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Felipe Jiménez Ángel, tras año y medio al frente de la secretaría de Gobierno, asumirá en la recta final de la administración de Claudia López, una nueva misión: la secretaría de Planeación, a la que llega en reemplazo de María Mercedes Jaramillo, quien dejó el cargo para aceptar la beca Loeb, de la Universidad de Harvard. Aunque el funcionario por ahora prefiere no hablar sobre las recomendaciones de la alcaldesa en su nuevo puesto, hasta que no esté posesionado, su antecesora sí dejó clara la tarea, que pondrá a prueba su capacidad de gestión y relaciones políticas.
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Entre ellas está sacar adelante el plan de pasar de 20 a 30 localidades en Bogotá; seguir adelante con la adopción de planes parciales, para aumentar la oferta de vivienda a 100.000 unidades, y tres planes maestros: sistema de cuidado, movilidad sostenible y hábitat. Antes de dejar su actual cargo, Jiménez sí habló de su paso por la secretaría de Gobierno, de lo que logró y lo que falta. El programa Parceros, la gestión en las localidades, la relación con el Concejo, la Región Metropolitana y hasta de la violencia en el fútbol.
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¿Cuál es ese balance que le queda como secretario de Gobierno?
Hay varias cosas por resaltar. El proyecto Bogotá local, que apoyó 20.000 unidades productivas o un programa maravilloso como Parceros, que es el bebé de la secretaría y surgió tras la pandemia y producto del diálogo con jóvenes, que en el estallido social pedían programas. Ahí beneficiamos a jóvenes vulnerables, en territorios conflictivos, con $500.000 mensuales a cambio de trabajo comunitario y estudio. Hemos ayudado a 11.000 y cerraremos con 25.000. La mitad de los parceros salen, como lo digo yo, con alguna de las tres E: educación, emprendimiento o empleo.
Algo en lo que insistió fue en los presupuestos participativos…
Le metí la ficha. Prometimos cambiar la dinámica política de las localidades y se ha logrado. Antes un alcalde local, con la Junta Administradora, definía el presupuesto. Ahora la ciudadanía vota para escoger los proyectos en su barrio. Más de 338.000 personas votaron. Hemos hecho un poco más de 2.000 proyectos participativos a lo largo de toda la ciudad.
¿Y en cuanto a políticas públicas?
Nos propusimos corregir el error de la administración pasada, que degradó la institucionalidad étnica en Bogotá y creamos la Dirección de asuntos étnicos, con la que trabajamos en cuatro políticas étnicas: indígena, afro, Rom y Raizal. Además, sacamos la política pública de trata de personas, porque Bogotá es origen, pero también destino de quienes caen en esas redes; la de acción comunal y una muy importante: la de migrantes.
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El diálogo social fue otra apuesta…
Al asumir esta administración había menos de 30 gestores de convivencia, pero consolidamos la red de diálogo local con 1.200 gestores de todas las entidades, orientados a atender las conflictividades de la ciudad, con diálogo, para evitar al máximo el uso de la fuerza. A eso se suman las rutas de atención para personas reincorporadas; para personas violentadas por su condición o identidad sexual, y seguimos trabajando con los líderes y lideresas, que presentan amenazas. Hoy la capital cuenta con unas capacidades civiles que antes no tenía.
Al asumir, llegó con la tarea de recomponer la relación con el Concejo. ¿Lo logró?
Había un escenario político complicado entre la Alcaldía y el Concejo, pero me propuse recomponer esas relaciones, de consolidar la confianza y creo que lo logramos. Se evidencia en la aprobación de proyectos importantes como la Región Metropolitana o el cupo de endeudamiento. A nivel político, quedaron relaciones políticas honestas, estables y sobre la mesa.
