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Son días complejos para la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), la institución de educación superior pública más importante de ese departamento, con más de 14 mil estudiantes inscritos en 24 programas. Las actividades académicas están suspendidas desde agosto pasado, y los estudiantes no solo han protagonizado protestas en las que algunos resultaron heridos, sino que también han viajado a Bogotá a pedir la intervención del Ministerio de Educación. En medio de este difícil panorama, el 18 de noviembre, unidades del CTI de la Fiscalía capturaron a David Emilio Mosquera Valencia, quien hasta ese día se desempeñaba como rector, “por serios casos de corrupción”, señaló la cartera.
La génesis de la situación está en la resolución 018072, emitida el 6 de octubre de 2023 por el Ministerio de Educación, liderado en aquel entonces por Aurora Vergara. En el documento, la cartera anunció que, tras unas visitas realizadas al plantel en mayo de ese año, encontró inconsistencias administrativas y financieras. Entre ellas, posibles irregularidades en el Proyecto Maderas Chocó, en bonificaciones a docentes y en pólizas de órdenes de servicio. Además, la cartera detectó imprecisiones en la política institucional, contratistas sin experiencia, falta de firmas en certificados, entre otros.
El principal indicio de posible corrupción se centra en los contratos del proyecto del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera Chocó, el cual tiene como objetivo “el mejoramiento socioeconómico y ambiental del departamento” y comenzó en 2017, en la administración del exrector de la institución, Eduardo García Vega. En abril de 2023, Mosquera, junto a nueve personas más (entre ellos funcionarios de la UTCH), fue imputado por la Fiscalía por “contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros” en este proyecto.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, durante la audiencia de legalización, Mosquera habría firmado un contrato (el 003 del 8 de octubre de 2020) por un valor de $6.222 millones. El objetivo era construir la primera fase del Centro de Investigación de la Madera. Pero, “los estudios previos de este contrato fueron inadecuados y poco exhaustivos, lo que generó discrepancias entre los planos y el terreno real. Adicionalmente, hubo una aparente licitación y un criminal manejo del anticipo. No tuvo póliza de seguros, sino una fianza expedida por una compañía no autorizada por la Superintendencia Financiera”, anotó el ente.
Otra de las irregularidades expuestas por el Ministerio de Educación está relacionada con los créditos condonables para posgrados. De acuerdo con la cartera, a algunos estudiantes se les desembolsó el dinero directamente y encontraron, además, un caso que les llamó la atención. A uno de los alumnos se le desembolsó $140 millones para un doctorado, pero, al final, estudió una maestría de $80 millones.
También está la situación de unos mercados entregados en diciembre de 2023. De acuerdo con los estudiantes, en la orden de servicio 0028, la UTCH constató que había entregado 2.000 mercados en Bahía Solano, Jurado, Nuquí, Tumaco, Acandí y Unguia por $170 millones, pero, “de los 150 estudiantes que estamos matriculados en la sede que cubre esas zonas, ninguno los recibió”, denunciaron.
Otro de los convenios que ha inquietado a la comunidad es el suscrito con la Gobernación del Chocó y tiene como objetivo apoyar la formulación del Plan departamental de desarrollo 2024 – 2027. Allí se establecieron 13 contratos que los presidentes de las organizaciones sindicales opinan, son “imposibles de cumplir”.
Asimismo, en la Procuraduría reposa una queja en contra de Mosquera porque vinculó, entre enero y febrero de 2024, a 60 personas como profesores ocasionales de medio y tiempo completo. Esta contratación, se lee en el proceso, “tiene fines electorales”. La queja en la entidad denunciaba que, de esta manera, el rector buscaba garantizar la elección de su candidato, sumando los votos necesarios.
Frente a estas falencias, el ministerio tomó una serie de medidas, entre ellas, la de designar a un “inspector in situ” para vigilar la gestión administrativa y financiera de Mosquera, vinculado a la UTCH desde hace 34 años como docente e investigador. También ordenó la constitución de una fiducia para el manejo de los recursos y rentas con el objetivo de que “se destinen en el cumplimiento de su misión y función institucional y en actividades propias y exclusivas de la institución”.
