Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Tras semanas de un limbo jurídico, que hizo que la familia de Jaime Esteban Moreno alertara la posible libertad por vencimiento de términos de los acusados por el homicidio del joven de 20 años, el juzgado penal del circuito instaló formalmente este martes el juicio oral, con la lectura de la teoría del caso a manos de la Fiscalía.
En contexto: Comienza juicio por el crimen de Jaime Moreno: familia pide condena de 40 añosLa diligencia, que se llevó a cabo sin acceso a medios, redefine el rumbo de uno de los crímenes más mediáticos del país. Para entender el nudo que se destraba, hay que recordar que el proceso penal busca esclarecer las responsabilidades de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados como coautores del asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, registrado en la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras ser víctima de una golpiza a la salida de un bar en Chapinero.
La instalación del juicio
Como ha pasado en otros estadios del caso, esta diligencia no estuvo exenta de contratiempos: a tres días de la audiencia, la abogada de González Castro dio un paso al costado y su reemplazo solicitó un nuevo aplazamiento, argumentando que, al haber recibido el expediente el 5 de junio, necesitaba estudiar el caso. La petición, que fue rechazada, prendió de nuevo las alarmas del abogado Camilo Rincón, representante de la familia de la víctima, quien la calificó como una estrategia para dilatar el juicio y respaldó la determinación del juez.
“Más que un alegato, pienso que lo que argumentó el nuevo apoderado es una excusa de bachillerato, de escuela. Es el equivalente a decirle al profesor: ‘apláceme el examen, porque no estudié’. Antes de suscribir un contrato o aceptar un poder, debe conocer el proceso”, enfatizó Rincón. Para salvaguardar el debido proceso y honrar la naturaleza garantista del sistema penal acusatorio, el juez decidió instalar el juicio oral y permitir que la fiscal del caso expusiera su tesis acusatoria.
Al hacerlo, el juzgado blindó el expediente, pues con la instalación del juicio se interrumpe y se sepulta el riesgo de libertad por vencimiento de términos, derivado de la radicación del escrito de acusación, explica Rincón. Para equilibrar la situación, el juez concedió que las consideraciones de las contrapartes frente a la teoría de la Fiscalía se hicieran en la siguiente audiencia, citada para el 23 de junio.
Para la Fiscalía hubo sevicia
El avance de la diligencia permitió conocer los detalles técnicos con los que se buscará desvirtuar cualquier hipótesis de un homicidio preterintencional (si intención), derivado de un hecho donde los agresores solo pretendían lesionar a la víctima, pero no matarla, como alega la defensa de los capturados. Según el relato del ente acusador, el ataque contra Moreno estuvo marcado por la crueldad y la sevicia, pues al joven lo persiguieron cuando intentaba retirarse de una confrontación civil, a las afueras del bar ubicado sobre la Av. Caracas.
“La teoría del caso de la Fiscalía demuestra que Suárez Ortiz y González Castro son coautores materiales de un homicidio doloso, en circunstancias de agravación. Los impactos que le propinaron fueron letales, localizados con precisión a la altura del cráneo y del tórax”, detalla Rincón. Según los peritajes forenses y los testimonios, la agresión se consolidó con una “patada voladora”, por la espalda, que afectó uno de los pulmones del joven, provocando que se desplomara.
Estando inconsciente, la víctima quedó en estado de indefensión absoluta. “Es ahí donde, lejos de detenerse, los acusados decidieron rematarlo, utilizando patadas de alzada, dirigidas a la cabeza. Esto tumba cualquier argumento accidental. Ellos sabían el daño que causaban y en su mente siempre estuvo el dolo de quitarle la vida con crueldad excesiva”, puntualizó Rincón.
Un giro reservado
En contraste con diligencias anteriores, esta vez no hubo acceso público. Tras el pedido de la defensa de aplazamiento, el juez otorgó un receso y luego la audiencia continuó en reserva. El apoderado de la familia Moreno aclaró que, por solicitud expresa del ente acusador y aval del juez, las sesiones subsiguientes, donde se practiquen las declaraciones de los testigos, serán reservadas, por estrictos motivos de seguridad y protección de los declarantes.
Por otra parte, la minucia del caso reveló un dato de alto impacto sobre el paradero de Kleidymar Paola Fernández, quien está sindicada de actuar como la presunta determinadora —autora intelectual— del homicidio agravado. Aunque en días anteriores trascendió que había una circular roja de la Interpol, que sugería un escape al exterior, la representación de las víctimas desmintió que haya abandonado el territorio nacional. “El caso de Fernández tiene una certeza: ella no ha salido de Colombia. Las autoridades de Migración Colombia ya lo certificaron mediante. Es más, la información de inteligencia señala que permanece escondida aquí en Bogotá”, reveló el abogado.
La justicia ya fijó un ultimátum para la sospechosa. El próximo jueves 18 de junio de 2026 se llevará a cabo una audiencia especial donde, de persistir su condición de fuga, será declarada como persona ausente. Ese paso legal habilitará a la Fiscalía para imputarle los cargos de homicidio doloso agravado a título de determinadora y continuar el proceso en su contra sin necesidad de que esté presente en la sala.
Tras superar el enredo de los aplazamientos, el juez diseñó un cronograma de audiencias consecutivas que destaca por una celeridad inusual dentro del atestado sistema judicial. Las fechas fijadas por el despacho para evacuar las pruebas quedaron distribuidas así: la continuación de los testigos de la Fiscalía iniciará el próximo 23 de junio a las 2:00 p.m., extendiéndose en jornadas complementarias los días 30 de junio, 4 y 5 de agosto y los días 6, 27 y 28 de agosto, desde las 8:30 a.m.
El juez de conocimiento notificó formalmente a los sujetos procesales que su meta institucional es emitir el sentido del fallo y la respectiva sentencia a finales de agosto. La familia de Jaime Esteban Moreno, que ha recibido acompañamiento psicológico permanente ante el desgaste de las diligencias, mantiene una postura inamovible frente al desenlace esperado. “Estamos tranquilos con la agenda del juez. Exigiremos una sentencia condenatoria con todo el peso del quantum punitivo. Por la sevicia y la gravedad del caso, la pena que esperamos debe superar los 40 años de prisión”, concluyó Rincón.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Conoce más