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Hace una semana, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca excluir del pago del IVA al alimento para perros y gatos. La iniciativa, de autoría de la senadora Andrea Padilla y del representante a la Cámara Wilmer Castellanos, ahora será discutida en la plenaria de esa corporación. Será el segundo de los cuatro debates que debe superar antes de convertirse en ley.
El proyecto, que se presenta por segunda vez en la Cámara (fue archivado en su primera oportunidad a mediados del año pasado), quiere modificar el Estatuto Tributario para excluir del pago del IVA del 5 % a los alimentos para perros y gatos en las ventas al por menor. Castellanos le dijo a este diario que la medida busca beneficiar a los hogares de los estratos 1, 2, 3 y 4 que tengan mascotas, así como a los refugios de animales o fundaciones de protección animal.
El problema, a ojos de varios científicos, es que el proyecto de ley no contempla el impacto ambiental asociado a la alimentación de los animales domésticos, por lo que podría entrar a considerarse como un incentivo perverso para la biodiversidad.
Además, en su primer paso por el Congreso, la iniciativa no contó con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda por varias razones. La principal, aseguró la cartera en ese entonces, era que el proyecto no estaba en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, una exigencia que debe cumplir toda iniciativa legislativa. Aunque el representante Castellanos reconoció que el actual proyecto es idéntico al que se hundió hace un año, señaló que ya se encuentran trabajando con la cartera para que “moderen el concepto y tengamos el concepto positivo del gobierno”.
Comida para perros, el “país” número 60 en emisiones
En Colombia no sabemos con certeza cuántos perros o gatos hay. Una de las últimas cifras oficiales con la que cuenta el país, emitida en noviembre de 2019 por el Ministerio de Salud, señalaba que, según el censo estimado de animales susceptibles para vacunación de 2018, había 7.110.711 animales domésticos, de los cuales 5.393.052 eran perros y 1.717.659 eran gatos.
Un reciente estudio de la organización Cifras y Conceptos, la facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y el Instituto Humboldt, estimó que el 57 % los hogares colombianos tienen mascotas. De estos, el 71 % tenía perro y el 51 % gatos. El documento, además, mostraba una tendencia que no es exclusiva de nuestro país: el aumento de los hogares que tienen al menos uno de estos animales domésticos. Mientras en 2011 el 38 % de los hogares aseguraba tener un perro y/o gato, ese porcentaje llegó al 57 % en 2023 y 2024. Es un patrón que se replica a nivel global, según lo han reportado varios estudios.
A pesar de los múltiples beneficios físicos y psicológicos que han demostrado tener los animales de compañía en la vida de sus propietarios, desde hace varios años científicos han alertado del impacto ambiental que estos tienen. Un estudio publicado en 2021 en la revista académica Veterinary Clinics, ponía el foco en dos problemáticas: “las crecientes poblaciones de mascotas urbanizadas se han relacionado con la pérdida de biodiversidad de la vida silvestre debido a la depredación y las perturbaciones, así como un mayor consumo de bienes y servicios”.
Para entender la primera, no hay que ir muy lejos. En 2022 se publicó el primer estudio para Colombia que estimaba la cantidad de aves que son matadas por gatos domésticos en áreas urbanas y suburbanas. La cifra, de acuerdo con el artículo, publicado en la revista Avian Conservation & Ecology, señalaba que, anualmente, estos animales mataban entre 3 y 12 millones de aves y entre 8 a 29 millones de fauna vertebrada en los Andes de nuestro país. Esto, decía su autor, el biólogo Raúl Sedano, sin contar que las estimaciones podrían ser más rigurosas si se conociera mejor el tamaño de la población de gatos.
Con los perros, el problema suele aparecer cuando estos animales son abandonados y, tras varias generaciones, se vuelven salvajes o asilvestrados, lo que también se conoce como ferales. En los últimos años, múltiples autoridades han alertado sobre las perturbaciones que estos perros están causando en zonas rurales e, incluso, en Parques Nacionales Naturales, donde atacan y desplazan a la fauna silvestre.
Mientras esta primera problemática, sobre la que alertaban en 2021 los investigadores de la Universidad Estatal de Kansas (Estados Unidos), se ha estudiado desde hace décadas en varias regiones del planeta, la segunda, relacionada con el consumo de bienes y servicios por parte de estos animales, se empezó a estudiar relativamente hace poco.
“En contraste con el debate sobre el creciente impacto ambiental global de los sistemas alimentarios humanos, y de los productos ganaderos en particular, los impactos ambientales de las mascotas —la ‘huella ambiental’— han recibido mucha menos investigación”, resumían un grupo de investigadores británicos a finales de 2020. En el estudio que publicaron en ese momento, en la revista académica Global Environmental Change, presentaron la primera evaluación global del impacto ambiental de los alimentos para mascotas.
Es justamente por este impacto ambiental que varios investigadores colombianos consideran como “un riesgo” el proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República. “La industria de alimentos para mascotas está en gran medida sostenida por monocultivos intensivos, que tienen efectos devastadores en nuestros ecosistemas: deforestación, pérdida de biodiversidad, y degradación del suelo”, apuntan desde Biodiversos, una plataforma ciudadana integrada por científicos del país.