Si bien Mosquera señaló que acataría todas las medidas, el 5 de julio de 2024 la ministra ordenó, a través de la resolución 011010, reemplazar al rector de la institución durante un año (que podía ser prorrogable) en el marco de las medidas de “Vigilancia Especial”. Sin embargo, días después, Vergara dejó el cargo y, el 29 de julio, Daniel Rojas Medellín, el actual ministro de Educación, designó a Vanessa Sánchez Ruiz como la rectora encargada de la UTCH, pero no duró mucho en el cargo.
Un nombramiento que no fue en la Universidad Tecnológica del Chocó
El nombramiento de Sánchez generó reacciones de apoyo y rechazo. “Había estudiantes que respaldaban la medida y decían que por fin el ministerio había tomado una medida de fondo para cambiar el rumbo de la institución”, dice la funcionaria, pero reconoce que había otros que no apoyaban la destitución de David Emilio Mosquera.
Andrés Parra Martínez, líder estudiantil y presidente del movimiento UTCH Somos Todos, cuenta que durante las protestas en contra de Mosquera, algunos estudiantes recibieron amenazas y hostigamientos, “tanto por su labor en defensa de los derechos educativos como por sus pronunciamientos sobre irregularidades administrativas”. A pesar de la situación, Sánchez se puso al frente de la institución y señala que encontró un panorama bastante complejo en las áreas administrativas, financieras y académicas.
Durante las siguientes dos semanas a su nombramiento, Sánchez, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo y egresada de la UTCH, se reunió con los diferentes equipos de trabajo, con quienes intentó establecer el avance de las medidas de vigilancia y diseñar unas rutas para su cumplimiento. “También nos íbamos a centrar en la constitución de un fiduciario para mejorar la administración de los recursos en contratación”, comenta.
Sin embargo, mientras ella adelantaba estas mesas de trabajo, que le tocó liderar desde otras sedes educativas de Quibdó por las protestas, Mosquera sostenía que el Ministerio de Educación le había violado el debido proceso y el derecho de defensa y buscaba maneras de regresar a su cargo. Interpuso una tutela, que una jueza de Quibdó negó en primera instancia, pero el 2 de septiembre, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó falló a su favor y le concedió una medida cautelar de urgencia. En esta decisión, se ordenaba su reintegro como máximo directivo y representante legal de la UTCH.
Entre las razones expuestas por el juzgado está que a Mosquera, exdirector del programa de la Facultad de Ingenierías de la UTCH, al parecer se le habría violado el derecho al debido proceso. “No se demostró que haya ocultado información y mucho menos que el servicio educativo se haya visto afectado en la universidad”, se lee en documento.
Jhony Batalla, abogado y asesor de Mosquera, defiende que la destitución del rector se debe a lo que él cree es un interés del ministerio de manejar la universidad. “Han torpedeado el proceso y quieren colocar a alguien (en ese puesto) que puedan manejar desde Bogotá”, dice en entrevista con este diario. Mosquera insiste que “le estaban violando su derecho”. De esta manera, y gracias a la decisión del juzgado, Mosquera retomó sus labores como rector, lo que volvió a provocar una serie de protestas en la institución. Fue en ese contexto que se conoció su captura, en la noche del 18 de noviembre.
¿Habrá nuevo rector o rectora en la Universidad Tecnológica Del Chocó:?
Ahora, que se cumplió el período de Mosquera, los estudiantes están a la espera de que el Ministerio de Educación ponga una persona al frente de la institución y se cumplan las medidas. No obstante, les preocupa la situación por la que atraviesa el Consejo Superior Universitario (CSU).
Por medio del acuerdo 0018 del 21 de junio de 2024, anota Parra, los integrantes del CSU se dieron una vacancia por un año, lo que les debía permitir la posibilidad de elegir a un nuevo rector, pero, a muchos de ellos, se les acabó el periodo de representación en septiembre. “Por ejemplo, esto pasa con los representantes de los estudiantes, docentes y egresados. Estas personas cuando votaron por este acuerdo fueron en contra de las mismas normas internas”, dice el líder estudiantil.
Mientras se desenreda toda esta situación y se lleva a cabo la audiencia en contra de Mosquera, los estudiantes le piden al ministerio y a los entes de control transparencia en el proceso de designación del nuevo rector, que, además de encargarse de la sede de Quibdó, deberá velar por el correcto funcionamiento de las sedes de San Juan, Darién y Baudó.
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