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Mientras las campañas de Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) están en plena reestructuración de cara a la segunda vuelta que se dará este 21 de junio, un proceso paralelo comenzó a desarrollarse esta misma semana: el blindaje de todo el Estado para que ese llamado a urnas ocurra. Todos los entes de control y órganos electorales tienen la mirada puesta en el balotaje en el que podrán votar más de 41 millones de personas.
A partir de este jueves, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el país iría, oficialmente, a una segunda vuelta, se puso en marcha el grueso del Estado para comenzar a blindar un proceso que se tiene que organizar en menos de tres semanas. Por ello es que, en ese tiempo, se aprobó el desembolso de cerca de COP 150 mil millones para esa entidad y de más de COP 1 billón para la Registraduría para que comenzaran, en firme, la organización de ese proceso.
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Por ello es que solo hasta este viernes se conoció el tarjetón de la segunda vuelta y comenzará, además, la producción de los tarjetones. Pero, posterior a eso, ocurrirá la entrega de kits electorales por todo el territorio nacional, así como en los 67 países en los que los que los colombianos en el exterior pueden ejercer su derecho al voto.
Ahí no acaba, pues además de blindar en todo lo técnico este nuevo balotaje, también la institucionalidad se enfrenta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el conteo de los votos. La respuesta a todo eso vino, punto por punto, desde la Registraduría, que desmintió cualquier tipo de modificación no solo al censo electoral, también a los softwares que se requieren para el proceso.
Incluso, los mismos resultados oficiales de la primera vuelta —certificados el mismo jueves por el CNE y sin reclamaciones en el escrutinio nacional— le dieron pleno respaldo a la logística desplegada por el ente encabezado por Hernán Penagos. Precisamente, tras las declaraciones del mandatario sobre el balotaje, todos los actores que fueron partícipes activos o vigilantes del proceso, incluidos los observadores internacionales y la Corte Suprema de Justicia, dieron su apoyo a esta organización.
“Lo más sensato acá es darle un parte de tranquilidad a todo el pueblo colombiano, a todas las instituciones, a los candidatos y a sus fórmulas vicepresidenciales de que las instituciones están aquí para eso, para poder sumar, para poder tener tranquilidad en este escrutinio. Yo creo que, en general, ha sido una jornada con mucha participación, con muchas garantías, con mucha legitimidad y eso esperamos que pase para la segunda vuelta”, afirmó Cristian Quiroz, el presidente del CNE, en diálogo con El Espectador.
De un lado, el registrador reiteró la imposibilidad de surtir este tipo de procedimientos, sustentado en la amplia vigilancia electoral que se ha desplegado de diversos sectores. En entrevista con este diario, Penagos aseguró que “no hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia”. Y agregó: “El censo electoral se cerró hace un mes y semanalmente se han tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud”.
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Su tesis fue respaldada por la Procuraduría de Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo de Iris Marín Ortiz, dos entidades que han acompañado y resaltado la fortaleza de la democracia colombiana y de todo el proceso electoral. Además, ante la persistencia de los ruidos de supuesto fraude, el órgano electoral citó a diferentes organismos para soportar sus argumentos.
“Durante la reunión adelantada hoy en la sede central de la Registraduría Nacional con los partidos políticos, los órganos de control (la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación) y las misiones de observación electoral, estas organizaciones constataron que ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de mayo”, precisaron en un comunicado.
En el tema tecnológico, se ha insistido en que estas son las primeras elecciones en las que, además de contar con observadores y testigos electorales —cuya presencia se amplió para que fueran dos por mesa, tras orden directa del CNE—, también hay auditores de sistemas. Todo esto con miras a garantizar la revisión y la seguridad de los software que se usan en todo el proceso electoral.
Todo esto hace parte de un engranaje que se viene moviendo desde finales de 2024 para que no haya rastro de duda sobre la transparencia de estas elecciones. Como lo contó El Espectador, desde ese momento la Registraduría y el CNE se movieron ante el Gobierno y el Congreso para garantizar sus presupuestos de 2025 y 2026. A principios de este año, ambos despachos habían firmado contratos por COP 2,7 billones.
La mayoría de los recursos se destinó a la logística, como la inscripción de cédulas, la revisión de firmas y la digitalización de las actas. También se contrató servicios de transporte, la divulgación de los resultados de los comicios, el alquiler de Corferias para la jornada en Bogotá, la seguridad informática, la pauta en medios y varios puntos más.
Desde la oficina de Hernán Penagos primero se firmó convenio de COP 5.860 millones con la empresa JE TOURS para el traslado de servidores públicos y contratistas que participan en los procesos electorales. Y a mediados de 2024 se adjudicó el contrato más cuantioso: COP 2,1 billones para cubrir la mayoría de aspectos logísticos de las votaciones. La ganadora de la licitación fue Thomas Greg & Sons, multinacional a la que el presidente Petro le quitó el proceso de expedición de pasaportes y que sigue cuestionando, según él, por posibles fraudes en el manejo de los softwares.
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Otro de los contratos tiene que ver con la consolidación y divulgación de las votaciones. El proceso, por COP 47.900 millones, lo ganó la firma española Indra. La Registraduría también contrató el alquiler de Corferias (COP 7.600 millones), un paquete de seguridad informática (COP 41.000 millones con UNE-EPM) y ha destinado cerca de COP 36.000 millones para pautar en medios públicos y privados y fomentar la participación ciudadana. A la lista se suma un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por COP 25.000 millones, para realizar una auditoría externa a los procesos electorales.
Toda esta inversión se destinó a los comicios legislativos, la primera vuelta presidencial y parte de la segunda vuelta. Pero, como ya se mencionó, la Registraduría ya se prepara para invertir cerca de COP 1 billón para contratar servicios similares. Además, el CNE invierte sus propios recursos, como con los COP 384.000 millones para adquirir servicios de tecnología para la postulación y acreditación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas para las elecciones de Congreso, consultas interpartidistas y presidenciales. La firma que maneja estos procesos es LinkTic S.A.S., que en los últimos años ha tenido un “boom” de contratación con el CNE, pues ha firmado cuatro acuerdos que suman COP 54.000 millones.
La institucionalidad ya se puso en marcha para que todo el proceso electoral esté completamente blindado. La ciudadanía decidirá este 21 de junio quién llevará las riendas del país por los próximos cuatro años y desde varios frentes coinciden en que se trata de las elecciones más polarizadas de Colombia.
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