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El primer periodo del Congreso 2022-2026, que terminó el pasado viernes con la aprobación en extras de la adición presupuestal y el proyecto que mantiene el número de diputados en las Asambleas Departamentales, estuvo protagonizado de principio a fin por las iniciativas del Ejecutivo. “El resumen de esta legislatura ha sido que el gobierno Petro propone y el Congreso responde: sea aprobando proyectos, hundiéndolos o no discutiéndolos”, asegura la Fundación Paz y Reconciliación en su informe más reciente sobre la labor del legislativo.
La agenda de estos ocho meses de sesiones giró en torno a las llamadas reformas sociales, que en algunos casos condicionaron los debates de las propuestas de origen congresional. Esto se explica, en primer lugar, porque al inicio del periodo el Gobierno contaba con una coalición fuerte que apartó a la oposición y se puso en función de aprobar la reforma tributaria, la ley de paz total, el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros proyectos.
Así mismo, aunque en los últimos meses perdió esa “aplanadora”, debido a las diferencias con los partidos tradicionales, el Gobierno mantuvo el control de las mesas directivas de Cámara y Senado, al igual que de comisiones claves como la Séptima de Cámara; lo que se vio reflejado en la priorización de las reformas en el orden de cada día.
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Con ese panorama, la aprobación de otras iniciativas se convirtió en todo un desafío. Según la herramienta de monitoreo Sonar, durante la legislatura se radicaron 673 proyectos de ley, de los cuales solo se aprobó el 3,4 %. De esta cifra, el 65 % fueron presentados por el Gobierno y el 35 % restante corresponde a propuestas de los congresistas. Del total de proyectos de origen legislativo, solo el 1 % superó todos los debates reglamentarios.
Un ejemplo claro de este fenómeno es lo que ocurrió en las comisiones séptimas, donde los congresistas se enfocaron en las reformas laboral, pensional y de la salud; lo que al final ocasionó que el 62 % de los demás proyectos terminaran archivados, la mayoría porque nunca fueron puestas a consideración.
A todo esto se suma que la agenda mediática también estuvo centrada en los proyectos de Gobierno, especialmente porque fueron los que más polémica generaron. Así, la opinión pública perdió de vista otras apuestas que venían haciendo carrera incluso desde las legislaturas pasadas.
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Los proyectos que resistieron
A pesar de estas adversidades, hay varias iniciativas legislativas que se destacaron y encontraron el espacio para avanzar en todos sus debates, por lo que solo tienen pendiente la sanción presidencial para convertirse en ley. Hay de todas las bancadas, enfocados en temas de educación, salud, agricultura y más. La mayoría fueron conciliados en la última semana de sesiones ordinarias.
Uno de los puntos que más llama la atención es la alta aprobación de proyectos relacionados con los derechos de la mujer. En el ámbito político sobresalen la reforma a la ley de cuotas, que eleva al 50 % la participación de las mujeres en cargos del poder público, y la implementación de sanciones contra quienes ejercen violencia política de corte machista. Según las promotoras de este último, cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular en Colombia han sufrido conductas de violencia como la restricción en el uso de la palabra y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión.
En términos de salud se aprobó la ley para mejorar la atención de la endometriosis y la protección de las víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, en los casos relacionados con la aplicación de biopolímeros. También se aprobó la alerta rosa para la búsqueda de mujeres y niños desaparecidos y la ley de brazos vacíos que mejora la atención de las mujeres y familias que pierden a sus hijos recién nacidos.
En línea con estos últimos, el Congreso también le dio luz verde a la política pública de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional, así como a la nueva política de desarrollo integral en la infancia y adolescencia.
Uno de los proyectos que más llamó la atención entre los ciudadanos fue el de la llamada ley “dejen de fregar”, que establece medidas para proteger el derecho a la intimidad de clientes de bancos, operadores de telefonía y otras empresas de servicios que llaman a cobrar o promocionar productos en horarios inadecuados. Ahora, con los cambios aprobados, estas compañías solo podrán comunicarse entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde los sábados.
Otra de las iniciativas que será ley es la prohibición del uso de animales, como perros y caballos, como método para disuadir protestas o manifestaciones.
Aunque son del Gobierno, la matrícula cero en universidades públicas y el cambio de nombre al Ministerio de Cultura —que ahora será Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes— son otras dos propuestas que pasaron desapercibidas en medio del ruido de las grandes reformas.
En esta legislatura también se aprobó la ley de pasivos ambientales, la ampliación del plazo de acreditación de los hospitales universitarios y las nuevas garantías para la participación de las personas en condición de discapacidad.
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Lo que viene
Para la segunda legislatura, el panorama de los proyectos de origen congresional tampoco pinta bien. La agenda estará más apretada por cuenta de las elecciones regionales y, además, porque hay varias discusiones pendientes en las plenarias, debido a que muchos proyectos avanzaron en primer debate en comisiones y están listos para su siguiente paso.
“Se puede prever una alta congestión en las plenarias, tanto de Cámara como de Senado. Esto, si el Gobierno no adopta una postura más conciliadora de cara a sus proyectos más ambiciosos, podría implicar el archivo de más iniciativas legislativas”, señala un estudio de la consultora Orza.
Por otra parte, el Gobierno intentará de nuevo marcar la pauta de los debates. Además del regreso de la reforma laboral y el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto, se retomarán los debates de la reforma a la salud y la pensional, ambas con duros cuestionamientos por parte de los partidos y los gremios.
Además, se espera la radicación de la reforma a la Ley 30 de Educación, al Código Minero, al Sistema Nacional Ambiental, a la Policía, a los servicios públicos y al Código Nacional de Tránsito.
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Por David Efrén Ortega
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