Pero hoy se ve una bancada de gobierno fragmentada y sin la fuerza que tuvo al comienzo del mandato…
No comparto esa afirmación. Creo que tenemos una bancada construida con acuerdos y principios claros, con la que sacamos adelante nuestros proyectos, con apoyo de amplias mayorías. Puede que para algunos proyectos tengamos coaliciones diferentes, pero sí ha quedado demostrado es que el Concejo ha sido un aliado real para las prioridades de este Gobierno.
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Resalta el trabajo en las localidades, pero siguen las denuncias de líos ¿Es tan complejo controlar el tema?
Nosotros llegamos a hacer cambios, como, por ejemplo, algo obvio, y es ejecutar recursos a tiempo. Antes, las alcaldías locales ejecutaban a final de año, con licitaciones a última hora. Ahora adjudicamos y ejecutamos a tiempo. Creamos la junta de infraestructura, para evitar líos con contratistas. Hoy tenemos solo seis obras paradas y son por permisos o líos con un par de contratistas, que solucionaremos rápidamente. Entonces hemos cumplido sin corrupción y a tiempo, que es lo que nos pide la gente.
¿Y las denuncias?
Hemos tenido situaciones que nos obliga a tomar medidas. Están en entredicho unos contratistas, por ejecutar recursos, montos y objetos parecidos, pero, antes de que fueran denunciados, nosotros los pusimos en conocimiento de las autoridades. Hemos gobernado de manera decente, eficiente y ejecutando recursos a tiempo.
Estamos en año electoral, con segunda vuelta, ¿cómo se prepara la ciudad para este proceso?
Pues a la alcaldía lo que le toca es sacar adelante y coordinar la Mesa de Garantías Electorales. Las elecciones en Bogotá requieren de un mega sistema de logística y estamos trabajando coordinados con la Registraduría. El reto es que las condiciones logísticas se cumplan y las elecciones de Bogotá sean de lujo, referentes para nuestro país y para la región, con transparencia, seguridad y confianza.
Ya que deja el cargo ¿qué retos quedan pendientes a su sucesor?
Queremos sacar adelante un proyecto grande como el nuevo Estatuto de Valorización; seguir dándole oportunidades a nuestros emprendedores con Bogotá Local; los presupuestos participativos, y seguir la cultura del diálogo.
¿Qué es el estatuto de valorización? Esa palabra asusta a la gente
Básicamente es corregir los errores del pasado. Normalmente lo que hace la ciudad es cobrar antes la obra y luego hacerla. Por qué no pensar en hacerla y luego cobrarla, cuando la gente la vea; por qué no compensar a quienes se les ha incumplido. Bogotá es una ciudad que sabe ejecutar proyectos, pero con valorización hemos malos contratistas y problemas. Por eso queremos modificarlo. Mostrar que se puede hacer la obra, para luego cobrarla. Eso sería más atractivo para la ciudad.
Frente a la región metropolitana ¿que está faltando para consolidarse?
Sabíamos que el inicio sería complejo, porque se requieren temas administrativos. Saber la estructura, el equipo, los estatutos, todo lo que requiere una entidad de ese tamaño. Vamos bien en nuestro plan administrativo y ya hemos aprobado dos proyectos, el intercambiador de la calle 80, para mejorar el flujo en esta vía, y el proyecto que tiene que ver con el abastecimiento. Entonces, vamos bien.
Pero los municipios vecinos aún no se animan a sumarse…
Yo no creo que la palabra sea animarse. Como todo, son debates democráticos que hay que darlos, en cada concejo y se espera hacer una ronda de socialización, para desmentir mitos y mostrar los beneficios. La región no va a ser una región de papel. Es una realidad, una entidad con competencias definidas y la capacidad de beneficiar a más de 10 millones de personas.
Pero convencer a los municipios en una contienda electoral es complejo
Cada municipio es diferente. Una cosa es La Calera, otra es Soacha, Chía. Cada uno debe ir a su ritmo. Lo importante es que hay movimientos, discusiones, que espero que terminen de buena manera.
El Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó por decreto, generó crítica y ahora falta avanzar en el proceso de reglamentación ¿cómo va?
