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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Feminicidios, cosificación, agresiones, acoso, matrimonio infantil. Están atacando a adolescentes, también a niñas. En este 2024, tan solo en la capital del país, 5.785 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales entre enero y septiembre y, de acuerdo con Medicina Legal, se han valorado a 1.591 por riesgo de feminicidio. Hay localidades donde es un verdadero riesgo caminar solas por la calle. Acciones de las que se espera que la justicia haga valer todo su peso, como la de una mujer que perdió a su bebé tras ser apuñalada por su pareja. Hay maltrato físico y psicológico. Este boletín, en un registro necesario para visibilizar una realidad que se está viviendo en Colombia, busca que la conversación sobre los derechos de las mujeres esté presente, vigente y aumente buscando un cambio, pues como dicen expertas consultadas por este diario, “la prevención de violencias sigue siendo precaria”. Comencemos.
En el puente festivo del día de la madre, en Colombia, se registraron dos feminicidios. Estefanía Franco Daraviña, de 30 años, había sido agredida por su pareja, pero falleció a causa de las tres lesiones en su cuello con arma blanca que al parecer le propinó el hombre delante de sus hijas de 3 y 10 años. Ingrit Vanesa Castro fue la otra víctima quien, de acuerdo con la investigación, al parecer fue atacada por su expareja, con quien había terminado la relación hace seis meses, pero la venía acosando hasta que la atacó.
Los organismos de control y distintas organizaciones ya alertaban sobre la situación. “De acuerdo con la Procuraduría, 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio en enero, 11 fueron cometidos presuntamente por su pareja o expareja sentimental” usando arma blanca o cortopunzante. Y “un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, daba cuenta de que, hasta febrero de 2024, se reportaron veinte casos de mujeres víctimas de feminicidio (consumado o no consumado); junto a 84 alertas de agresiones significativas desde Medicina Legal”.
El Espectador le explica los casos de ataques violentos en contra de niños y niñas
El 29 de mayo el país fue testigo, por medio de videos que circularon en redes sociales, de otra desastrosa noticia: “Lamentamos los hechos que ocurrieron en la tarde de hoy. Un hombre llega al local comercial y luego de tener una discusión acalorada, saca un arma cortopunzante que portaba él y la agrede en múltiples ocasiones causándole la muerte”, detalló la mayor Viviana Alvarado, comandante de Patrullas Púrpura. Se refería al caso de una mujer de 32 años a la que le quitaron la vida mientras trabajaba en un local de un centro comercial en el norte de la capital. De acuerdo con la información, para esa fecha, se habían registrado en lo corrido del año (cinco meses) 30 feminicidios en Bogotá, contaron los reporteros de la sección Bogotá. La prima de la víctima contó una versión de la situación entre Stefanny (la víctima) y su esposo (el victimario). “Ella se fue a Bogotá con su esposo para buscar una mejor estabilidad, ya que las cosas en Barranquilla estaban complicadas. No sabíamos que tenían problemas serios; solo supimos que tuvieron una discusión el domingo, y ella decidió dejarlo y tomar distancia”.
Veníamos de otro caso que demuestra la maldad a la que puede llegar un ser humano: una mujer en estado de embarazo perdió a su bebé tras ser apuñalada por su pareja. “Era instrumentalizada por parte del victimario, a tal punto de declarar ante las autoridades que este sujeto le habría ocasionado las agresiones ‘sin intención’”, indica el reporte de las autoridades. El documento añade que la víctima interpuso una denuncia de oficio, con la cual las autoridades procedieron a capturar al sujeto”.
Los casos siguen y siguen. Violencia sexual, una señora de 58 años desaparecida y luego hallada sin vida:
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Varios asuntos se van repitiendo, como si esto fuera un espiral que va llevando a puntos repetidos: la violencia se vive en el escenario privado (en casa) también va pasando al público (casos como el del centro comercial), con antecedentes de ataques en pareja que incluso ya han sido denunciados o, como en otros casos, un delincuente previamente procesado pero que está libre para cometer nuevamente sus delitos; impotencia ciudadana, lamentos de las autoridades, cifras y cifras, familiares acusando de incompetencia a las autoridades, niños que quedan sin sus madres y padres que quedan sin sus hijas.
