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El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio una nueva movida en el ajedrez judicial de su expediente, que ahora está en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Un caso en el que es investigado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple.
El líder natural del Centro Democrático radicó la renuncia a la prescripción del caso, ante el despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien estudia en segunda instancia la decisión tomada el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Heredia. Una acción que borra del calendario el 16 de octubre de 2025 como la fecha marcada como límite para definir si el exmandatario es culpable o inocente.
Para el expresidente y sus abogados, se trata de una decisión tomada de forma autónoma y voluntaria, con un solo objetivo: permitirle al Tribunal Superior de Bogotá que estudie con calma el caso y que, aprovechando que ahora tendrá hasta dos años más para emitir una decisión de segunda instancia.
Para las víctimas y sus representantes, concretamente para el ahora precandidato presidencial Iván Cepeda, no es más que una estrategia usada por Uribe Vélez para dilatar una posible confirmación de su participación en la red de manipulación de testigos (por la que fue hallado culpable en primera instancia) y darle vía libre a su participación en el escenario político de la contienda electoral de 2026.
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Los detalles de la renuncia
En la misiva enviada por Uribe Vélez al magistrado Merchán Gutiérrez y conocida en la mañana del 25 de agosto, el expresidente señaló que la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la jueza Heredia “es equivocada e injusta”. En realidad, no es la primera vez, después de que se conoció el sentido del fallo, que el expresidente le sale al paso a los argumentos de la togada.
En varias ocasiones se ha pronunciado, especialmente por medio de redes sociales, argumentando que se trata de un juicio político, que nunca supo de las movidas ilegales para torcer a testigos y que Diego Cadena, su exabogado y también condenado recientemente por los mismos hechos, actuó a sus espaldas.
Esos argumentos fueron expuestos de manera formal el pasado 13 de agosto, cuando Uribe Vélez y sus abogados radicaron la apelación a la decisión de primera instancia. Desde ese momento, la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá empezó una carrera contrarreloj para emitir una nueva decisión antes del 16 de octubre, que era el plazo para que el caso prescribiera.
Incluso el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá decidió suspender temporalmente el reparto de acciones de tutela a una sala de ese Tribunal, con el objetivo de que se concentrara exclusivamente en el fallo de segunda instancia del proceso contra el expresidente.
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En la carta enviada al Tribunal, Uribe Vélez argumentó que la decisión de renunciar a la prescripción la tomó de forma voluntaria y para permitir que la justicia opere. “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aun con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, se lee en la carta.
Agregó que, a pesar de haber declarado durante una semana en el juicio, su derecho a hablar “no fue respetado materialmente por la primera instancia”. Y concluyó: “Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere”.
En diálogo con El Espectador, el abogado Juan Felipe Amaya, quien hace parte del equipo que representa a Uribe Vélez, dijo que la renuncia a la prescripción está motivada solamente en permitir que el Tribunal Superior de Bogotá tenga el tiempo necesario para estudiar el expediente.
Un plazo extra que, en su concepto, no necesitaba la jueza Heredia para decidir en primera instancia, pues no era “una convidada de piedra” durante el juicio, sino que debía avanzar en el análisis de la información y la construcción del fallo, al tiempo que avanzaba el proceso. “Si realmente hubiera una intención de buscar la prescripción, no se hubiera hecho ni antes ni después”, dijo el abogado.
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Pese a que durante el juicio los abogados que representan a las víctimas del caso pidieron la renuncia a la prescripción, el abogado señaló que en ese momento el tiempo no era tan corto como lo es para el Tribunal. Expuso tres razones que son, en su concepto, las que fundamentan la decisión de renunciar a la prescripción.
En primer lugar, que la jueza Heredia se dedicó casi de lleno al expediente de Uribe Vélez. “Aquí, como no ha pasado en ningún otro caso, el juzgado pudo dedicarse durante los últimos meses a adelantar casi que de forma exclusiva este asunto. La señora jueza pudo haber percibido perfectamente todo lo que se demostró en el juicio”, dijo.
En segundo lugar, argumentó que el sentido del fallo de la jueza Heredia no tiene relación con que la decisión se haya tomado de forma acelerada. “Que la sentencia haya decidido en un sentido no supone que esa decisión haya sido por no contar con tiempo o con suficientes herramientas para tomar la decisión acertada”, dijo Amaya.
Agregó: “Hubo una decisión sistemática y sesgada de no darle valor a múltiples elementos de prueba, considerar que eran irrelevantes”. Finalmente, señaló que la decisión de primera instancia fue tomada de forma autónoma por parte de la jueza Heredia, mientras que en el Tribunal, por ser un cuerpo colegiado, la decisión requiere un debate de toda la Sala Penal, que requiere más tiempo.
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Una renuncia política
La renuncia de Uribe Vélez se hizo pública un día antes de que Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, iniciara su campaña dentro del Centro Democrático por la presidencia, y justo después de que la contraparte en el expediente, el senador Iván Cepeda, lanzara su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico.
Aunque el abogado Amaya fue insistente en que la decisión no fue política, la contraparte en el caso asegura que el expresidente sí está aprovechando políticamente que hace una semana el mismo tribunal le dio vía libre al exmandatario para defenderse en libertad. “A pesar de que intenta presentarlo como un acto de respeto a la justicia y de acatamiento, lo que percibimos de esta nueva estratagema es un intento por estar en libertad mientras realiza la campaña electoral”, le dijo Cepeda a este diario.
“Ahora que ya hay una decisión de primera instancia, que le fue adversa, Uribe intenta buscar que la segunda instancia se pronuncie en el tiempo más lejano posible a su actividad proselitista en términos de intentar reconstruir las cosas en el Centro Democrático”, señaló Cepeda. Con el anuncio del expresidente salió de la agenda la expectativa que había despertado la aspiración presidencial de Cepeda.
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También atrajo de nuevo hacia la derecha los reflectores de la opinión, para focalizarlos en lo que serán los nuevos movimientos del más reciente precandidato que anunció el Centro Democrático. “Esa es la realidad, para que no nos invente narrativas de un cambio providencial o milagroso en su concepción de la justicia, a la cual ha intentado presionar y rehuir de todas las formas posibles”, concluyó Cepeda.
En todo caso, como lo explicó el abogado penalista Francisco Bernate, esta renuncia no tiene efectos inmediatos, pues “no se puede renunciar a lo que no se tiene”; es decir, la prescripción. En ese sentido, el 16 de octubre, fecha en la que prescribiría el caso, el Tribunal Superior de Bogotá decretaría la prescripción y le preguntaría a Uribe Vélez si renuncia o no a ella.
En caso de que el expresidente se mantenga firme en su renuncia, como lo dice el Código Penal Colombiano, habrá un plazo de hasta dos años para que se emita una decisión definitiva. De no cumplirse ese plazo extra, el caso prescribiría. Como insistió el jurista, “es una decisión política, no jurídica”, que mantendrá la atención sobre el expresidente.
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Por Gustavo Montes Arias
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