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Por segundo año consecutivo, como no sucedía desde hace una década, la deforestación en el país disminuyó. Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) no ha terminado de analizar todas las imágenes satelitales que se requieren para la cifra oficial, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a inicios de la semana pasada en una rueda de prensa, anticipó que, respecto a 2022, la deforestación en 2023 se redujo del 25 % al 35 %.
Eso significa que durante 2023 se habrían talado de 80.287 a 92.638 hectáreas. Gran parte de la reducción, explicó la ministra, se logró en los primeros nueve meses. A pesar de que la cifra preliminar muestra un panorama alentador, Muhamad manifestó su preocupación por un fenómeno que se está viviendo, al menos, desde los últimos tres meses del año pasado: el aumento de la deforestación.
Si bien estaba previsto que la deforestación aumentara al final de 2023, pues el último trimestre es el más crítico históricamente y se esperaba que el fenómeno de El Niño incrementara los incendios en la región, está sucediendo algo anómalo. Podríamos estar viviendo, en palabras de Muhamad, “un pico histórico”, dado que en los primeros meses de 2024 las alertas tempranas de deforestación aumentaron en 40 % con respecto al mismo período del año anterior.
Hay dos razones que explican este aumento, asegura la ministra: las condiciones favorables relacionadas con El Niño y la “coacción significativa” de grupos armados. De manera más precisa, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC.
En la región hay otros grupos armados, como la Segunda Marquetalia (también disidencia de las FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CDF) y otros grupos de crimen organizado. Pero, para varias entidades, como la Defensoría del Pueblo, así como para organizaciones que investigan el conflicto armado, es claro que el EMC es el grupo ilegal que está vinculado en mayor medida a la deforestación en Guaviare, Meta y Caquetá, tres de los cuatro departamentos —junto al Putumayo— que conforman el arco de deforestación amazónico.
La coacción de este grupo, denunció la ministra, es ejercida de varias maneras: asesinato de líderes indígenas y campesinos, y amenazas y desplazamientos a comunidades de la región. También han impedido el acceso a funcionarios de autoridades ambientales a varios territorios. Todo esto, agregó Muhamad, estaría entorpeciendo los programas en los que trabaja el Ministerio de Ambiente.
El anuncio de que estamos en un “pico histórico” en la deforestación no generó sorpresa entre los investigadores que siguen de cerca este fenómeno, como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien dice que desde hace casi un mes venía alertando de lo que estaba sucediendo en la Amazonia. Lina M. Moros, profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y Ph. D. en Ciencias y Tecnologías Ambientales de la U. Autónoma de Barcelona, señala que, si bien es un anuncio “preocupante, era esperable”.
Botero y Moros, entre otros investigadores, ya se preguntaban a mediados de julio de 2023, cuando se dio a conocer que la deforestación había disminuido por primera vez en una década, cuál era el rol que estaba desempeñando el EMC en esa dinámica. “Si el EMC apalancó la reducción lograda, usando las amenazas y el terror difundidos a través de panfletos y mensajes de texto, los resultados serán muy frágiles”, decía, por ejemplo, Moros junto a su colega Diana Carolina Montaño en estas páginas.
Además, agrega Moros, en ese entonces también se reclamaba “la falta de autocrítica por parte del Ministerio de Ambiente” y la búsqueda de “ganar indulgencias con avemarías ajenos”. Es decir, “que en las buenas no mencionamos que hubo unos mandatos para frenar la deforestación por parte del EMC, pero en las malas sí los señalamos de que están permitiendo que se siga acaparando la tierra”.
Las inquietudes en torno a esta situación cobran mayor importancia por estos días en los que hay gran incertidumbre sobre el diálogo de paz que el Gobierno nacional adelanta con el EMC. ¿Qué puede pasar con la deforestación en este escenario?, se preguntan investigadores y habitantes de la región.
Para Moros, además de los anteriores, hay otros motivos por los que deberíamos estar hablando de la deforestación y son las relaciones que tiene este fenómeno con, por ejemplo, la disponibilidad de agua en Bogotá. Ahora que la ciudad afronta un racionamiento ante la escasez de este recurso, es importante recordar que los ríos voladores que se forman en la Amazonia, son los que, al chocarse con los Andes, forman las lluvias que se esparcen por el continente y los páramos cercanos a la capital.
La deforestación como forma de presionar las negociaciones
Hay varios elementos clave para entender el rol que ha tenido la disidencia del EMC en la dinámica de deforestación en la Amazonía. Precisamente a inicios de marzo de este año, la Fundación CORE publicó dos informes sobre las disidencias de las FARC. En un apartado sobre la relación con la población civil, la organización señala que “desde el 2016 (cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc), las unidades del ‘EMC’ en la Amazonía y los llanos orientales han ejercido una gobernanza ambiental increíblemente importante, que cambiaba a través del tiempo según el contexto político nacional y su relación con lo local”.