Para Sonia Spitaletta, ingeniera química con maestría en Ambiente, y Claudia Calao, consultora en temas ambientales e integrante de la UTL de la Representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, quienes hacen parte de Biodiversos, la iniciativa de Castellanos y Padilla podría resultar siendo un incentivo perverso para la biodiversidad.
Si bien no existe un estudio a nivel nacional que permita estimar el impacto ambiental que tiene el consumo de alimentos por parte de los animales domésticos, Spitaletta y Calao se remiten a los hallazgos de estudios como el que los científicos británicos publicaron en 2020. En este trabajo, los investigadores de la Universidad de Edimburgo (Escocia), calcularon que la producción anual de alimentos secos, a nivel mundial, estaba asociada con entre 56 y 151 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO₂, lo que corresponde a entre el 1,1 y el 2,9 % de las emisiones agrícolas mundiales. Este sector ha sido identificado como el principal responsable de la pérdida de biodiversidad en el mundo y, con el 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, también es uno de los que más contribuye al cambio climático.
El estudio de los científicos británicos también estimó que la producción anual de alimentos secos para las mascotas ocupa entre 41 y 58 millones de hectáreas de uso agrícola, así como entre 5 y 11 kilómetros cúbicos de uso de agua dulce. “Estos impactos —aclararon los investigadores— equivalen a una huella ambiental de aproximadamente el doble de la superficie del Reino Unido, y harían que las emisiones de gases de efecto invernadero de los alimentos para animales de compañía se situaran en torno al 60.º (sexagésimo) país emisor, o equivalieran a las emisiones totales de países como Mozambique o Filipinas”.
Ante evidencias como esta, Spitaletta y Calao se preguntan por qué deberían seguir otorgándole beneficios tributarios a sectores que tienen considerables impactos ambientales sobre la biodiversidad y el clima. Como recordó la ex viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés, en el concepto que esa cartera envió hace un año a la Cámara de Representantes, ese tipo de bienes gozan de una tarifa reducida del 5 % en el impuesto sobre las ventas.
Durante el primer debate en la Cámara, la representante María del Mar Pizarro radicó una proposición para crear una mesa técnica en la que se escucharan los argumentos que desde Biodiversos han planteado sobre el proyecto de ley. Sin embargo, la propuesta fue negada. Mientras tanto, el representante Castellanos le aseguró a este diario “estar abierto al diálogo” aunque reconoció que no sabe a qué impactos ambientales se refieren quienes se oponen a su iniciativa.
Una propuesta con impacto fiscal negativo
El proyecto que fue discutido en primer debate durante la semana pasada tiene los mismos cuatro artículos que el texto que pasó a segundo debate del año y que terminó archivándose. Como explica la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a los productos excluidos no se les aplica este impuesto al momento de la venta o importación, y los productores y comerciantes no pueden recuperar el IVA que ya pagaron en sus insumos.
Sin embargo, Castellanos le dijo a este diario que el verdadero objetivo es lograr que estos productos estén exentos del IVA, para lo cual ya está en diálogo con el Gobierno Nacional. Este cambio implica un mayor impacto fiscal al estimado por el Ministerio de Hacienda, pues se mantiene la tarifa del 0 % en la venta, pero los productores y comerciantes sí pueden recuperar el IVA que pagaron en la cadena de producción a través de la declaración de impuestos.
En el concepto que la ex viceministra Valdés envió el año pasado, aseguraba que “excluir más bienes del impuesto sobre las ventas tiene como consecuencia que la Nación asuma mayores gastos tributarios, los cuales erosionarían la base gravable del Impuesto sobre las ventas tipo valor agregado – IVA”. Esto, añadía la funcionaria, generaría un impacto fiscal negativo de $41.000 millones anuales, “el cual afectaría las finanzas públicas y no estaría en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023″.
Valdés agregaba otro dato que cuestionaba a quiénes iba a beneficiar el proyecto. Aunque Castellanos y Padilla aseguran que el beneficio está dirigido a las familias de estratos uno a cuatro, así como a refugios y fundaciones, la ex viceministra de Hacienda recordaba que el 63 % del gasto total en alimentos para mascotas lo hacen los hogares con mayores ingresos (ubicados en los deciles 8, 9 y 10), quienes terminarían siendo los mayores beneficiados con la iniciativa.
“Esta cartera no encuentra razones que justifiquen la incorporación de nuevas exclusiones del IVA, siendo que, como se ha venido manifestando, la medida erosiona la base gravable del mismo”, concluía el documento en el que el Ministerio de Hacienda se abstuvo de emitir un concepto favorable al proyecto de ley.
Si el proyecto es idéntico al que ya fue archivado, ¿cómo esperan los autores de la iniciativa obtener un concepto fiscal favorable? El representante Castellanos le aseguró a El Espectador que en este momento se encuentran trabajando con el Gobierno Nacional para que esta vez el Ministerio de Hacienda “modere” el concepto y tengan el aval del ejecutivo, aunque no entregó detalles sobre cómo lo están haciendo.
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