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Promotores y críticos de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro caen en exageraciones innecesarias que hacen difícil que se entienda lo que se quiere hacer y lo que está en juego.
Del lado de la administración se abusa de la supuesta novedad de lo que pretenden impulsar.
Cuando los defensores oficiales de la política de paz de Petro insisten en que estamos ante un cambio de paradigma absoluto, es más lo que confunden que lo que entusiasman. Pues no es cierto.
Sin hacer cumplir lo pactado en La Habana no solo no habrá paz total sino que no habrá paz de ningún tipo.
Tampoco son convincentes algunos de los argumentos críticos que señalan que no hay hoja de ruta y prima la espontaneidad.
Se sabe que a diferencia de la administración anterior, que en materia de paz hizo poco (pero mal), se le dará importancia a la aplicación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana. A su vez, el proceso de paz con el Eln será revitalizado. Y para estructuras criminales como la del Clan del Golfo habrá espacios de sometimiento a la justicia.
Todo lo anterior viene enmarcado en el deseo explícito de avanzar hacia el fin de la guerra contra las drogas. Se asume que el narcotráfico requiere de una solución de fondo para que la paz sea, como dicen, total. Adicionalmente, lo local y el enfoque territorial le dan sentido a toda una discusión que se nutrirá de la herramienta de los diálogos regionales vinculantes.
Lo que se busca es ambicioso y las posibilidades de frustración son altísimas. El rol del crimen organizado que no es necesariamente parte del narcotráfico (la última columna de Gustavo Duncan) es una alerta. Pero hay elementos que construyen sobre lo que ya había. Además de una racionalidad para la grandilocuente “paz total” que sigue siendo esperanzadora.
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