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Este jueves, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una denuncia contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Con ella, ha pedido “la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, según la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien agregó que espera que el sistema internacional “esté a la altura” frente a lo sucedido.
Ya el lunes pasado, la alta funcionaria había anunciado que, además de la acción ante la CIJ, su Gobierno enviaría una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar lo ocurrido el viernes pasado, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, procesado judicialmente por presunta malversación de fondos.
A raíz de este episodio, vale la pena recordar, México decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador.
La aprehensión de Glas se llevó a cabo, además, en medio de una crisis entre México y Ecuador que llevaba días cocinándose y después de que el gobierno de Andrés López Obrador anunciara que otorgaría asilo a Glas, solicitud que Quito finalmente rechazó.
En la denuncia presentada este jueves, el Gobierno de México acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, que consagra la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
A propósito de la denuncia ante la CIJ, Bárcena explicó que también se pide “juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”.
Aspira, además, a “establecer el precedente [de] que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva” de la ONU.
Asimismo, busca “declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado”.
“Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros”, añade.
En efecto, el rechazo internacional a lo sucedido ha sido prácticamente unánime. El miércoles, por ejemplo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció una moción de condena a Ecuador por la incursión de la Policía de Ecuador en la embajada.
Los países, que “condenaron enérgicamente” lo sucedido, se pronunciaron y emitieron 29 votos a favor. Hubo un voto de abstención de El Salvador y el voto en contra de Ecuador. México estuvo ausente en la sesión.
¿Es posible que Ecuador sea suspendido?
Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, explicó a este diario que la Carta de las Naciones Unidas efectivamente contempla la suspensión de un Estado.
Así está consignado en el artículo 5: “Todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad”.
Asimismo, en el siguiente artículo, contempla la expulsión, situación que, no obstante, no se ha dado, recuerda el analista.
“Ha ocurrido que se ha suspendido, por ejemplo, a Sudáfrica en el apartheid, pero es raro, es muy poco probable”, añade.
Para Jaramillo, lo más probable es que Ecuador ceda a las peticiones de México y presente excusas por lo sucedido. “Sabe que se sigue exponiendo si no lo hace”, agregó. Además, “Ecuador no es un Estado acostumbrado a desafiar al orden mundial”.
Hasta el momento, el gobierno de Daniel Noboa ha defendido su actuar bajo el argumento de luchar contra la corrupción. Sin embargo, críticos y analistas han señalado que se trató de una movida por razones políticas en la antesala del referendo que Ecuador votará el próximo 21 de abril. Dicha iniciativa contempla 11 puntos, relacionados con la seguridad (en medio de la grave crisis de orden pública que vive el país), así como del reconocimiento de los arbitrajes internacionales y normativas laborales.
Según Manuel Camilo González, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, es deber del Consejo de Seguridad examinar si Ecuador, con sus acciones, violó la Carta de las Naciones Unidas y recomendar a la Asamblea si la petición de México procede o no.
Lo viable que esto sea en dicho órgano “depende mucho de las alianzas entre los gobiernos ecuatoriano y los cinco miembros no permanentes para activar el veto y la influencia incluso sobre los no miembros (en la que incluso Ecuador es parte de este grupo)”.
Además, “un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia ante la demanda de México podría en algún grado cambiar la percepción, pero aparece poco viable una suspensión de un país pequeño en el sistema internacional, toda vez que otros más grandes como Rusia solo han sido suspendidos de organismos de Naciones Unidas, pero no se les ha revocado su membresía”. El docente se refiere a la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
Jaramillo cree que las acciones que ha tomado Ecuador tienen como objetivo que “esto no quede así porque fue muy grave y que haya una sanción sobre Ecuador, incluida una indemnización”. Y, además, “que Ecuador, para evitar esa condena en la CIJ, decida indemnizar como, de hecho, hizo Colombia cuando Quito nos demandó por el glifosato”.
Se refiere al episodio de 2008, cuando Ecuador demandó a Colombia a raíz de las afectaciones causadas por las aspersiones de glifosato en su territorio, en medio de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito en la zona de frontera. Ambos países, antes de que la CIJ anunciara su decisión, llegaron en 2013 a un acuerdo, que incluía una indemnización.
Jaramillo concluye advirtiendo que “sí o sí Ecuador será condenado en la CIJ. Sería muy raro que la Corte no lo hiciera”.
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