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Luego de que esta semana la Fiscalía llamara a juicio a Álvaro Uribe por su presunta participación en una red para torcer testigos, el ente investigador también sorpresivamente anunció que imputará cargos a una pieza clave en este trascendental expediente. Se trata del condenado Enrique Pardo Hasche, quien estuvo preso en los últimos años por haber secuestrado al suegro de expresidente Andrés Pastrana, tiempo en el que compartió celda con el testigo estrella contra el propio Uribe: Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de la banda Los Rastrojos, hijo de un mayordomo de la finca Guacharacas (propiedad de la familia Uribe) y que a su vez señaló al expresidente de tener nexos con paramilitares en los años 90.
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El papel de Pardo Hasche es tal que en el escrito de acusación de 13 páginas contra el expresidente es mencionado en siete oportunidades como una de las personas que habría intentado presionar a Monsalve para que cambiara su declaración ante la justicia. Mismo papel que le adjudicó la Corte Suprema a Pardo Hasche en agosto de 2020, cuando ordenó la detención del expresidente y antes de que el proceso pasara a la Fiscalía General de Francisco Barbosa. En ese momento, en un documento de 1.554 páginas, el alto tribunal lo mencionó en 758 oportunidades, como un aliado fundamental de Diego Cadena, exabogado de Uribe, para lograr la retractación de Monsalve ante la propia Corte Suprema.
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Tanto el nuevo fiscal del caso Uribe, Gilberto Villareal, como la Corte Suprema, coinciden en el rol de Pardo Hashce: que este mantuvo múltiples conversaciones con Diego Cadena (en juicio penal y suspendido disciplinariamente por estos hechos) con el fin de persuadir a Monsalve para que elaborara una carta en la que le pidiera perdón al expresidente Uribe por sus acusaciones. Incluso, en el extenso documento de la Corte Suprema, el alto tribunal ordenó investigar a Pardo Hasche por contradicciones en sus declaraciones, en las que manifestó que solo quería ayudar a su amigo y compañero de cárcel, porque este se mostraba arrepentido por haber relacionado al expresidente con el paramilitarismo.
En una declaración jurada que Pardo Hasche entregó a la Corte Suprema dijo que Monsalve le pidió que le ayudara a conseguir a una persona cercana a Uribe Vélez, pero en una carta manuscrita, que envió el 12 de abril de 2018, dijo que solo le había “sugerido” el contacto. De hecho, el 31 de diciembre de 2017, Pardo contactó a su cuñado, Ricardo Williamson, porque “él conocía” a una persona allegada al expresidente. A los pocos días, dice la carta, su cuñado le informó que un abogado Cadena iba a ir a la cárcel. Lo que sería, de acuerdo a la Corte, el inicio de las acciones ilegales de Pardo para favorecer a Uribe, las mismas que lo tienen ad portas de afrontar un nuevo proceso penal por el delito de soborno en actuación penal.
En su defensa, Pardo ha dicho que todo se trató de una coincidencia, pues cuando llamó a Williamson, él estaba con Vicky Jaramillo, exasesora política del expresidente. Además, Pardo ha insistido en que no estuvo sentado con Monsalve y Cadena en la reunión del 22 de febrero de 2018 en La Picota, en la que supuestamente el abogado le ofreció beneficios al condenado a cambio de hablar a favor de Uribe. Sin embargo, Pardo sí ha dicho que sabe de qué se habló en el encuentro. En todo caso, la Corte explicó que este último sí tuvo contacto con Cadena y ahora, según la Fiscalía, “insistentemente venía persuadiéndolo para que formalizara” su supuesta retractación a favor de Uribe.
En una llamada interceptada el lunes 2 de abril de 2018, fecha en la que se radicó la carta de Monsalve ante la Corte, Pardo le dijo a Cadena: “Pero le ha debido decir que nosotros no le estábamos exigiendo nada a él”. Todo este interés, dijo la Corte, “resulta extraño si se repara en que, según el dicho de Pardo, no era un asunto suyo y ya no quería seguir involucrado”. La comunicación siguió entre ambos enfatizando en que tenía que quedar claro que había sido Monsalve quien los contactó. Para la Corte, tanto Cadena como Pardo se esforzaron en mostrar que la retractación de Monsalve fue genuina y no forzada, pero había sospechas del papel que jugaron ambos en la elaboración de esa carta.
Más de 13 llamadas llevaron a la Corte a preguntarse por qué Cadena y Pardo seguían con sus “gestiones” hacia Monsalve, asumiendo el riesgo de ser señalados como manipuladores de testigos, si realmente solo querían “ayudar” a Monsalve. “La conclusión que arrojan las interceptaciones legales no es otra que el pleno conocimiento, conciencia y voluntad de Enrique Pardo Hasche y su interlocutor Diego Cadena de estar desplegando una conducta ilegal para lograr a cambio de ofrecimientos y presiones que Monsalve se retractara (…) y al advertir que no lo lograrían, enfilaron sus esfuerzos para edificar una estrategia que pudiera justificar su actuar”, señaló el alto tribunal en 2020.
Esta teoría, que fue retomada por la Fiscalía en su escrito de acusación contra el expresidente, señala que tanto Cadena como Pardo “fueron enviados por Álvaro Uribe”. Y no solo eso. La Fiscalía dice que, en paralelo, Cadena, “en nombre y representación de Uribe Vélez, con la colaboración de otras personas, en diferentes establecimientos carcelarios y fuera de ellos, ubicó y contactó a exmilitantes de grupos de paramilitares, para que, a cambio de favores jurídicos, dinero u otras dádivas, elaboraran escritos y videos a favor del expresidente y de su hermano Santiago, y con los que pretendía tachar de mentirosos a quienes como Monsalve habían expresado vínculos o relaciones estrechas de los Uribe Vélez con paramilitares”.
Tanto Cadena como el expresidente Uribe han negado cualquier intento de torcer testigos y que jamás se le ofreció dádivas para que cambiara su testimonio. En su última declaración, luego de que la Fiscalía lo llamara a juicio, Uribe señaló que en 2018 le pidió a su abogado, Diego Cadena, que verificara las versiones que le llegaban sobre un supuesto plan para que exparamilitares presos declaran contra él y su hermano Santiago Uribe como supuestos aliados de grupos paramilitares. Según sus versiones, su “único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”, amparado de su derecho al debido proceso y a probar su inocencia.
Esa misma teoría la expuso el exfiscal Gabriel Jaimes Durán (de la administración de Francisco Barbosa) durante su fracasada petición por cerrar el expediente. “Uribe apremiado por los hechos judiciales del año 2017 y 2018 resolvió canalizar las pródigas informaciones que le llegaban por diversas fuentes y asumirlas con un trabajo de verificación en la fuente y así, en ejercicio de sus derechos, respaldar su defensa en los estrados judiciales”, explicó Jaimes. Lo cierto es que ahora la Fiscalía retoma la teoría de la Corte Suprema y, además de llamar a juicio a Uribe, le imputará cargos a Pardo el próximo 24 de abril, pues está convencida de que el condenado secuestrador ayudó al expresidente.
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