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¿En qué va a terminar el sistema de salud en medio de las polémicas públicas, que incluyen la intervención de la Supersalud a las EPS y el archivo de la reforma a la salud?
El Congreso hizo bien en proceder a hundir ese proyecto. No es conveniente para el país un sistema totalmente estatizado. Sí creemos que hay que avanzar en algunos aspectos en los que, año tras año, hemos llevado nuestras propuestas al Congreso; apoyamos el fortalecimiento. Y en más de 600 municipios sí pensamos que son convenientes los giros directos, que directamente el Estado se encargue de pagarles a clínicas y hospitales eliminando la intermediación de las EPS. Nosotros valoramos mucho que las facultades de medicina puedan formar un mayor número de especialistas.
¿El sistema de salud está en riesgo?
Nos parece que lo que está ocurriendo es muy grave. Ya 25 millones de colombianos estamos nuevamente dependiendo del Estado y seguro que en las próximas semanas serán muchos más. Se está cumpliendo la profecía de que nuevamente 50 millones de colombianos quedaremos sometidos al Estado. Nos quitarán la libre elección de la aseguradora. Además, no sabemos qué va a pasar con el sistema de medicina, ni con la financiación y la atención de las enfermedades de alto costo o catastróficas. No pensamos que el modelo de ir a una alcaldía, para que uno sea atendido, o a una oficina del Gobierno que se denomina Centro de Atención Primaria, sea el camino para tener mejores oportunidades y un mejor servicio.
Con las decisiones administrativas del Gobierno, ¿cree que la reforma se está ejecutando sin la necesidad de pasar por el Congreso?
Me parece que eso es un abuso. Es la retaliación por el hundimiento. Yo creo que esas intervenciones, incluida la de la nueva EPS, son indebidas, inapropiadas, no justificadas. Y seguramente, lo cual esperamos muchos, serán suspendidas por la justicia colombiana gracias a las demandas que presentó Cambio Radical. El partido ha presentado demandas de nulidad de esos actos administrativos. Es que justifican esas intervenciones, y le cito el caso de Sanitas, en que no se han cumplido con ciertos indicadores financieros, pero lo que no le han dicho al país es que Sanitas hace un par de años fue obligada a recibir a millones de afiliados que venían de otras EPS y de manera forzosa la obligaron a recibir una población que venía sin atenderse. Los estados financieros tienen directa relación con el número de afiliados.
(Lea: “Registraduría denunció presunta doble votación de jurados en elecciones de 2023″)
¿Fue una intervención premeditada?
Después de esto, se acordó con esa EPS que se le capitalizaría en los siguientes años, dándole un plazo de cuatro años para eso. Luego, abruptamente, los intervienen. Eso no tiene ningún sentido ni justificación. Pero tampoco es mentira que el sistema de salud está en crisis, por la carga de las deudas que tiene el Estado con el sistema. Se aprobó la ley de punto final. ¿Y en dónde está la responsabilidad? Pues en el propio Estado. La ADRES fue incapaz de auditar las cuentas de cobro y de recobro que le eran presentadas, y más bien motivó que se incrementara la carga de la deuda con el sistema.
Pero la crisis no es de ahora…
Venimos en un debate desde hace ya un par de años. Lo que recibe el sistema y le aporta el Estado por cada colombiano afiliado es insuficiente. Y es otra manera de quebrar el sistema. No reconocer la UPC, que no es otra cosa que los recursos que el Estado aporta por cada uno de los colombianos, no reconocer el valor real del aporte, es llevar a que el sistema se quiebre.
¿Usted ha usado el sistema?, sobre este recaen muchas quejas de los colombianos…
Hace 15 días tuve mi chequeo anual con un TAC que me hacen en la cabeza. Estuve en la Fundación Santa Fe. Por fortuna salió bien. Pero yo me encontraba sentado en la sala de espera y pude apreciar que quienes entraron antes y quienes estaban esperando turno para practicar este costosísimo examen eran todas personas en extremo humildes y de bajos ingresos. Y podían acceder a ese examen en semejante máquina, que es muy moderna. Para todos ellos el costo no ascendía a más que la compra de un bono de $25.000. Todo eso es lo que vamos a perder. Todo eso es lo que está en riesgo, pese a que eso es lo que los colombianos valoran: la posibilidad de que tanto los del régimen contributivo como los del subsidiado tengamos el mismo plan de atención y de servicios. Todo eso, me atrevo a decir, es lo que está en riesgo. Además, con la crisis del sistema ya también se están reduciendo y acabando los convenios con las clínicas y los hospitales privados.
¿Es posible aún concertar una reforma a la salud?
Uno esperaría que sí. Escuchamos en estos días la voz de los nueve senadores de la Comisión Séptima que se opusieron a la iniciativa del Gobierno expresando que van a trabajar en un texto para presentar el 20 de julio. Nosotros queremos sumarnos a ese esfuerzo, porque también, como ya le señalé, desde hace tres años estamos llevando nuestro propio proyecto. Además, creemos que debe tramitarse como una ley estatutaria y tenemos muchísimo que aportar. No es que nos opongamos a una reforma al sistema de salud. Todo es susceptible de mejorarse. Lo que pasa es que no creemos que haya que acabar con 30 años de experiencia.
En esa intención de construir una nueva reforma, ¿debe participar el gobierno Petro?