Los colegas de la sección Bogotá citando a la Procuraduría, contaron que “cada semana han muerto en el país cuatro mujeres, víctimas de feminicidios, a manos de sus parejas o exparejas sentimentales”. Pero otras cifras recopilaban la Policía de Bogotá y la Fiscalía. Por ejemplo, “el Observatorio de Equidad y Generó de Bogotá señala que a corte de abril tenían reportes de 29 casos, solo que no todos están tipificados como feminicidios por la Fiscalía, pero son analizados con perspectiva de género”, nos explicaban. “Las cifras proveen información importante a la hora de emitir la política pública criminal. Debemos entender que existen subregistros y que los datos deben servir para poder segmentar a la población en riesgo y así lograr mayor cobertura en materia de prevención”, analiza Luz Mercedes Cevallos Sánchez, coordinadora del Programa de Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario. Pero, para empezar, todas las entidades y organismos de control deberían unificar datos, pues ya lo decía la analista: con esa data se puede trabajar en política pública en materia de prevención.
Sin embargo, esta situación no da espera y algo se debe hacer, al menos con acciones pequeñas. Por ejemplo, “estrategias como la Línea Calma, pensada para que los hombres puedan ponerles palabras a sus sentimientos y aprender a manejar situaciones emocionales como la ira, la frustración, los celos, los duelos amorosos, la preocupación por motivos económicos o familiares, la ansiedad, la depresión, entre otros, bajo una orientación emocional, psicosocial y de género, son apuestas importantes que, si bien son susceptibles de mejoras, son fundamentales. En especial, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de situaciones relacionadas con violencias de género son ellos los victimarios”, escribían Juan Camilo Parra y Camilo Tovar Puentes.
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No pasaba ni siquiera un mes y una niña de tres años era la víctima. “Celeste Morales presenta signos de trauma, ingresa sin signos vitales, evidenciando hematomas en la cara, tórax, abdomen y extremidades, fallece en el hospital Kennedy”. De acuerdo con los galenos, la menor “venía sufriendo desnutrición, y según lo manifestado por la abuela, la niña había sufrido un accidente días antes cayendo de las escaleras de la casa”. A su padrastro le imputaron por su muerte y por pornografía infantil. Fue enviado a prisión. Gerson Bermont, secretario de Salud, reconoció ante El Espectador que las estrategias de salud mental para atender a la población, con un enfoque en prevención de casos de violencias de género, han sido insuficientes: “No podemos decir que funcionan cuando siguen presentándose feminicidios”.
Habló de las rutas de atención, pero está claro y es evidente que no cumplen con su objetivo. “No podemos quedarnos en que hay 655 mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá, cuando desde la Secretaría de Salud tenemos indicio de 4.922 atenciones a mujeres por abuso. Puede que los casos extremos suenen más, pero detrás hay todo un mundo de mujeres sufriendo violencias cotidianas”, agregaron las autoridades.
En medio de esta suma y suma de reportes, se conocía sobre la condena de un hombre procesado por la muerte su pareja, un caso que tuvo toda la atención nacional por el cúmulo de detalles que se fueron conociendo y la forma en la que el sindicado pretendía evadir su responsabilidad. En Fusagasugá, Cundinamarca, se conocía de una mujer que había denunciado violencia en su contra por parte de su pareja. A ella le dispararon, acabaron con su vida y las autoridades tenían como principal sospechoso precisamente al acusado de los actos violentos.
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María Angélica García Puerto nos recordaba que “Bogotá fue la primera en crear la secretaría de la Mujer, que han replicado otras ciudades”, pero que, a pesar de eso, existen retos en articulación institucional para que, desde todos los frentes, se proteja la vida de las mujeres”. Y volvió a traer sobre la mesa un testimonio desgarrador, que resume muy bien el problema que tenemos como sociedad, los actores y como el sistema responde: “Lina María Suárez, de 30 años, vio pasar su vida en segundos: su expareja intentó matarla el pasado 9 de mayo, cuando se encontraba trabajando en una salsamentaria del barrio Suba Compartir. El sujeto, a sangre fría, le disparó seis veces y luego intentó, sin éxito, quitarse la vida. “Me decía, ‘estoy esperando que se muera para irme’. Cerré los ojos y dejé de respirar por un momento, para que él viera que estaba muerta. No pensaba sino en mis hijos. No podía dejarlos solos”. Para ella, las instituciones la dejaron sola. Si bien tuvo que acudir a una Comisaría de Familia, donde emitieron una orden de alejamiento al agresor, “él seguía escribiéndome y lo bloqueaba. Nunca le importó la medida y me buscaba en el trabajo. Los policías nunca fueron y empezaron a ir dos veces al día después del hecho, pero ya para qué”, dijo.