Un panorama similar es descrito por la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana 007 del 18 de marzo de 2024: “dicha facción disidente ha impuesto formas de regulación sobre la tala; el ingreso (restricción) de personas a áreas protegidas (incluyendo autoridades ambientales); el cobro de ‘impuesto’ por compra, venta y tenencia de hectáreas de tierra o por cabeza de ganado y de otras formas de exacción a quienes generen recursos por actividad relacionada con el agro y medio ambiente como operadores turísticos”.
Por esa gobernanza ambiental que ejerce en el EMC en la región, las disposiciones sobre la deforestación han variado a lo largo de estos años: de mantener las “reglas restrictivas” que tuvieron las FARC antes de firmar el Acuerdo de Paz, a ser muy permisivos con la deforestación y a volver a “prohibir la deforestación” antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
De hecho, en su informe, la organización afirma que esta última orden, emitida en mayo de 2022, sumada a otros factores como los acuerdos de conservación ambiental con algunas juntas, llevará a “una disminución en las hectáreas taladas a finales de 2022 y los primeros tres trimestres de 2023″.
Aunque Moros o Botero no dudan de que las políticas del Gobierno Nacional y el trabajo de las comunidades también hayan pesado en la disminución de la deforestación, sí hacen énfasis en la gobernanza ambiental que ejerce el EMC.
Como ejemplo, CORE expone la situación que se vivió durante el segundo y tercer trimestre de 2023. Entre abril, mayo y junio, dice, basándose en las alertas tempranas de deforestación del IDEAM, “se talaron 850 hectáreas en la región amazónica. Para el siguiente trimestre (julio, agosto y septiembre), “cuando ya no estaba vigente el cese con el ‘EMC’, porque se acabó el 30 de junio, la deforestación pasó a 5.500 hectáreas en la misma región”.
“Esto -continúa la organización- muestra que la terminación del cese pudo tener un impacto en la tala en regiones con amplia injerencia del ‘EMC’ (…)”. Para Juanita Vélez, politóloga y periodista de la Universidad Javeriana, e investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), una situación similar es la que se puede estar viviendo desde inicios de este año, pues, según pudieron conocer, la tala en varias regiones amazónicas volvió a estar permitida.
Al hecho de que el EMC haya levantado la restricción argumentando “incumplimientos del gobierno con lo acordado en Los Pozos, Caquetá”, firmado en marzo de 2023, ahora se suma un nuevo panorama de incertidumbre, atravesado por la suspensión del cese al fuego bilateral en tres departamentos con este grupo armado, la especulación de posibles divisiones internas y las dificultades que se viven en la mesa de negociación.
Vélez señala que, así como sucedió en el segundo trimestre de 2023, es posible que ahora el EMC pueda estar usando los ceses y las crisis en la mesa de negociación para presionar al gobierno a través de la deforestación.
Sin embargo, dice Botero de la FCDS, aunque la deforestación es la problemática que más llama la atención, es importante no perder de vista otros procesos que también se están llevando a cabo en la región, como los cientos de kilómetros de carreteras que se abren, la colonización dirigida, el aumento en las cabezas de ganado y la expansión de los cultivos de hoja de coca.
El futuro de la deforestación, dicen los tres investigadores, es tan incierto como el presente de la mesa de negociación del gobierno nacional con el EMC. Pero, a su modo de ver, también puede ser una oportunidad para los diálogos entre ambas partes. Botero lo explica de la siguiente manera: “El tema ambiental y agrario podría ser un oxigenador porque tienen un interés de las dos partes, además de la población y la cooperación” y porque tanto el gobierno como el EMC son conscientes de la importancia que tiene la deforestación.
Si bien Vélez también lo considera una oportunidad, cree que sí hay que presionar más al EMC en la mesa de negociación. “Ellos no deberían usar los ceses y las crisis en la mesa para permitir más deforestación”, dice. En cambio, propone que se piensen medidas concretas entre ambas partes, como negociar el acceso del Estado a la zona para adelantar temas clave, como el catastro multipropósito.
Aunque Moros, de la U. de los Andes, considera que “los acuerdos son la única forma de mantener el Amazonas colombiano”, prevé que los próximos dos años que le quedan al gobierno de Gustavo Petro, en lo que concierte a la deforestación, “vamos a estar al vaivén de la voluntad del EMC”.
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