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Esta semana, en el búnker de la Fiscalía General, se adelantarán tres diligencias claves que pueden dar luces sobre los hechos que rodearon varios episodios que tienen al gobierno de Gustavo Petro en medio de una crisis política y judicial. El ente investigador citó a declarar a la exjefa de gabinete del gobierno, Laura Sarabia; al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti y al coronel de la Policía Carlos Albero Feria, jefe de protección presidencial. El primero en asistir será el alto oficial de la fuerza pública, quien fue citado para este martes 20 de junio, con el fin de que declare sobre el presunto uso irregular del polígrafo contra Marelbys Meza, exniñera de Sarabia.
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En medio de estas investigaciones de la Fiscalía, El Espectador conoció un documento en el que una abogada le informa al fiscal general, Francisco Barbosa, sobre aparentes presiones en un interrogatorio contra un policía vinculado a estos hechos. Se trata del capitán de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza, quien asistió el pasado jueves a la Fiscalía General a diligencia de interrogatorio junto a su abogada, Claudia Mora. De acuerdo con la carta, los fiscales del caso Cindy Hernández e Islen Baquero Ortíz, que hacen parte de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, habrían presionado al uniformado.
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La abogada señala que el fiscal Baquero Ortiz estuvo alterado toda la diligencia por dos situaciones: que el capitán se acogiera a su derecho de guardar silencio y a la negativa por parte de la abogada de adelantarse la diligencia de verificación de arraigo del capitán, una diligencia a la que no habían sido citados y a la que ella no podía acompañar a su cliente.
“Me negué (a adelantar la verificación de arraigo del capitán) dado que mi tiempo estaba limitado por otra serie de actividades. Dejando siempre constancia que previa convocatoria de inmediato acudiría a adelantar junto a mi patrocinado, lo que consideraren necesario. Es evidente la posición de poder, de dominio de este fiscal en la investigación, su sesgado concepto y poca garantía de los derechos fundamentales, dado que no le importó desbordarse en emitir conceptos no solo falaces sino apresurados e inapropiados sobre esta defensa. Lamento muchísimo la cantidad de actos de no garantía en el proceso”, señaló la abogada Mora, quien también a un patrullero vinculado a esta investigación.
Mora y el capitán Correa leyeron este hecho, de pedir su arraigo, como una presión, ya que quieren tenerlo ubicado. Este diario consultó con abogados externos al caso e indicaron que adelantar una diligencia de este tipo necesariamente signifique una eventual captura, pero que hay varios fiscales que usan este método. “Ahora lo usan mucho en la pereza de identificar e individualizar a la persona investigada. Lo citan entonces a una diligencia de arraigo para pedirle todos los datos. También guardan ese documento para futuras audiencias preliminares, por ejemplo, más adelante verificar el fin constitucional de comparecencia a la justicia, eventualmente una prisión domiciliaria”, dice un abogado que pidió reserva.
No era la primera vez que la abogada Mora tenía un enfrentamiento con el fiscal Baquero Ortiz. El pasado 3 de junio de 2023, ella acompañó a un patrullero de la Policía, quien habría recibido la orden de interceptar el celular de la exniñera Marelbys Meza. Según su carta dirigida al fiscal Barbosa, en ese momento, el fiscal no se identificó y tuvo los mismos tratos hacia ella y los uniformados. “Intentamos adelantar la diligencia de interrogatorio, al advertir que llevábamos documental para que integraran el proceso como pruebas, fuimos limitados en nuestra intención por Baquero, quien expreso que ‘él era quien interrogaba y dirigía el interrogatorio’”, reza la carta conocida por este diario.
Por último, la abogada Claudia Mora agregó en su carta que renunciaba a representar al capitán de la Policía, argumentado que: “Luego de estos penosos hechos que le he relatado, el capitán Correa me indica: ‘doctora, ahora usted desató la ira del fiscal, ¿qué va a pasar conmigo?’, situación que deja ver total angustia, zozobra, y falta de confianza en la administración de justicia por parte del capitán Correa Loaiza, quien veo no siente garantías en su proceso, y quiero dejar desde ya plasmado por escrito a usted señor fiscal general, Francisco Barbosa, temo se repita la decisión que adoptó el coronel de la Policía Óscar Dávila el pasado 9 de junio de 2023″.
La declaración de Benedetti y Feria
El abogado de Feria, Marlon Díaz, además de confirmar que su defendido se va a presentar en la Fiscalía, indicó que este es investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. La siguiente persona en declarar, el próximo jueves 22, es Laura Sarabia, en quien está puesto el foco de esta investigación: hasta donde se sabe, ella habría participado en el uso irregular del polígrafo contra la exniñera, de quien se sospechaba había hurtado una millonaria suma de dinero de la casa de Sarabia, en enero pasado. Al día siguiente, viernes 23 de junio, se presentará el exembajador Benedetti, quien habría conocido, a través de Sarabia, los primeros detalles de la perdida de ese dinero y qué manejo se le habría dado al hecho desde la Casa de Nariño.
El próximo viernes 23 de junio será el turno del exembajador en Venezuela. En medio de este escándalo, se conocieron audios en los que Benedetti pone en tela de juicio la legalidad de $15.000 millones que habrían entrado a la campaña presidencial de Petro en 2022. Además de estos hechos, la Fiscalía también investiga qué personas estuvieron involucradas en la interceptación ilegal al teléfono de la exniñera (ejecutada desde la Dijín de la Policía) y los hechos que rodearon la muerte del coronel Óscar Dávila, otro responsable de la seguridad del presidente.
Esta semana también fueron citados a declarar en la Fiscalía Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Sarabia; y la subintendente Luisa Calle, quien hacía parte del esquema de seguridad de la exfuncionaria; y su esposo, Andrés Fernando Parra, quien no asistió a la diligencia. Días atrás, había enviado un documento al ente investigador en el que se acogía al principio de solidaridad íntima, lo cual le quita la obligación de rendir declaraciones sobre Sarabia, su esposa. Por ahora, mientras la Fiscalía sigue investigando, la expectativa está puesta en lo que arroje el reporte de Medicina Legal sobre la muerte del coronel Ardila, del que hoy se desconoce qué circunstancias rodearon su fallecimiento.
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