Y entonces, ¿qué hacer? “Bogotá ha firmado dos acuerdos importantes para brindarles a aquellas mujeres en riesgo, un acompañamiento institucional: las casas refugio y la Ruta Única de Atención de Violencias. En esta última, integra a las secretarías de la Mujer, Salud, Integración Social y Seguridad, así como a la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal, la Defensoría y la Personería. Todas, tienen la responsabilidad de orientar a las víctimas en riesgo de feminicidio. Pero la realidad es distinta. El famoso ‘pinponeo’, que obliga a las mujeres a ir de una institución a otra sin encontrar respuesta, termina siendo una revictimización institucional. Obligarlas a repetir su relato; minimizar la violencia de que fueron víctimas, u obligarlas a encontrarse con su agresor en una audiencia, para definir medidas de protección, son apenas algunos ejemplos”, analizaba María Angélica García Puerto. A gran escala, lo mismo que sucede en el resto del país.
Destacado: La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que, de ahora en adelante, cualquier muerte violenta de una mujer la investigarán bajo la hipótesis de feminicidio, independientemente de que no se tengan indicios. Por su parte, el Gobierno Nacional avanzó en la firma de la Ley que eliminó el beneficio de prisión domiciliaria para los feminicidas, incluso, cuando hayan cumplido la mitad de la condena.
Ahora, el otro capítulo en el que hay mucho por trabajar es el del llamado ‘Síndrome de Alienación Parental’, SAP, argumento que usan abogados defensores y acusados cuando menores de edad o familiares de la víctima entregan su testimonio en distintos casos de violencia, pero se argumenta que dichos testimonios podrían no ser verdaderos y que se tratan de acciones manipuladoras o vengativas por parte de las madres de los menores de edad. Es decir, que los “alinearon por sus madres” para testificar a su favor. Lo lamentable de todo esto es que incluso se ha tildado a los y las niñas como mentirosos, pero existen pruebas de que incluso los menores fueron víctimas de abuso.
A principios de este año, nos contó Mariana Escobar Bernoske, que la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema y proscribió el uso del diagnóstico de SAP como una prueba o argumento válido, especialmente, ante procesos de custodia: “No está acreditado actualmente por la ciencia, en tanto lesiona los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes; reproduce estereotipos de género y genera eventos de discriminación y, por lo tanto, violencia contra la mujer en razón del género”.
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Y mientras en una parte del país se atiende esta lamentable realidad, en otra región las cifras no solo registran más y más violencia, sino que evidencian lo que distintas organizaciones y activistas han llamado “emergencia de violencia contra la mujer”. Alejandra Ortiz, de Género y Diversidad, así lo contó: “Alerta de feminicidios en Antioquia: cuatro mujeres asesinadas en 72 horas”. Y para contextualizar esos nuevos casos, nos contó: “La cifra de feminicidios y violencia contra la mujer en Colombia no se detiene. Según la Procuraduría General de la Nación, hasta junio de este año se han reportado 121 feminicidios alrededor de todo el país, perpetrados en su mayoría por exparejas de las víctimas. No obstante, el Observatorio de Feminicidios de Colombia reporta más de 400 casos de este delito. Antioquia es el departamento que más casos ha reportado, redondeando una cifra de 53 casos. En el año 2023, en ese mismo periodo de tiempo, Antioquia había reportado cerca de 40 mujeres asesinadas”.
¿Y qué pasa cuando los victimarios quedan libres? ¿Por qué sucede, incluso, cuando hay pruebas en video y otros testimoniales? Errores en la medida de aseguramiento, por ejemplo. Contamos el caso de Gladys Rodríguez cuando su pareja, al parecer, quiso hacer ver la muerte de la mujer como un suicidio, pero “la lucha del hijo de la víctima llevó a la Fiscalía a investigar a fondo y ahora el presunto responsable está tras las rejas”.
