intel, la posible participación del gobierno podría suponer un impulso muy necesario para el ambicioso plan de Intel de construir una nueva y brillante fábrica de chips en Ohio, vital para reconstruir la producción nacional de chips en Estados Unidos, pero que se ha retrasado debido a la caída de las ventas y las crecientes pérdidas de la empresa.
De fondo, lo que algunos temen es que este nivel de control sea utilizado para asistir a la Casa Blanca en conseguir lo que quiere un presidente que destaca por su nivel de volatilidad y que, por momentos, pareciera actuar más por capricho que guiado por política comercial. Cuando no es que estas palabras pueden combinarse con vengativo, entre otras.
El caso de Brasil pareciera una advertencia de este escenario: el país hoy tiene uno de los peores tratamientos arancelarios en el mundo por parte de EE.UU. porque a Trump no le parece que la justicia de otra Nación actúe contra un aliado político suyo, aun cuando hay creciente evidencia en contra de su amigo por golpista.
Y todo esto contrasta poderosamente con un principio fundamental que Trump defiende entre discurso y discurso: el gobierno federal es muy grande y hay que recortarlo, pero a la vez se inserta en posiciones del mercado que quizá no le corresponden.
El enfoque de la administración Trump hacia las empresas en el primer año de su segundo mandato es, en cierto modo, una evolución de las herramientas de política económica que desplegó en sus primeros cuatro años como presidente.
Caitlin Legacki, exfuncionaria del Departamento de Comercio de la administración Biden, afirmó que el argumento a favor de impulsar las industrias nacionales es comprensible, pero que la “falta de transparencia” en torno a los acuerdos es preocupante.
“En lugar de convertir esto en una causa de seguridad nacional o independencia tecnológica en torno a la que puedan unirse personas de ambos partidos, parece más bien una extorsión”, dijo en declaraciones a la agencia Bloomberg.
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