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A mediados de febrero del presente año, el Gobierno en cabeza de Gustavo Petro le solicitó al Congreso modificar (mediante un proyecto de ley) el presupuesto que ya le había aprobado a la nación, es decir, $405,62 billones.
Las razones que motivan a este incremento obedecen al financiamiento de estrategias gubernamentales que permitan el crecimiento económico del país, en medio de una lucha contra la inflación, la desaceleración de la economía y los coletazos que persisten de la pandemia.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había solicitado una adición presupuestal de $23,2 billones, de los cuales el 89,2 % serían para avanzar en las transformaciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), mientras que el restante (10,8 %) estaría encaminado a cubrir obligaciones legales del Estado, así como la operación de sus entidades.
¿De dónde saldrían los recursos? El Gobierno explicó que estas adiciones provendrían de los recaudos resultantes de la nueva reforma tributaria (mismos que no se habían tenido en cuenta al momento de la aprobación del presupuesto), así como de los excedentes financieros que presente Ecopetrol.
No obstante, en el transcurso del debate para definir la ponencia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó un ajuste al proyecto, totalizando la adición en $16,9 billones, y no los más de $23 billones que se habían solicitado en la primera radicación. Dicho ajuste, menciona el documento de la radicación de la ponencia, obedece a la actualización del escenario macroeconómico y al propósito de adicionar únicamente aquellas partidas que sea viable ejecutar, en términos de provisión de bienes y servicios, en el segundo semestre de 2023. “No tiene sentido adicionar recursos para que estos eleven el rezago presupuestal”, detalla.
En estas primeras discusiones llamó la atención la escasa ejecución que han tenido los presupuestos que ya le han sido aprobados al Gobierno. Con corte a mayo, el Ministerio de Hacienda reportó que las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación sumaron $405,9 billones, de las cuales se han ejecutado, a nivel de obligaciones, un 32 %. Si a esto se le descuenta el servicio de deuda, queda un 27 % de los recursos, siendo este (según lo señalado en el documento) “el porcentaje más bajo de ejecución registrado desde 2001 para el igual acumulado del año”.
El grueso de este retraso se observa en inversión, donde se obligó el 21,3% del total apropiado. Este indicador llegó a 28,7% en funcionamiento y a 54% en servicio de deuda. En valores, de los $405,9 billones apropiados al culminar el quinto mes del año se habían comprometido $172,8 billones (42,6% incluyendo servicio de deuda), se obligaron $130,7 billones (32,2%) y se pagaron $127,9 billones (31,5%). Las apropiaciones, sin comprometer mayo ascendieron, a $233,1 billones.
Además de estas partidas, hay que tener en cuenta que este año también tiene en ejecución el rezago presupuestal constituido al cierre del año pasado, por $29 billones. Esta cifra equivale a 1,7 el monto de la adición que se está solicitando para el presupuesto del presente año.
“Se trata de asignaciones comprometidas y obligadas, constituidas como reservas presupuestales y cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2022, que deben completar su ciclo presupuestal y por tanto deben ser pagadas en el 2023. De este monto, al culminar mayo, se habían pagado $16,6 billones (57,5%). La mayor parte del rezago pendiente de ser ejecutado son gastos de inversión; del rezago total de inversión constituido ($11,5 billones) estaba pendiente por pagar $7,1 billones, es decir 61,7% del total”, precisa la radicación de la ponencia que será debatida el miércoles.
Con los ajustes hechos, las fuentes de financiación que contempla este proyecto de ley quedaron de la siguiente manera:
En cuanto al concepto de su distribución (funcionamiento, deuda e inversión), las asignaciones presupuestales quedaron de esta forma:
Finalmente, para tener una mirada más amplia de los sectores que más se verían impactados por la adición presupuestal, en la siguiente tabla se evidencian las modificaciones netas y el presupuesto definitivo que le correspondería a cada rubro:
Educación
Este es el sector que recibiría mayores recursos con la adición. El aumento sería de $2,19 billones, para un total de $57 billones.
El grueso de la adición se iría para funcionamiento, con $1,15 billones. De estos, $1 billón saldría del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, los cuales serían dirigidos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de cubrir las obligaciones pensionales. El resto ($146.000 millones) son para la amplificación de la cobertura de 80.000 nuevos cupos en instituciones de educación superior pública (aquí se beneficiarían también las sedes frontera de la Universidad Nacional).
“Para inversión en este sector se adicionan $1,05 billones, de los cuales $550.000 millones están orientados a financiar el Plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de aproximadamente 16 sedes de Instituciones de Educación Superior Públicas; $100.000 millones para ampliar cobertura en la política de gratuidad y $150.000 millones de la contribución parafiscal Estampilla proUniversidad con destinación específica, dirigidos al fortalecimiento de las universidades estatales por mayores recaudos acumulados de vigencias anteriores no presupuestados. Para la educación básica se incrementan $250.000 millones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, detalla la ponencia.
Salud y protección social
Este es el segundo rubro que recibiría mayores adiciones ($2,03 billones para un total de $52,305 billones). Estos nuevos recursos están encaminados para el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de los servicios. Dichos dineros serían transferidos a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
También habrían recursos de esta adición para asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados de ferrocarriles, así como las cuotas y partes pensionales del extinto ISS.
Adicionalmente, se destinan recursos para asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados de Ferrocarriles y cuotas partes pensionales del extinto ISS.
Vivienda, Transporte, Minas y Energía
Estos son los otros sectores que abarcan más recursos de la eventual adición presupuestal. En el primero se sumarían $1,5 billones con los cuales se inveritía en los programas de Cambia mi Casa, Vivienda Rural y Mi Casa Ya. También habría dineros para el déficit que presente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
En Transporte se adicionarían $1,4 billones, los cuales se irían para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías, en especial “caminos comunitarios de la paz total”, y de la infraestructura aeroportuaria regional, al igual que la recuperación de la red férrea y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Magdalena. “También se incluyen $500.000 millones para cubrir el diferencial por el impacto del Decreto 050 de 2023″, precisa el documento.
Finalmente está el sector de Minas y Energía, con una adición de $1,4 billones. De estos, el grueso ($1,17 billones) serán para cubrir los faltantes en subsidios de energía para 13,7 millones de hogares de estrato 1,2 y 3, amén de otros 6,7 millones que se benefician del servicio del gas. Otros $200.700 millones serán para el desarrollo de proyectos de transición energética; $35.500 millones para una consulta previa, la ventanilla minera y el fortalecimiento del relacionamiento territorial para la creación de valor en el sector minero; $3.100 millones para atender el faltante en la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-.
Esta adición presupuestal tendrá que ser debatida en el Congreso, en medio de un panorama complejo para el avance de otras ambiciones que tiene este gobierno, como lo es la reforma pensional y laboral. El primer debate sobre estos recursos se daría en la mañana de este miércoles.
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