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En medio del ajetreo del Congreso por el final de la primera legislatura, el Congreso intenta actualizar el Código Electoral a través de un proyecto liderado por el registrador Alexánder Vega. Se trata de un proyecto de ley estatutaria que contiene 275 artículos que actualizan las normas que regulan el derecho a elegir y ser elegido, así como las facultades del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
Una de las razones que permitió el consenso de las bancadas fue la antigüedad del anterior Código Electoral, promulgado en 1986, cuando el país aún seguía la tendencia bipartidista. Esto cambió con la Constitución de 1991, que fortaleció los derechos políticos y creó figuras como la revocatoria de mandato, el referendo, entre otros. Según la Registraduría, aunque a partir de la nueva Constitución se han expedido más de 20 leyes que regulan los procesos electorales, esto también ha generado una dispersión normativa que dificulta el proceso y obliga a condensar todo en una nueva hoja de ruta.
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En 2020 se realizó el primer intento de reforma, con el respaldo del gobierno de Iván Duque. El proyecto fue aprobado a finales de ese año, pero al tratarse de una ley estatutaria, fue revisada por la Corte Constitucional, que la declaró inexequible por vicios de procedimiento, especialmente porque fue tramitada en sesiones extraordinarias y de forma semipresencial.
Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder, el proyecto recibió un nuevo aire y volvió al Congreso con mensaje de urgencia. Al final, esta última medida se retiró, pero el proyecto avanzó y llegó a su último debate la semana pasada, donde fue aprobado con 99 votos a favor y tres en contra. El trámite no estuvo exento de polémica, pues algunos congresistas, además de criticar el contenido del proyecto, denunciaron “pupitrazo” y hasta votaciones fantasma.
Los cambios al Código Electoral
Entre los cambios que más notarán los colombianos está la ampliación de la jornada electoral, que ahora irá desde las 8:00 de la mañana hasta 5:00 de la tarde. A esa hora se cerrarán las mesas y los jurados iniciarán el proceso de conteo y escrutinio. Por otra parte, se implementará el voto electrónico mixto, definido como el que marca el votante con ayuda de tecnología en el proceso de emisión y/o conteo.
Esta modalidad entrará en vigencia a partir de 2029, luego de que se apliquen los simulacros y auditoría que garanticen el funcionamiento del software requerido. “Cuando en la mesa se utilicen los medios tecnológicos para asistir al ciudadano en la votación, la tecnología permitirá que la interfaz que suple las tarjetas electorales muestre cada circunscripción electoral de forma separada e independiente y, así mismo, permita al elector seleccionar una para cada corporación o cargos uninominales. De presentarse alguna falla en el medio tecnológico, deberá existir material electoral de contingencia”, señala el proyecto.
Durante las votaciones y escrutinios, los testigos electorales podrán estar desde las 7:00 de la mañana en las mesas de votación y usar libremente medios tecnológicos como celulares y cámaras. Así mismo, el nuevo código autoriza el transporte gratuito hacia los puestos de votación, una actividad que estará coordinada por las autoridades políticas, con el fin de promover el orden y la transparencia, así como reducir los riesgos de abstención y corrupción electoral.
También se plantea un cambio en el censo electoral, con el objetivo de depurarlo y actualizarlo. Se eliminan los periodos de inscripción de cédulas para implementar un esquema en el que el Estado verifica el domicilio electoral de cada ciudadano y lo ubica en el puesto de votación más cercano. Con esto se busca combatir la trashumancia y mejorar la planeación de los comicios.
Los “superpoderes” del registrador
Uno de los ejes centrales del nuevo código está relacionado con el fortalecimiento de la Registraduría, especialmente en lo que tiene que ver con la profesionalización de la planta de personal. Ese sería el caso, por ejemplo, de los registradores municipales, que pasarían a ser autoridad en materia electoral, quedando al nivel de otras autoridades administrativas como alcaldes, personeros, jueces y notarios.
En este punto empiezan a aparecer los principales reparos al proyecto, liderados por la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Ella asegura que varios artículos del texto son inconstitucionales y solo buscan convertir a la Registraduría en una entidad clientelista.
El más problemático es el artículo 11, que le permite al registrador nacional nombrar los cargos directivos del nivel central, los registradores distritales de Bogotá, registradores departamentales y delegados seccionales. Para la representante, dicha propuesta va en contravía de la Constitución, que en su artículo 266 establece que esos servidores entran por carrera administrativa y no son de libre nombramiento.
Así mismo, asegura que es inconstitucional que el proyecto otorgue poder a los registradores departamentales para nombrar a los servidores de su circunscripción electoral, previa delegación del registrador nacional. Por último, Juvinao asegura que el otro gran “mico” del Código Electoral está en el artículo 245, que le da luz verde a la Registraduría para que contrate, bajo la modalidad de seguridad nacional, los procesos relacionados con la función de registro civil, identificación, procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.
La representante asegura que esta propuesta cierra toda la contratación de la entidad e impide la veeduría ciudadana bajo el argumento de la seguridad. Además, dice que esto podría beneficiar a unas cuantas multinacionales que desde hace años se han ganado ese tipo de contratos en la Registraduría.
“Tengo que lamentar que este Código Electoral sea un proyecto del cambio, porque no me puedo imaginar un proyecto más anticambio (…) están haciendo historia, pero para acabar con la Registraduría, para aprobar un código que pone en riesgo la integridad del proceso electoral”, dijo Juvinao, que llamó la atención frente al consenso al que llegaron partidos de derecha e izquierda para este proyecto.
Por último, cabe destacar que este Código Electoral no será implementado en las elecciones regionales de 2023 y que los partidos políticos con personería jurídica tendrán dos años para ajustar sus estatutos a la nueva norma.
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