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Matrimonio infantil: una realidad con profundas secuelas en niñas y adolescentes
Un hombre atacó a su expareja en un bus del transporte público, en otra zona de Bogotá, una mujer de 30 años era asesinada al frente a su vivienda por el que sería su pareja, tras propinarle varias heridas en el abdomen con arma corto punzante. En un paga diario, a otra víctima de presunto feminicidio, le quitaban la vida y su víctima estaba prófugo de la justicia. Una menor de edad, a sus 16 años, era asesinada por otro menor de edad que era identificado como su pareja. “De acuerdo con las autoridades, la víctima, una menor de 16 años identificada como Michelle Rojas, murió luego de que el señalado agresor, otro joven de 15 años con el que mantenía una relación sentimental, le disparara en medio de una discusión que mantenían, al parecer, por temas relacionados con la relación que los unía”, contaron los periodistas de la redacción Bogotá.
Juan Camilo Parra reportó el caso de la niña de 8 años donde fue su familia quien denunció al presunto agresor. Resultó ser el abuelastro de la niña, de acuerdo con un texto que la menor escribió en una agenda. “Hay un factor que es la oportunidad. El acceso a los menores implica una cercanía para poderlos agredir, resulta mucho más fácil en aquellos entornos donde los niños deberían tener un espacio seguro, por eso este proceso de victimización familiar en los casos donde el agresor hace parte de ese entorno familiar o del educativo lo encontramos como un factor específicamente aprovechado por el victimario, abusando de esa relación de poder”, explicó a El Espectador, Luz Mercedes Cevallos Sánchez, Coordinadora del Programa de Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario.
Para ese instante, septiembre, Luisa Fernanda Orozco, de la redacción de Salud, nos adentraba en un capítulo de nuestra sociedad que todavía resulta difícil de entender: “Matrimonio infantil: una realidad con profundas secuelas en niñas y adolescentes”. Se trata de “abandono escolar, violencias basadas en género y embarazo temprano” como “algunas de las consecuencias que genera el matrimonio infantil”. Y nos recordaba que era una práctica que estaba a punto de prohibirse en Colombia. ¿La razón? Un proyecto de ley al que le faltaba solo un debate. Para concientizar al país, ella habló “con víctimas de esa práctica y contamos algunos esfuerzos que se están haciendo en varias regiones para evitarlo”.
Todos los detalles aparecen en este texto, pero dejamos la entrada aquí: “Laura* cursa décimo grado en un colegio de Pivijay, en el departamento de Magdalena. Ella cuenta que, desde siempre, ha conocido a la mayoría de sus compañeras y compañeros, así sea a ojo. Lo dice así porque, un día, una de las niñas que estudiaba en su mismo grado dejó de ir a clase. Sus amigos no daban razón de ella y sus profesores tampoco. “Hasta que nos dimos cuenta de lo que había pasado”, recuerda Laura. “La casaron con un señor mucho mayor y los papás estuvieron de acuerdo con eso. Meses después la vimos embarazada y ya no volvimos a saber más””.
Pero los derechos de las mujeres no solo atraviesan por temas de violencia. También hay que recordar los asuntos laborales, su participación en democracia, la lucha que “busca reconocer la menstruación como un asunto de derechos humanos” y, como el matrimonio infantil, una práctica que cuesta entender: la mutilación genital:
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El asunto, para distintas entidades y organismos de control, va en que “según datos de la Fiscalía General de la Nación, con corte al 15 de octubre, en Bogotá se han documentado 22 feminicidios. La cifra preocupa, ya que, en datos presentados en el Concejo, se destaca que en 2023 se registraron 21 feminicidios en todo el año. Los casos, evidentemente, han aumentado. De otro lado, información presentada por la concejala Heidy Sánchez en recientes debates, indican que entre 2020 y 2023 hubo 5.841 mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá, siendo Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy las localidades con más casos. Para 2024 ya se registran 655 casos”, escribieron los colegas de la sección Bogotá. Sí, las cifras lo demuestran: “Los feminicidios en Bogotá están al alza”.
Más y más casos exigen no solo a las autoridades sino al país entero que se haga algo. Que se levante la voz de protesta. Que se exija al aparato judicial. Pero también a un asunto de educación y la posibilidad de trabajar en prevención. Julieth Merchán denunció que tuvo una relación que duró alrededor de seis meses y terminó debido a episodios de violencia cometidos por parte de Cristian Osorio. “Me amenazó con matarme, decía que me llenaría la boca de munición, me seguía y aparecía tanto en mi casa como en mi trabajo”, relató Julieth. El hombre fue patrullero de la Policía Nacional.