Naturalmente, lo ideal es que una reforma se tramite en consenso con el Gobierno, pero que se atiendan las sugerencias que a lo largo de todo este tiempo ha venido haciendo el cuerpo médico, las clínicas, los hospitales, las aseguradoras, los científicos. Que no se pretenda imponer su criterio. Qué lamentable que no se tramite una reforma y que termine imponiéndose la que les fue negada en el Congreso vía administrativa, que es lo que ya están haciendo y propiciando la quiebra del sistema. También interviniendo a las aseguradoras.
¿Usted ha buscado hablar con el presidente Petro sobre esto, o él lo ha buscado a usted?
Pues le comento de mi frustración en haber aceptado participar de la Comisión de Reforma a la Justicia. No veo que eso haya avanzado. No veo una metodología clara. No veo qué textos van a reunir consensos para ser llevados al Congreso. Muy frustrante. Por demás, nunca volví a ser convocado.
¿Le ve futuro a la apelación del hundimiento, presentada por el Pacto Histórico?
Eso es muy inapropiado. Ya no hay tiempo. Pero esperemos a ver qué concepto emite la Comisión y qué trámite se le da a esa apelación. Claro, está prevista en la ley quinta, pero resultaría muy inapropiado que por esa vía se le diera vida a una reforma que a todas luces no goza del apoyo ni congresional ni de la mayoría de los colombianos.
Exvicepresidente, cambiemos de tema. ¿Para dónde cree que va el país?
Más allá de la coyuntura, yo soy muy pesimista. Se le advirtió a este Gobierno de los riesgos que corrían la economía y el crecimiento económico, y se le advirtió cuando se discutía la reforma tributaria del 2022. Los hechos demostraron que estábamos en lo cierto. Aquí no hay sector hoy que levante cabeza. Postraron al sector de la vivienda, que tanto empleo genera. Procedieron también a comprometer al sector de la infraestructura. Hoy nos encontramos discutiendo si vamos a tener el autoabastecimiento en materia de gas y petróleo, cuando todos los países no están haciendo otra cosa que explorar y llevar al máximo su producción. Y así en todos los sectores.
¿No ve algún punto a destacar?
Pues fíjese usted que ningún sector hoy levanta la cabeza con cifras positivas. Entonces, si la economía va mal, el orden público ni qué decirlo. Yo vengo recorriendo todo el territorio nacional y no he llegado a ningún departamento en el que el primer tema no sea cómo se ha deteriorado el orden público, cómo han regresado los secuestros, cómo se ha disparado la extorsión, el abigeato, los homicidios. Lo peor es que se siente la impotencia de la Fuerza Pública para intervenir. Si el orden público va mal, si la economía está mal, yo pensaría que la institucionalidad también se ha debilitado.
¿Cuál es su evaluación de la estabilidad institucionalidad, en medio de la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso?
Por lo que estamos viendo a este Gobierno no respeta ni la independencia de poderes, y me temo mucho que muy pronto tampoco el Estado de Derecho.
Hay sectores que aseguran que el presidente Petro se está radicalizando. ¿Lo ve así?
Sí. El presidente Petro se está radicalizado. Ya todos los nombramientos son de sus antiguos compañeros del M-19, de su gente de confianza. Y tienen muy poca experiencia en materia de administración, lo que se ha traducido en una bajísima ejecución, lo cual es muy grave porque en los momentos de recesión es cuando el Estado tiene que tomar la iniciativa definiendo unas políticas contra cíclicas, estimular el crecimiento y regando recursos públicos a la economía.
¿Aún sigue viendo con buenos ojos una Asamblea Constituyente?
Cuando el Gobierno anunció que se iba a vincular al proceso constituyente, en su momento pensé que era con lo previsto en la Constitución y que está consagrado en el artículo 376, que prevé que debe tramitarse un proyecto de ley en el Congreso, ser aprobado en una y otra cámara, ir a control de constitucionalidad en la Corte y luego ser consultado con el pueblo colombiano; y en el evento de que los colombianos lo aprobemos ahí sí elegir a quienes vayan a ser los constituyentes. Pero me temo mucho que el Gobierno está pensando en otro camino por fuera de la Constitución. No descarte usted que se esté preparando un decreto para invocar una emergencia similar a lo que ocurrió en el año 91 y proceder a elegir una constituyente segmentada que le garantice mayorías al actual Gobierno.
Pero hay un consenso generalizado en que la Corte Constitucional hace bien su trabajo…
Será, si eso pasa, la mayor prueba de fuego cuando emitan ese decreto y la Corte Constitucional se vea obligada a suspenderlo. Pero eso va a requerir que, para ese entonces, la mayoría de los integrantes de la Corte conserven también su independencia.
¿Qué espera usted para el 2026?, ¿será candidato?
Lo único que quiero es definir e impulsar políticas públicas, visibilizar los problemas y, como ya le dije, quién sabe qué nos depare en las elecciones del 26. Además, quién sabe si para ese entonces sigamos gozando y teniendo un Estado de Derecho y una democracia que les permita a los candidatos participar, o si vamos a tener que repetir lo que ocurrió en Venezuela. A propósito, no entiendo cómo el Gobierno colombiano se va a validar la reelección de (Nicolás) Maduro.
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Por Laura Duarte Sandoval
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