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Durante cinco días, desde este lunes 15 de abril hasta el viernes 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en suelo colombiano para evaluar los impactos de las formas de violencia respecto a la situación de derechos humanos, con especial atención en temas étnicos, raciales y de género. El órgano internacional, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que para cumplir con el objetivo de su visita se enfocará en la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, y en la seguridad ciudadana “desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta estatal”.
La visita de la Comisión se realizará bajo la modalidad de in loco, mecanismo de protección de derechos humanos que les abre la puerta a todos los comisionados para monitorear y recoger información sobre este panorama en diferentes rincones del país y, a su vez, conocer qué está haciendo el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia. La llegada de la CIDH al país, que fue invitada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, es la primera que se realiza con este mecanismo desde 2012, cuando fue convocada por el expresidente Juan Manuel Santos. En ese entonces, valoró avances en la protección de derechos humanos y dejó una serie de recomendaciones.
Si bien en esta ocasión el organismo anunció que sostendrá encuentros con figuras de la rama Judicial, Ejecutiva y Legislativa, mediante reuniones con organizaciones sociales civiles espera recolectar voces que, de primera mano, han visto la vulneración de los derechos humanos. “Vemos muy positivo que la Comisión haya acogido la recomendación de organizaciones de derechos humanos de no hacer la visita solo en Bogotá”, asegura Jomary Ortegón, coordinadora de litigio internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Además de la capital, la CIDH estará en Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. “Es muy necesaria su presencia en esos departamentos”, añade Ortegón.
Esta nueva cita, el órgano internacional trajo consigo varios avances para la participación de las organizaciones civiles. Por ejemplo, habilitó un canal de inscripción para socializar información de asuntos ligados a sus líneas de protección, atención o investigación. “Nosotros nos inscribimos para aportar información sobre los temas que más trabajamos, que son personas defensoras; memoria, verdad y justicia; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; personas privadas de la libertad y derecho al trabajo”, explica la abogada Ortegón, quien, además, indica que presentarán detalles de cómo las amenazas contra líderes sociales van al alza, pese a que se ha registrado una disminución en los homicidios.
Según datos de la Defensoría, en 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales, y el escenario para el 2024 no parece mejorar. Según los registros de Indepaz, hasta el 12 de abril, van 41 líderes muertos, sobre todo en Cauca, Antioquia y Arauca. Este panorama se suma a que, en las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Ejército y el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, han agudizado la situación de orden público en varias zonas del país, en especial en los departamentos en los cuales fue suspendido el cese al fuego con esa disidencia (Cauca, Nariño y Valle del Cauca).
Además, la visita, que estará liderada por la presidenta de la CIDH Roberta Clarke y el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero, se da luego de que el pasado domingo 14 de abril fuera asesinado un veedor ciudadano en Cúcuta. Se trata de Jaime Vásquez, quien era conocido en el departamento de Norte de Santander por denunciar hechos de corrupción. El hecho causó tanto revuelo que el propio presidente Petro denunció una supuesta manipulación de la escena del crimen y le pidió a la Fiscalía investigar el asunto a fondo.
“Consideramos que hay un desafío para el Gobierno de articular la política de protección a personas defensoras con otras políticas como el desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y la paz total. Ahí hay una desconexión que se está traduciendo en que las personas defensoras de derechos humanos ejercen su labor sin garantías de seguridad”, asegura el CAJAR. Otro asunto importante, en el que enfatiza el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que también se reunirá con la CIDH, es la impunidad en los casos de asesinato de los defensores de derechos humanos.
En este apartado es crucial, afirman ambas organizaciones, el papel de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, para que la Fiscalía tome una hoja de ruta de investigación penal en los casos de líderes sociales. En entrevista con El Espectador, en marzo pasado, la nueva titular del búnker aseguró que, para enfrentar este problema, se busca fortalecer la Unidad de Investigación Especial, que surgió tras el Acuerdo de Paz, que pretende, entre otras cosas, desmantelar las organizaciones que están en los territorios donde hay mayor índice de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. “Este es un compromiso pendiente”, declaró en su momento.
La última visita de la Comisión a Bogotá fue del 8 al 10 de junio de 2021, pero con el mecanismo de trabajo (y no in loco), para revisar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, dejando como recomendación principal acogerse al diálogo para resolver los conflictos y fortalecer las investigaciones y los mecanismos de reparación. Este diario quiso profundizar sobre un eventual encuentro entre la Comisión y la fiscal Camargo, pero hasta el cierre de esta edición no había nada confirmado y fuentes cercanas a ambas entidades dicen que aún “aún se revisa la agenda”. Lo cierto es que, el viernes 19 de abril, la CIDH volverá a su sede en Washington, no sin antes divulgar sus hallazgos tras recorrer ocho departamentos y la capital.
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