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“Me sentí como Hannibal Lecter”, aseguró ante CNN Fernando Artese, el preso número 71 de Alligator Alcatraz: “No me parece que este sueño americano esté muy lejos de cualquier pesadilla”. Él, ahora desde España, contó que lo encadenaron al piso por doce horas y que pasó hambre, un relato que se parece a los informes que organizaciones como Human Rights Watch han presentado sobre los centros de detención en Florida y a las declaraciones de los familiares de los allí presos. Alligator Alcatraz no es el único sitio cuestionado por las condiciones deplorables bajo las que opera, pero tal vez es uno de los más visibles en la política migratoria de Donald Trump, que además ha tomado el caso del salvadoreño Kilmar Abrego para dar un mensaje claro: los migrantes deben tener miedo de estar en Estados Unidos.
En los últimos días, una jueza federal pidió el cierre del centro migratorio, bajo los reclamos de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee sobre los daños que la construcción está causando en los pantanos de los Everglades. La magistrada Kathleen Williams rechazó la solicitud del Gobierno de suspender su fallo, que fijó un plazo de 60 días para trasladar a los internos a otras instalaciones y desmontar cercas, torres de luz y generadores eléctricos. En paralelo, organizaciones de derechos civiles interpusieron otra demanda denunciando que las personas recluidas allí no tienen acceso al sistema judicial y que el estado no tiene jurisdicción sobre asuntos migratorios.
“Esto muestra una política de crueldad contra la población migrante en Estados Unidos”, afirmó Maureen Meyer, vicepresidenta de proyectos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos: “Además, hay que resaltar que al menos 10 personas han muerto en detención en los primeros seis meses del año, y eso también es una muestra de la poca importancia que tienen la seguridad y el bienestar de las personas para el gobierno de Donald Trump”. Ella, que también es analista de temas migratorios, mencionó que más de la mitad de la población que ha sido puesta bajo custodia no tiene récord penal en Estados Unidos, además de que enfatizó que la administración republicana también está suspendiendo los programas de protección temporal y de visas humanitarias.
Con todo esto se está creando un clima de miedo generalizado, y en medio de esa desprotección y persecución, Meyer insistió en la necesidad de seguir denunciando y documentando lo que está pasando. A la vez, recalcó el rol que debe tener el Congreso. De hecho, algunas voces dentro del Capitolio ya se han pronunciado al respecto. El representante Maxwell Frost, por ejemplo, dijo ante CBC News: “Tenemos jaulas inhumanas, 32 hombres por cada una y de cuatro a seis de ellos hacinados en tiendas de campaña”. En su declaración agregó: “Es un campo de internamiento para migrantes que también se parecen a mí, que son personas negras y morenas, personas latinas y haitianas, sometidas a condiciones inhumanas bajo el pretexto de mantener el orden. Es una vergüenza”.
Por su parte, Jon Ossoff, senador por el estado de Georgia, se unió a un grupo de colegas para exigirles respuestas a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias sobre posibles abusos a los derechos humanos en Alligator Alcatraz. El problema, al menos para Meyer, es la falta de acción por parte del Gobierno, sobre todo cuando otros legisladores también han presentado informes sobre abusos contra mujeres y niños en otros centros de detención.
Esa política de presión alrededor de los centros de reclusión también se ha visto con el caso de Kilmar Abrego García, deportado por error a El Salvador y ahora en peligro de ser enviado a Uganda, país con el cual Trump firmó un pacto para recibir migrantes que no tengan antecedentes penales, que no sean menores no acompañados y que preferiblemente sean africanos. “Ellos no quieren que él esté en Estados Unidos. Lo están castigando por hacer quedar mal al Gobierno”, dijo Meyer: “Es una forma de presionar y de mostrarles a los demás lo que les podría pasar si son blancos de las políticas migratorias. Si quieren seguir acusándolo de un delito, deberían crear condiciones para que tenga un juicio formal en Estados Unidos y, entonces, se determine si es responsable o no de los delitos que lo acusan. No deberían usar su caso para mandarlo a un país que no es apto ni seguro para él”.
De hecho, ya se conocen alegatos sobre violaciones a los derechos humanos en Uganda. En julio, el presidente promulgó una de las leyes anti-LGTBIQ más severas del mundo, según Naciones Unidas, y en virtud de la cual las personas que incurran en “homosexualidad agravada” serán castigadas con la pena de muerte. Los actos sexuales entre personas del mismo sexo son sancionados con cadena perpetua y la “promoción de la homosexualidad” hasta con 20 años de cárcel. Por otro lado, el mismo Departamento de Estado publicó un informe en 2024 que decía que allá hay reclutamiento de niños en conflictos armados, “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, así como “presencia significativa de las peores formas de trabajo infantil”.
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