En medio de toda esta serie de casos y casos de violencia, una buena noticia por fin llegó: el pasado 13 de noviembre se logró que el Congreso aprobara la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) en Colombia. ¿Eso qué quiere decir, aunque parezca obvio? Que “ninguna niña o adolescente pueda casarse, una práctica que hasta ahora era permitida a partir de los 14 años con autorización de sus padres”, una “iniciativa que marca un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, enfocándose en reducir los riesgos asociados a las uniones tempranas como la violencia, el embarazo infantil y la limitación de oportunidades de desarrollo”.
La redacción Judicial explicó que “el proyecto de ley aprobado cuenta con dos enfoques principales. El primero es preventivo e impulsa campañas pedagógicas para fomentar proyectos de vida digna y autónomos en la niñez y adolescencia, con el objetivo de evitar las MIUT. El segundo es un cambio en la legislación civil que elimina la posibilidad de matrimonios o uniones formales cuando uno o ambos contrayentes son menores de edad”.
Pero esta aprobación tiene un capítulo por escribir y ese es el de las comunidades indígenas. Una dato que entregó la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico: “Mi mamá tenía 15 años cuando me parió, y mi papá tenía 63″. Entonces fue ella quien insistió en la necesidad de que políticas públicas como aquella que prohíbe el matrimonio infantil sean implementadas con la concertación con comunidades indígenas y cuenten con una estrategia de prevención para que no se estigmatice a los pueblos, dijo. ¿Por qué? “Este proyecto de ley me toca culturalmente. Yo vengo de una cultura, de un pueblo, donde nosotras somos consideradas mujeres una vez nos llega nuestro primer periodo, con nuestra primera menstruación. Yo apoyo el proyecto, pero soy consciente de que estas políticas públicas deben generar una transición cultural en el interior de nuestros pueblos indígenas”, indicó. “Que la política de prevención esté en los colegios indígenas, esté también en lengua. No ha sido fácil para mí, incluso desde mi misma comunidad, hablar con mis autoridades y hacer entender que son niñas”, agregó. “Nosotros apoyamos el proyecto de ley, pero sí queremos que esta política pública genere un espacio de concertación y de debate para que también los pueblos indígenas empiecen a priorizar por encima de sus pensamientos, de su sabiduría, los derechos de las niñas”.
Pero las malas noticias son las que siempre llegan primero. Yelena Stefi Arboleda Mendoza, más conocida como Naomi, fue asesinada la madrugada del 11 de noviembre de 2024 en el barrio Las Cruces. Entonces Juan Camilo Parra habló con Valeria Arboleda Mendoza, la deportista olímpica de boxeo que representó a Bogotá en París 2024, pues era su hermana. Se refirió al feminicidio y pidió justicia no sin antes hacerle un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán.
Naomi volvía a su casa de departir con una amiga esa madrugada de lunes, cuando, “tres hombres que debieron ver a mi hermana vulnerable y por el hecho de ser mujer, la abordaron, la metieron en una casa, ubicada a una cuadra de la casa de nuestros papás, y allí fue donde perdió la vida. Más adelante los sujetos la dejan abandonada a la intemperie, con un gorro en la cabeza, oculta para que nadie la reconociera”, cuenta la deportista. Esto lo sabe la familia por las averiguaciones propias que ellos mismos han hecho, porque “ni la Fiscalía, ni los investigadores se han comunicado con nosotros para darnos alguna luz de lo que pasó”. Y como el de ella, siguen y siguen los casos:
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Pueden existir leyes, pueden existir líneas de apoyo y de ayuda, pero está claro que a los victimarios poco les importa, por eso es tan necesario el capítulo de la educación, de la prevención, de la concientización. Quienes agreden a las mujeres no solo están en la calle, también están en la casa, han sido sus parejas y hasta los padres de sus hijos. Por eso esta realidad parece un círculo del que no salimos como sociedad. Por eso es tan necesario poner esta verdad sobre la mesa para que se conozca más y más, para que se discuta, para que no se permita, para que se judicialice, para que entienda que a las mujeres hay que protegerlas y no atacarlas.
