Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Después de varios años de discusiones, facilitadas por la Universidad Distrital, sobre lo que debería ser la política de ciencia abierta para el país, Minciencias publicó el 3 de agosto de 2022 la que será la hoja de ruta de los próximos 10 años. La carrera del gobierno Duque para cerrar esta política antes de irse del palacio de Nariño nos quitó las últimas oportunidades de participación que hubieran permitido una apuesta más ambiciosa, sin embargo, la versión final es mejor que la inicial y ofrece oportunidades en su implementación.
En Karisma, cuando hablamos de ciencia abierta, hablamos de un escenario de apertura para la creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos para toda la sociedad y no solo para la comunidad científica tradicional. Entonces, lo que se busca es abrir el espectro de posibilidades para hacer ciencia por medio de la combinación de prácticas, el aumento de colaboraciones y el intercambio constante de información que contribuya a la evolución de la ciencia y que tenga un alto impacto en beneficio del interés público.
Aunque en el proceso de construcción de la política se acordó una fase previa de comentarios entre quienes habíamos estado haciendo seguimiento al proceso, la última fase de posible diálogo con las diferentes partes interesadas fue una consulta pública que tuvo mucho interés, recibió cientos de comentarios dentro del plazo y varios más fuera del mismo ―entre ellos los de Karisma―. Sin embargo, el afán del gobierno anterior por publicar la política hizo que estos no tuvieran mayor impacto en el texto final, que no cambió en lo sustancial.
El primer comentario general a esta política es que no supera la receta tradicional que vemos en iniciativas similares en el mundo: aunque reconoce que la ciencia abierta es un concepto amplio, su foco está en el acceso abierto. Ahora bien, reconozco que deja oportunidades de ampliación y eso es positivo.
En el lanzamiento que pudimos seguir en línea el exministro Tito José Crissien, además de confirmar el sesgo de la política a favor del acceso abierto, cuando habló de detalles lo hizo sólo en temas propios de la publicación científica. Así por ejemplo, dio protagonismo a los polémicos APC (article processing charges en inglés) o cargos por procesamiento de artículos. Esas tarifas que pagan los autores de publicaciones científicas para que su trabajo esté disponible en acceso abierto son polémicas porque pueden mantener el negocio para grandes editoriales y desviar recursos públicos que podrían ser usados en apuestas abiertas integrales. ¿Por qué se mencionó este tema en el lanzamiento? Cualquier respuesta sería una especulación, porque la política ―afortunadamente― no le hace eco, al menos no en forma evidente.
En América Latina, las políticas de acceso abierto han tenido una importante acogida durante la última década. Colombia alcanzó a estar a la vanguardia del desarrollo de repositorios institucionales y fue una de las que impulsó, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la creación de un repositorio abierto y federado de resultados de ciencia abierta que se convertiría en La Referencia. Sin embargo, fueron Argentina, México y Perú quienes suscribieron legislaciones que impulsan su desarrollo.
Todavía no ha habido experiencias de política pública en la región que se ocupen de la apertura de otras etapas del proceso y de los productos de la investigación ―desde la evaluación hasta los instrumentos de investigación, los datos y los recursos educativos abiertos, entre otros―, mucho menos se han arriesgado con elementos más inusuales que ya existen en la práctica.
Si nos quedáramos con el objetivo general de la política publicada por Minciencias, “aumentar la visibilidad, el acceso, la reproductibilidad y la utilidad de los recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación, institucionalización y las infraestructuras de Ciencia Abierta del país”, tendríamos que afirmar que a pesar de su título lo que se hizo en Colombia fue poner la política de ciencia al día con las tendencias de hace 10 años.
Sin embargo, la invitación a quienes nos importa este tema es a no quedarnos allí. Aunque el objetivo general del plan de desarrollo de la política prioriza y adopta el acceso abierto como sinónimo de ciencia abierta, los objetivos específicos amplían su alcance. En esa parte del plan de acción se reconocen guiños concretos en temas de datos abiertos, evaluación y comunicación de la ciencia, y también aspectos de apropiación social del conocimiento.
Pero, el más interesante de los objetivos específicos es el de “crear una cultura de apertura, diálogo, inclusión y responsabilidad social de los actores generadores de conocimiento del país que genere soluciones a las problemáticas y necesidades de la población”. Este objetivo, que en la práctica debió ser el general, es el que alinea la política colombiana con los propósitos más amplios de documentos referentes sobre el tema como la Recomendación de Ciencia Abierta de la Unesco.
La realidad es que si no se cambia la cultura, la política de ciencia abierta será inocua, se hablaría de cambio para no cambiar nada. Para lograr ese objetivo se deberá hablar de coproducción de conocimientos, actores heterogéneos, colaboraciones entre actores diversos, herramientas de evaluación de prácticas abiertas ―no solo de publicación de papers― o explorar conocimientos excluidos. Es en este punto del plan de acción es donde pueden estar los elementos más innovadores de la ciencia abierta como los diálogos de saberes, la ciencia participativa o los espacios y actores inusuales que también pueden ser protagonistas.
Hay dos temas más que pueden fortalecer la implementación de una política de ciencia abierta que fomente un cambio cultural hacia una ciencia más democrática. Por un lado, sería una oportunidad para homologar las políticas del sector de educación con las de ciencia, para que definamos, por ejemplo, el rol de la universidad en la sociedad, de modo que se articule con los propósitos de la ciencia abierta. De otro lado, esta política refuerza la importante discusión que se viene dando en el país sobre los modelos y sistemas de métricas e incentivos en la academia. De haber un cambio de paradigma se justificaría repensar completamente ese sistema.
En todo caso, el cómo se implementará esta política le corresponde ya al nuevo ministro o ministra de Petro que aún no conocemos. Esperemos que desarrolle los elementos más inusuales de la política de ciencia abierta.
Conoce más