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Un brutal diagnóstico sobre lo que significa para Colombia un juez corrupto acaba de hacer la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Tras condenar a ocho años y medio de prisión al exmagistrado del Consejo de la Judicatura de Córdoba Ramón Jaller Dumar, por favorecer en 2011 a una jueza civil involucrada en el saqueo de $80 mil millones a ese departamento, el alto tribunal hizo una contundente reflexión sobre la tragedia social y los efectos devastadores en la confianza institucional que se derivan de la corrupción judicial. Según la sentencia, contrario a lo ocurrido en este caso, “quien es exaltado dentro de la sociedad para desempeñar labores jurisdiccionales debe construir una ética personal que trascienda de la sala de audiencias y se proyecte en la comunidad con un proceder digno de admiración y de respeto. La persona que se encarga de administrar justicia debe ser íntegra y honesta. El juez debe ser una persona respetable”.
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“La sociedad –dice el fallo–, al investir a una persona como magistrado de la República, le confiere poderes que a ningún otro servidor público le son concedidos. Por esta razón, quien ostenta la función jurisdiccional, y sobre todo en el destacado rango de la magistratura, tiene el deber moral de conducir sus actuaciones con probidad y honestidad. La sociedad confía en él para que con prudencia, transparencia e imparcialidad decida sobre los derechos de sus semejantes y, por esa vía, alcance los ideales de justicia necesarios para lograr una convivencia pacífica (…) Sus actuaciones no se reducen a ámbitos estrictamente laborales, sino a todos aquellos espacios en donde la razón y la serenidad deben primar sobre la exaltación o la enervación”. En el expediente del exmagistrado Jaller Dumar la Corte constató que, contra toda evidencia, en su momento absolvió a la exjueza Loreley Montes Oyola, condenada por el escándalo del carrusel de la educación en Córdoba.
De acuerdo con el proceso, a través de embargos ilegales a la fiduciaria La Previsora S.A. y fallos amañados proferidos entre 2010 y 2012, la entonces jueza Loreley Montes Oyola, en colaboración con otros funcionarios y abogados, desfalcó el erario cordobés al condenar al Estado a pagar cuantiosas demandas laborales y pensionales promovidas por un cartel que suplantó a los profesores de la región. Con una particularidad: aunque la esposa del exmagistrado Jaller Dumar, la también jueza de Lorica Caterine Cogollo Reina, hacía parte de la organización criminal, éste no se declaró impedido. Por estos hechos las exjuezas Loreley Montes y Caterine Cogollo fueron condenadas a 27 y 7 años de cárcel, respectivamente. La Corte Suprema reprochó duramente a Jaller Dumar, detalló cómo con su fallo favorable a Montes pretendió encubrir una gigantesca operación de corrupción y lamentó que un juez de su categoría terminara en esas vueltas.
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Lo más grotesco de este expediente es que Jaller Dumar ni siquiera hizo un esfuerzo por disimular el favorecimiento a la jueza Montes. De hecho, cuando le llegaron las denuncias en su contra solo decretó una prueba: requerir a Montes para que enviara un informe para responder las acusaciones que le endilgaban con sus fallos. Tras recibirlo, en menos de cinco meses archivó el caso. Montes, además, era su amiga y, ni siquiera así pidió apartarse del proceso. Años después, cuando fue descubierto, Jaller Dumar llegó a un acuerdo con la Fiscalía y le dieron prisión domiciliaria. Su defensa solicitó asimismo que su pena no fuera mayor a 25 meses, pues no tiene antecedentes y es padre de dos hijos de 8 años que dependen de él, ya que su madre, la exjueza Caterine Cogollo, presenta un cuadro de depresión tras su condena. La Corte no accedió a estas peticiones, condenó al exmagistrado a 103 meses de cárcel y acaba de ordenar su captura.
“Este fenómeno de corrupción judicial en el nivel de la magistratura del Consejo de la Judicatura genera un descrédito de las instituciones y en especial de la Rama Judicial que llena de desaliento y desesperanza a los asociados (ciudadanos), quienes de manera lamentable asisten al escenario en el cual los llamados a administrar justicia y a reconocer los derechos de la comunidad conspiran para desconocerlos sin escrúpulo alguno, permitiendo con ello el desdeño de caros y escasos recursos públicos”, señaló la Corte. Y agregó: “El magistrado aquí imputado optó, aún cuando tenía el deber de no hacerlo, por beneficiar ilegalmente a quien debía investigar, con lo cual decidió traicionar la confianza que la sociedad y el Estado habían depositado en él, pervirtiendo los principios de autonomía e imparcialidad inherentes a la labor judicial”. Luego de esta valoración, el alto tribunal describió lo que significa para la democracia el rol del “árbitro” judicial.
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“El papel que desempeña el juez es imprescindible en la sociedad. Su posición jamás debe quedar vacía, pues su ausencia desembocaría en violencia, descontrol y caos. La ausencia a la que aquí se refiere nada tiene que ver con una acepción física, sino con su contenido moral. Falta la jurisdicción cuando a quien se le encomienda incumple con sus deberes o cuando falla en sus responsabilidades. Un juez está ausente cuando incumple la ley”, advirtió la Corte. En ese sentido, si la sal se corrompe, como diría el refranero popular, pasamos del imperio de la ley al “imperio de la corrupción y la delincuencia”, según palabras del alto tribunal. “El juez representa el último resguardo de transparencia y honestidad. Los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que el fallador de su caso los protegerá de la injusticia y los abusos de poder, cualquiera sea su procedencia. El juez es el vigilante de la legalidad de los poderes públicos y el protector de los derechos fundamentales”.
Finalmente, la sentencia concluyó: “Una empresa de tales magnitudes (ser juez) reclama como atributo imprescindible la imparcialidad en todas sus actuaciones. Sus decisiones deben ser reflejo de ecuanimidad y serenidad. Su legitimidad radica en nunca inclinar sus determinaciones hacia un costado diferente a aquel que le demanda el derecho. Cuando se aparta de la ley y decide favorecer a alguna de las partes pierde toda su legitimidad y deja de representar a la justicia. Ya no es más una persona respetable y, por lo tanto, ya no puede ser juez. Un juez pierde su independencia no solo cuando el poder se entromete en sus decisiones, sino cuando él mismo, por intereses de terceros o personales, decide romper con su objetividad, faltar a los deberes morales por él esperados y favorecer corruptamente a quien la Constitución y la ley no le dan la razón”. Unas reflexiones muy duras y pertinentes en tiempos de corrupción desbordada. Los jueces son el último refugio.
Por Juan David Laverde Palma
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