Cada uno ve el vaso medio lleno o medio vacío. Si no lo hubieran saboteado en el Concejo, se hubiera aprobado por acuerdo. Teníamos una ponencia con 99% de los artículos concertados. Había intereses que no querían que lo sacáramos adelante. Pero lo expedimos, como manda la ley, y la reglamentación va bien. Se han expedido 10 decretos reglamentarios. Sacamos el tema de bodegas, de reciclaje; los reglamentarios que permiten a los curadores resolver dudas de interpretación al otorgar licencias de construcción, y vienen otros como el manual del espacio público y los planes maestro del sistema de cuidado, de movilidad, de servicios públicos y de hábitat. Vamos bien, a buena velocidad, pero estos seis meses serán vitales para terminar la reglamentación prioritaria.
Como apasionado por el fútbol, la seguridad es un dolor de cabeza
El fútbol es un tema maravilloso. Pocos lo saben, pero fui barra popular. Lo que hemos hecho se ha vuelto referente en América Latina. Hemos compartido nuestro programa Goles en Paz en diferentes partes del mundo, porque no es un programa para darle empleo a barristas, sino para garantizar la convivencia y la inclusión de las personas y las barras en diferentes escenarios públicos y privados. Tenemos un equipo grande. He logrado vincular a diferentes entidades y alcaldías locales, para trabajar de forma descentralizada en los barrios, porque nada ganamos que no pase nada en el partido, pero en el barrio sí. Yo no creo que el fútbol sea un dolor de cabeza. Es trabajar con un grupo específico como los hinchas, con inclusión, pero sin ser alcahuetes.
Pero siguen los hechos de violencia
Los hechos de violencia han venido mermando. Desafortunadamente hemos tenido algunos que nos han marcado, como lo que pasó en el partido de Santa Fe con Universitario de Perú o en el clásico Santa Fe y Millos y en otro par de partidos. Acá la sociedad pide ‘cojan a estos vándalos, métanlos presos y prohíbanle la entrada al estadio’. Eso, de alguna manera lo han hecho todos los países, pero no acá en Bogotá. Ahora, existe la Ley del Fútbol y se puede hacer eso, pero quedó un poquito inconclusa: no tiene reglamentación. Acá logramos implementarla. A la persona que agredió a los hinchas de Universitario de Perú se le impuso una multa de $23 millones y cinco años de prohibición para entrar a El Campín. Es una sanción ejemplar, histórica en Bogotá.
Pero esa sanción parece imposible de hacer cumplir
Muchos dicen que no hay forma de identificarlo, si entra a El Campín y sí lo podemos hacer. En Bogotá tenemos un sistema biométrico con más de 60 mil personas registradas o enroladas, con capacidad en tiempo real; hay más de 90 cámaras y con las cámaras de biometría podemos saber quién entra y quién no, siempre y cuando esté enrolado. Si la persona es abonada, se le suspende el abono; si la persona va a comprar la boleta y presenta la cédula, no puede comprar. Si entra y está en la base de datos, lo identificamos y la Policía va y lo saca. Sí hay cómo hacer cumplir la sanción. Lo que pasa es que pocas personas conocen que tenemos un sistema biométrico sólido.
¿Qué falta para hacerlo más robusto?
Le hemos pedido al Gobierno nacional que reglamente. El expresidente Iván Duque dejó establecido un sistema de identificación, que necesita reglamentación para hacerlo obligatorio. Sin ser obligatorio, en Bogotá tenemos 60.000 personas en nuestro sistema de identificación, gracias a la voluntad de los hinchas, que realmente quieren un estadio en paz. Si fuera obligatorio, sería más robusto. Eso depende del ministerio de Deporte. La exministra Urrutia estaba avanzando en eso, pero no sé en qué va. Un enrolamiento obligatorio podría llevar a que la boleta esté cargada a la cédula y poder ingresar con solo presentarla, pero eso solo lo puede hacer el gobierno nacional.
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Por Alexánder Marín Correa
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