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La Ley Ángel, la prohibición de las corridas de toros y del uso de animales en circos, entre otros hitos, han sido pasos fundamentales en Colombia para la protección animal. Sin embargo, para garantizar esta tarea —muchas veces invisibilizada— se hace necesario reforzar programas y estrategias locales. Y es justo lo que hará Cundinamarca, donde la Gobernación anunció un plan territorial que garantice el bienestar animal en las 15 provincias del departamento.
Se trata del programa de Mesas Provinciales de Bienestar Animal, liderado por el Instituto de Protección de Cundinamarca (Ipybac), que articulará a municipios, autoridades y ciudadanía en torno al cuidado y conservación de la fauna silvestre y doméstica.
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El proyecto contempla la instalación progresiva de 15 mesas, una por cada provincia, las cuales contarán con la participación activa de los municipios y de actores claves como fundaciones, juntas locales, rescatistas y hogares de paso.
“Estos espacios servirán para construir planes de acción conjuntos, identificar problemáticas locales y socializar buenas prácticas en los territorios”, comenta la Gobernación.
La primera mesa se instaló el 4 de agosto en la provincia de Medina, donde participaron, entre otros, los municipios de Paratebueno y Medina, recientemente afectados por un sismo que dejó, entre sus graves consecuencias, a cientos de animales afectados. Esta estrategia nació en la pasada administración, “pero se estancó por el tema presupuestal, una constante cuanto a protección animal” señala Julio César Piedra, director del grupo SARA, organizaciones de amplia trayectoria en la defensa de los animales y el asesoramiento de políticas públicas. Sin embargo, hoy está en camino a ser una realidad, “como hito para la construcción de un departamento más empático y justo con los animales. A través de la participación municipal lograremos reforzar las rutas de atención y estructurar acciones integrales”, afirmó Jaime Andrés Fajardo, subgerente de Bienestar Animal del Ipybac.
El presupuesto: piedra angular del avance
El presupuesto ha sido históricamente el principal obstáculo en las estrategias de protección animal, pues se percibe como gasto y no como inversión. “Parte de nuestra tarea como asesores es mostrar que sí hay opciones para financiar rutas de atención y que, además, existe un marco normativo que no se cumple a cabalidad”, advierte Piedra.
En ese sentido, las mesas provinciales ofrecen apoyo financiero a las iniciativas de protección civiles, aunque este respaldo no sea obligación desde el punto de vista normativo.
En sus planes se contemplan inversiones en campañas de esterilización para cumplir la Ley de esterilizaciones, aprobada en 2024, y acudir al Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), que cuenta con un fondo en desarrollo para transferir recursos a los municipios. Las mesas provinciales buscarán potenciar el alcance de esos recursos.
“Adicionalmente, desde varias organizaciones civiles estamos trabajando para conseguir financiación internacional. La idea es que los gobiernos locales asuman la protección animal como una inversión, no como un gasto. En el caso de las esterilizaciones, por ejemplo, una jornada que atienda a 1.000 animales, puede parecer costosa, pero al reducir la cantidad de animales abandonados la justifican a largo plazo. Si se realizan de forma escalonada, se podría llegar al ideal de entregar alcaldías sin pendientes en esta materia. A eso le apuntan las mesas provinciales”, revela el director del grupo SARA. Sin embargo, un punto clave es la integración de las juntas locales a la iniciativa, ya que, según Piedra, la gran mayoría permanecen inactivas. “Si acaso tenemos unas 30 juntas activas en un departamento con 116 municipios. El déficit es evidente, y con las mesas provinciales se espera una reorganización de esos particulares”, señala.
Las particularidades de cada territorio
Debido a las particularidades de cada provincia, cada Mesa tendrá que implementar acciones acordes a las características de su territorio. Por ejemplo, en la extensa región del Sumapaz, que limita con el Meta y el Huila, los ecosistemas de páramo, junto con su fauna y flora, paradójicamente se conservaron por cuenta del conflicto, que influyó para alejar el turismo.
“Tras el desarme de las FARC, que dominaban la zona, su presencia desapareció y regresaron problemáticas como la expansión de la frontera ganadera y agrícola, la minería y el tráfico de especies. En la provincia de Tequendama y en la de Gualivá, con gran potencial turístico y condiciones ecosistémicas distintas, las prioridades serán otras. Así ocurre en cada provincia”, advierte Piedra.
Teniendo en cuenta dichas particularidades, es fundamental el trabajo conjunto con las comunidades, para que la lucha de defensores y proteccionistas anónimos pueda potenciarse y dignificarse a través de un componente fuerte de educación ambiental y del reconocimiento de su labor.
Ejemplo de ello es Misión 300, estrategia que surgió como respuesta colectiva a un caso grave de maltrato animal en Carmen de Carupa, Cundinamarca. El programa recibió ese nombre porque unos 300 perros fueron rescatados de condiciones de maltrato y abandono. Aunque la responsabilidad legal le corresponde al municipio, Misión 300 se encargó de atender, rehabilitar y buscar hogares para los animales rescatados.
Fortalecer ese carácter comunal de este tipo de estrategias con recursos e infraestructura es otro de los retos que las mesas provinciales buscan asumir. Sumado a ese componente, los convenios entre alcaldías municipales y veterinarias, universidades o empresas del sector veterinario son claves para reforzar, por ejemplo, jornadas masivas de esterilización y vacunación, aminorando costos para las administraciones locales y cumpliendo con la ordenanza de la ley.
Como se ve, la estrategia anunciada por la Gobernación podría entenderse como la cadena que une los eslabones solitarios de la protección y el cuidado animal en el departamento. La expectativa es alta y se espera que la unión entre la comunidad y las entidades devenga en un cumplimiento cabal de las leyes relacionadas y en un ciclo de educación ambiental que genere en las comunidades incluso la potestad de hacerles llamados de atención a sus administraciones locales por los vacíos e incumplimientos al respecto. Se espera, además, que los resultados en el corto y mediano plazo permitan que la estrategia se replique en otros departamentos del país, atendiendo sus necesidades particulares.
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