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El fantasma del cambio en el esquema de recolección de basuras en Bogotá sigue persiguiendo a Gustavo Petro. Ni su llegada a la Casa de Nariño lo ha librado de los coletazos de ese escándalo que rodeó su paso por la Alcaldía de la capital. Aunque ha salido victorioso de casi todos los procesos en su contra —la justicia colombiana tumbó su destitución y fallos fiscales y la internacional emitió un fallo histórico sobre derechos políticos—, el problema actual tiene que ver con un tema sensible: su sueldo. Desde hace unas semanas, sus abogados han estado moviéndose entre el Congreso y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en donde hasta hace un mes estuvo activa una multa en su contra.
Todo comenzó cuatro días después de que Petro ganara las elecciones presidenciales. El 23 de junio pasado, a la SIC llegó una carta firmada por uno de sus abogados con una particular petición. En dos páginas, el abogado Julio César Ortiz le pidió al superintentende, Andrés Barreto, que enviara el expediente que había en contra de Petro a la Comisión de Acusación. El argumento fue sencillo: el presidente tiene fuero y sus investigaciones le corresponden a esa corporación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, detrás de esta petición hay una polémica mayor que tiene como centro del debate el sueldo de Gustavo Petro. Barreto aceptó y envió el expediente el pasado 11 de julio.
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Las carpetas que hoy están en el Congreso cuentan uno de los episodios del escándalo de las basuras que se desató en Bogotá hacia finales de 2012. El cambio en el esquema de recolección que propuso el entonces alcalde de la ciudad derivó en una serie de decisiones judiciales, fiscales y administrativas que le costaron el puesto, además de millonarias multas y sanciones. Todas menos una decisión terminó sin piso jurídico a favor del hoy presidente. Se trata del proceso que inició la Superintendencia en 2013, en el que se investigó una violación al régimen de libre competencia porque, en palabras sencillas, el esquema de recolección planteado por Petro no permitía que privados participaran en él.
Para la SIC, no hubo duda de que se violó ese régimen. Un año después de abrir la indagación, la Superintendencia emitió una resolución en la que documentó una serie de errores de la Alcaldía que violaron la libre competencia de quienes querían participar en esos negocios y multó al entonces alcalde a pagar $400 millones. Petro no fue el único que salió pagando los platos rotos, pues la sanción también cayó sobre los hombros de quienes estaban a la cabeza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Aguas de Bogotá. Pese a las apelaciones en contra de la decisión, la multa quedó en firme en septiembre de 2014.
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“Por desprivatizar un servicio público e incluir a los recicladores, debo pagar $400 millones de multa. Mi patrimonio personal se ha extinguido”, expresó Petro en un trino que publicó en 2014, donde defendió su decisión de cambiar el modelo de recolección de basuras. Su declaración no era exagerada. En ese momento, la Contraloría de Bogotá ya le había impuesto una sanción de $217.000 millones por haber ordenado la reducción de las tarifas de Transmilenio y ya estaban en firme otros procesos en su contra, también millonarios, por el tema de las basuras. Por eso, cuando llegó la multa de la SIC, la suma creció tanto que resultó prácticamente impagable.
Sin embargo, todas las sanciones de la Contraloría se fueron cayendo en tribunales. Aunque la SIC intentó cobrarla mediante un proceso que se conoce como cobro coactivo, en el que las autoridades buscan bienes para embargarlos y así cobrar el dinero, a Petro no le encontraron nada que se ajustara a los parámetros legales para hacerlo. Así fue hasta 2018. En julio de ese año, el hoy presidente ganó una curul en el Senado y comenzó a ganar un sueldo de congresista. La SIC no tardó en embargarle la quinta parte de esas ganancias para poder cobrar la multa de 2014 que, por no pagarla a tiempo, ese año ya superaba los $580 millones.
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El entonces superintendente, Pablo Felipe Robledo, se cruzó varios trinos con el entonces senador. Por un lado, Robledo criticó el hecho de que Petro no pagara sus deudas con el Estado, y él, por su parte, lo calificó de ser un funcionario con cercanía con los operadores privados que quedaron por fuera del nuevo modelo de recolección de basuras y por ser cercano al exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. En medio de la polémica, el sueldo quedó embargado. Y lo estuvo hasta el final de su período de senador. Hace dos años, el presidente confirmó que la única multa que tenía vigente era la de la SIC. Por eso, en cuanto el Consejo Nacional Electoral ratificó a Petro como presidente, sus abogados actuaron.
Para el abogado Julio César Ortiz, no hay duda de que es un proceso que debe estar en la Comisión de Acusación. Sin embargo, ese panorama no es tan evidente para al menos cinco constitucionalistas consultados por este diario. No solo porque se trata de una decisión que ya tuvo su trámite y la Comisión no podría revisarla, sino porque existe un vacío jurídico sobre quién debe cobrarle una multa al presidente. Para los juristas que explicaron la situación, quienes prefirieron no ser citados, la Comisión de Acusación existe para investigar y juzgar a los aforados en temas penales, disciplinarios y fiscales, pero no es claro que pueda hacerlo en asuntos administrativos, como una multa.
Y entonces, ¿quién puede cobrar la multa que Petro no ha pagado?
La respuesta no es clara, como tampoco lo es si la Comisión de Acusación podría embargarle el sueldo al presidente, que es de más o menos $34,4 millones, para terminar de pagar, como lo hizo la SIC. El abogado Ortiz advirtió que existe un precedente que le habría abierto la puerta a que este tipo de situaciones también sean del resorte de la Comisión. Se trata de la vieja pelea entre el exfiscal Eduardo Montealegre y la excontralora Sandra Morelli que llegó hasta la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Ambas dejaron claro que un funcionario con fuero, como el presidente, no puede ser tocado por ninguno de los órganos de control.
“La protección especial que confiere el fuero constitucional abarca, más allá de la esfera penal, todos los aspectos íntimamente ligados con el derecho sancionador, ordenamiento que comprende no solamente el ámbito disciplinario, sino que se extiende a temas administrativos [como el de la Contraloría]”, señaló la Corte Constitucional. Sin embargo, los juristas consultados para este artículo resaltaron dos puntos claves que pondrían en entredicho la tesis del presidente Petro y su abogado. El primero es que esa decisión de la Corte hablaba puntualmente de un escenario en el que Morelli pedía sancionar a Montealegre por no haber entregado información; es decir, un caso que estaba en trámite.
(Aquí puede leer el fallo completo de la Corte Constitucional)
En el caso del presidente, el asunto ya está resuelto desde 2014 y la Comisión no podría revisar nada. Y el segundo punto es que en la sentencia de la Corte no se habla de decisiones de las superintendencias. Es más, en ese mismo fallo quedó consignada una advertencia de lo que precisamente hoy está sucediendo con el presidente. La hizo nada más y nada menos que el condenado exmagistrado Jorge Pretelt, quien puntualizó que, si se ampliaba el fuero también a las sanciones administrativas, “se llegaría al absurdo de considerar” que un aforado tampoco estaría obligado a responder por multas de tránsito, sanciones tributarias, procesos de responsabilidad ambiental, o casos ante las superintendencias.
La premonición de lo que sucede hoy con la multa de la SIC quedó solo en el salvamento de voto del exmagistrado Pretelt. Y ahora que se materializa en un evento puntual, las fuentes consultadas insisten en el gran vacío que hay para resolver este espinoso tema que tiene de por medio el sueldo del presidente Petro.
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