Juan Camilo Parra escribía el más reciente texto en la edición impresa de El Espectador en donde contó que, de acuerdo con el estudio “Espacio Público para las Mujeres” del Dadep, en Bogotá, el 35 % de las mujeres reportó haber sido víctima de acoso sexual callejero; el 44 % indicó que elige su ropa diaria pensando en evitar el acoso, y la mitad dijeron no sentirse seguras en parques, plazas o la noche. “Ante este panorama, es imperativo fortalecer políticas públicas que aborden tanto la atención como la transformación de las estructuras culturales que sostienen estas violencias”, señaló Quena Ribadeneira, concejala de la capital del país.
Una verdadera tragedia. Hay mucho por hacer, empezando porque las entidades deben sincronizarse y tener cifras unificadas. Pero, más allá de cifras y de programas, tenemos que ver como sociedad casos como el de Julieth Merchán, para tratar de evidenciar las fallas y el qué debemos hacer, empezando por la protección de sus derechos: “La patrulla púrpura es un saludo a la bandera. Como víctima te das cuenta de que no basta un golpe, no basta un intento de feminicidio, no bastan las pruebas que tengo en las que efectivamente se denota que él me quiere matar, para tener una actuación. Estoy viva por mis propias acciones, la denuncia pública y la comunidad civil que se presta a proteger a través de distintos medios. Esa actuación debería ser inmediata para alguien que te quiere asesinar. No es que no denuncien. Denuncian y las matan”, dice.
La secretaria de la Mujer, Laura Tami, fue enfática: “No descansaremos hasta que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que alerten a las autoridades frente a cualquier caso de violencia contra las mujeres y activen la Ruta Única de Atención en caso de violencia o riesgo de feminicidio”. El alcalde Carlos Fernando Galán también habló: “Cada feminicidio es una derrota para la sociedad y una herida profunda para la ciudad”. El problema es que, al contrario de lo que todos deseamos, ya se cuentan más y más casos. Y, como dice Julieth Merchán: no se trata de alertar, porque sí lo hacen. Sucede que, incluso denunciando, las están matando.
Las líneas de atención por violencias basadas en género son:
- 155: Orientación nacional a mujeres
- 141: ICBF
- 018000112137 o Whatsapp 3007551846: Línea Púrpura
- 314 7709729 – 315 8942140: Sisma Mujer
- 123: línea de emergencia
- 122: Fiscalía
En este documental titulado “Derechos de las mujeres en Colombia, país machista y patriarcal” explora precisamente “la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en Colombia” y detalla cómo “su principal adversario ha sido el machismo, que durante siglos les impidió estudiar, hacer empresa, tener propiedades, practicar deportes, votar y hasta decidir sobre su propio cuerpo”.
Por eso, antes de terminar este boletín, les recomendamos verlo, pues allí es evidente lo que hemos vivido por años y que hoy vemos reflejado, en parte, en todas estas violencias contra la mujer: “El patriarcado se encargó de construir un país en el que la mujer estaba destinada a casarse, era obligada a tener hijos y tenía a su cargo la responsabilidad de los cuidados del hogar. Dicha situación ha venido cambiando, aunque de manera muy lenta. La Ley 28 de 1932 permitió a las mujeres administrar sus bienes; las reformas educativas de 1933 facilitaron su acceso a la educación superior; el derecho al voto para las mujeres fue aprobado en 1954 y es ejercido en Colombia desde 1957. La Constitución de 1991 estableció la igualdad de derechos para las mujeres y abrió puertas para una mayor representación política femenina”.
Se trata de un capítulo de “”Lo sé de memoria” (serie documental de El Espectador y RTVC) que aborda la participación de las mujeres en la vida pública de Colombia y explora los movimientos feministas y colectivos que han visibilizado las desigualdades e inequidades de género”, detallan sus realizadores.
Como muy bien lo dijo una de las fuentes consultadas por los reporteros de este diario, “la prevención de violencias sigue siendo precaria”, el país sigue pasando por encima de derechos básicos de las mujeres y si no logramos como sociedad hacer respetar lo más primordial que es la vida, seguiremos teniendo una deuda pendiente y muy grande en Colombia. Ayer fueron todas ellas, mañana puede ser una integrante de su familia.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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