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Aunque prematuro porque la Fuerza Pública tendría que bajar la guardia sin que el ELN se hubiera comprometido a propiciar activamente el fin del conflicto, el cese al fuego de seis meses con esa guerrilla abre una ventana de esperanza. Más aún con las palabras de Gabino. El excomandante máximo dijo estar dispuesto a “aportar lo que me queda de vida en este esfuerzo por la paz”. Instó a todos sus frentes, mandos medios y combatientes a respetar el cese al fuego en forma “sagrada, responsable y decidida”.
Voz confiable la suya, contrasta con el descarnado deleite de Antonio García en desmentir al presidente de la República sobre la terminación del conflicto. Que no, que no se acaba la guerra en 2025. Ni en fecha alguna que aventure él. Pretextando rigor en los términos acordados, mata García dos pájaros de un tiro: mancilla la dignidad del primer mandatario y exhibe su puño de hierro cuando de paz se habla. Y Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, ironiza ante las cámaras: habrá cese al fuego bilateral, sí, pero no cese de hostilidades; secuestro y extorsión seguirán su marcha contra la población. Como si faltaran “claridades”, Bernardo Téllez pone la cereza al pastel. El cese será apenas con las Fuerzas Militares, no con los otros armados ilegales. Con estos seguirán ellos en disputa por el control del territorio y el sometimiento violento de las comunidades, condiciones de éxito para prevalecer en economías ilegales.
También la participación de la sociedad civil, gran innovación en negociaciones de paz, acusa doble rasero. ¿Cómo no acudir a la base social si ella es fuente primera del cambio que la mesa se propone protagonizar, acogiendo de manera “automática y vinculante” sus propuestas? El recurso al pueblo es democrático por definición. Pero si en el Comité de Participación predominan organizaciones no representativas o reconocidas por amplios sectores, ni plurales, ni regidas por reglas de juego formales, podrán imponerse intereses sin jerarquía o solo de entusiastas movidos por la guerrilla. Sus propuestas serán insumos para la mesa, que los depurará en un plan de ejecución de los acuerdos de paz con el ELN.
¿El vocablo “vinculante” significa aquí de forzoso cumplimiento? ¿Sean cuales fueren las iniciativas que se reputen como solución a las causas del conflicto social, político, económico y armado? ¿Por encima de los cuerpos de representación y ejecución política (Congreso, asambleas, concejos, Presidencia, gobernaciones y alcaldías)? ¿Por encima de los planes locales y del Plan Nacional de Desarrollo, alimentado en consultas populares y aprobado por el parlamento?
El hecho es que la comunidad expresa necesidades, no intereses mediados por partidos políticos, y sus voceros carecen de la representatividad que asiste a los elegidos en las urnas. Ni el movimiento social, ni los consejos comunales de Uribe, ni las asambleas populares que ahora convoca Petro suplantan la representación política. Por más que la Carta del 91 hubiera empotrado su idea de democracia directa sobre la destrucción de los partidos.
Una común aspiración a deliberar y decidir emparenta a organizaciones de base con las asambleas de marras, concebidas para debatir reformas e impulsar los acuerdos de paz. Grave riesgo ve en ello Pedro Medellín, pues en medio territorio mandan grupos armados que manejan la economía, cobran impuestos, administran justicia y controlan el tránsito humano. Peligroso le parece este “parlamentarismo popular” que adoptará decisiones de gobierno brincándose las reglas de juego del Estado de derecho. Máxime, si quienes lo controlan van armados.
Cese al fuego y participación de la sociedad son ejes de una negociación signada hasta ahora por la incertidumbre. Pueda ser que con la voz de Gabino tan azaroso proceso ceda el paso a la esperanza.
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