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Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), guarda los mayores secretos de uno del peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su verdad no ha podido ver la luz ni llegar a los oídos de la justicia porque los acuerdos que ha intentado hacer con la Fiscalía para colaborar con la Fiscalía, a cambio de beneficios en su proceso, no terminan de cuajar. Este martes, el ente investigar y López se juegan, por tercera vez, la aprobación de un principio de oportunidad que destrabaría los expedientes que avanzan en el búnker y en la Corte Suprema de Justicia contra altos funcionarios del gobierno y congresistas.
En contexto: Caso Ungrd: jueza negó principio de oportunidad al exdirector Olmedo López
Desde las dos de la tarde, en el juzgado 17 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía intentará, de nuevo, conseguir el visto bueno de la justicia para avanzar con paso firme en las investigaciones abiertas por el saqueo a la entidad del Estado que, según el propio López. En la audiencia está en juego más que solo el trueque de los beneficios a los que podría acceder López por su información. Por un lado, los ojos están puestos en la eficacia del ente investigador, que ya ha sido cuestionado dos veces por los propios jueces por no haber argumentado debidamente las negociaciones y sacado adelante los acuerdos con uno de los hombres que sabe de pies a cabeza cómo se gestó el corrupto engranaje.
Y, por otra parte, de lo que decida el juez está pendiente la Corte Suprema, que adelanta al menos 10 expedientes en contra de congresistas que están a la espera de contar con el testimonio de López para avanzar. El Espectador conoció las audiencias reservadas en las que la justicia negó los acuerdos al exdirector de la Ungrd y en las que los jueces expusieron que el fracaso es por el trabajo de la Fiscalía. El primer rechazo se dio el 16 de mayo de este año. En ese momento, el juzgado quinto penal de Bogotá consideró que el preacuerdo de reducirle a López la pena, de 12 años y cinco meses de prisión por el delito de peculado por apropiación a solo seis años y dos meses, era muy baja.
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Durante esa audiencia, el juez señaló que la Fiscalía hizo mal los cálculos para llegar a la reducción de la pena, que fue de casi la mitad. En ese sentido, resaltó que el ente investigador en esa primera propuesta desconoció “flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas”. En esa ocasión, el juez quinto penal también llamó la atención a la Fiscalía por dejar de lado la afectación que tuvieron poblaciones indígenas de La Guajira, víctimas de la corrupción en la entidad, quienes se quedaron sin agua potable porque la plata que debía invertirse en varios carrotanques, se quedó en bolsillos de terceros, como ya el propio López confesó.
Para el juez, el hecho de haber afectado esta población de especial protección debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la pena contra López. Un asunto que, explicó la justicia, no tuvo la Fiscalía. Esa misma instancia judicial criticó otro hecho de la negociación del exdirector de la Ungrd y el ente investigador: que López solo haya pactado pagar $724 millones, cuando los hechos criminales por lo que él es investigado sobrepasan, por mucho, esa cifra. De acuerdo con el juez que revisó el principio, la desviación del dinero público que confesó haber hecho el propio López superaría los $25.000 millones. En otras palabras, que la multa en su contra no era proporcional para todo el dinero que habría desviado.
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Después de ese traspié, hubo un segundo intento para la Fiscalía y el exdirector de la Ungrd. El pasado 4 de agosto, frente a la jueza quinta de control de garantías de Bogotá, el ente investigador presentó un principio de oportunidad para no investigar a Olmedo López por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público. Para ese despacho, la Fiscalía tuvo “las herramientas para sustentar” esa negociación, pero no las aprovechó. En consecuencia, explicó la jueza, fue “inviable” acceder a la petición y, en consecuencia, volvió a rechazar el principio de oportunidad. La defensa de López y la Fiscalía apelaron.
Sin embargo, el 6 de agosto, tanto el exdirector de la Ungrd como el ente investigador prefirieron no seguir ese camino y retiraron la apelación. Según conoció este diario, se hizo un acuerdo para no tener que esperar los tres meses que podría demorar el recurso, sino que optaron por reestructurar el documento que finalmente se presentará este martes ante un nuevo despacho. La Corte Suprema está pendiente de hasta la última coma de esa audiencia. La Sala de Instrucción está a la espera de contar con el testimonio de López para avanzar en expedientes, por ejemplo, como el que sigue contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, presos por supuestamente haber recibido sobornos para mover los proyectos del gobierno en el Senado y Cámara de Representantes.
Además, también tiene en sus manos el expediente contra los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. En indagatoria, todos le explicaron a la Corte que nada tienen que ver con el esquema de corrupción. Sin embargo, el alto tribunal sí cree que hay pruebas para investigarlos, y por eso tendrán que responder por el delito de cohecho impropio. Por ahora, se espera que esta vez el equipo de la fiscal Patiño logre tener los argumentos para que el caso de López deje de dar vueltas y puede contarle a la justicia todo lo que sabe sobre reuniones con ministros, congresistas y otros funcionarios de la Ungrd en las que habría recibido órdenes para desviar dinero de la Unidad.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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