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A pocas horas de que terminara el año 2022, el presidente Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales: ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las Disidencias, las Autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. En un hecho sin precedentes, el Gobierno comunicó su iniciativa de “suspender la afectación humanitaria de la población” y evitar incidentes entre estos criminales y la Fuerza Pública. La apuesta se materializó con la firma de una serie de resoluciones que se vencen este 30 de junio, que han tenido sus transformaciones y que podrían ser renovadas esta misma semana.
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Seis meses después, los acuerdos con los cinco grupos armados se mantienen vigentes, tal cual se firmaron en diciembre, únicamente para dos grupos: Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Sin embargo, el acuerdo con el Estado Mayor está suspendido parcialmente; el correspondiente al ELN quedó en firme recién hasta el pasado 9 de junio, luego de que la guerrilla negara haber llegado a un acuerdo mutuo a principio de año y después de tres ciclos de conversaciones en La Habana; y el del Clan del Golfo está suspendido totalmente desde que este grupo se tomó el paro minero en Antioquia en abril pasado.
Este 30 de junio es la hora cero para los decretos. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró el mes pasado que el gobierno Petro tienen pensado prolongarlos. “Estamos en una evaluación interna, ya hay unas definiciones que el presidente adoptó en consenso con la oficina del Alto Comisionado, las Fuerzas Militares y los ministros de Defensa y del Interior”, explicó en rueda de prensa. Precisó, además, que los decretos tendrán cambios, buscando el cese de hostilidades en las regiones donde los grupos tienen control social. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, agregó este fin de semana que habrá “nuevas directrices” que beneficien a las comunidades.
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Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, ve con buenos ojos la renovación de los decretos, no obstante, explicó que la mejor forma de analizar la continuidad de estos es a través del enfoque territorial. “Hay casos como los del Estado Mayor Central (liderados por Iván Mordisco) donde el cese al fuego funciona bien en Arauca, pero muy mal en otros territorios, como en el Cauca”, explicó en entrevista. El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, en rueda de prensa explicó que las “falencias” en la iniciativa de paz total han sido fundamentales para el incremento de la criminalidad.
En diálogo con este diario, Gaviria explicó que se prevén, en lugar de ceses al fuego, ceses de hostilidades contra la población civil. “Podrán continuar en la medida en que beneficien a los ciudadanos. De que alivien las angustias en temas de seguridad, como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el reclutamiento de menores de edad”, concluyó. Además, el gobernador de Antioquia considera que decretar ceses al fuego no son avances tan significativos como el Gobierno Nacional lo quiere hacer ver, dado que, normalmente, es uno de los pasos más avanzados en procesos de diálogo extensos y rigurosos. De ahí que, según su análisis, se haya caído proceso con el del Clan del Golfo y se haya interrumpido por meses el del ELN.
¿Qué muestran las cifras?
El Espectador conoció el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que recopila las acciones de incumplimiento al cese al fuego de los actores armados. Indepaz encontró que los eventos fueron constantes durante los últimos seis meses. A corte de 20 de junio, se reportaron 60 eventos de incumplimiento de cese al fuego y 87 casos de incumplimiento al cese de hostilidades contra la población. La mayoría de los hechos corresponden a enfrentamientos entre grupos armados, pero se destacan hostigamientos y enfrentamientos y secuestros contra miembros de la fuerza pública.
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Entre los eventos contra la población civil, la mayoría de acciones corresponden al control social, que se presentaron 37 veces en los primeros seis meses. También hubo desplazamientos, secuestros, homicidios, amenazas y reclutamientos. “Algunos indicadores como las masacres, homicidio y delitos menores han crecido en muchas regiones, incluidas las urbanas, sin que se pueda atribuir al impacto de las grandes estructuras armadas. Eso sugiere que en el conjunto hay más violencia común y de la trama mafiosa que violencia asociada al conflicto armado”, señala Indepaz.
El Cauca fue la región más afectada, tanto en eventos de no cese al fuego, como de no cese de hostilidades contra la población civil. A excepción de ese departamento, para Indepaz fue evidente el desescalamiento de los choques armados con la fuerza pública con el paso del tiempo. Por otro lado, así como lo advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el primer trimestre del año, Indepaz también observa que la Segunda Marquetalia ha mantenido el cese al fuego y a las hostilidades. Las Autodefensas de la Sierra Nevada tampoco registran acciones.
El caso aparte de las disidencias de Iván Mordisco
El único decreto de cese al fuego bilateral que está suspendido parcialmente es el del Estado Mayor Central, comandada por Iván Mordisco. Así lo decidió en mayo pasado el Gobierno en mayo pasado, a raíz del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en Putumayo, que habían sido reclutados por esa guerrilla. El hecho atroz obligó al Gobierno a suspender el cese bilateral en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. No obstante, la decisión no interrumpe el proceso de diálogo adelantado con el líder Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco.
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Actualmente, tanto el Gobierno como el Estado Mayor Central están concretando, después de varias interrupciones, la instalación de la mesa de diálogo que fue inicialmente pactada para el 16 de mayo pasado. Las relaciones estaban congeladas dado que la Fiscalía no había suspendido órdenes de captura contra representantes de las disidencias, lo que finalmente sucedió el pasado 13 de junio. Con este paso, se permitirá la participación de los beneficiados en el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, pero de carácter nacional.
Para el investigador Celis, este proceso con el Estado Mayor, y con las demás estructuras armadas, va a funcionar “si hay mesas de diálogo activas”. Expone como ejemplo a seguir el caso del ELN, con el cual el gobierno pactó un cese bilateral al fuego que iniciará el próximo 3 de agosto. Las negociaciones están tan avanzadas que el presidente aseguró que “la guerra entre el ELN y el Estado finaliza en mayo de 2025″. Y mientras ya se habla de un cuarto ciclo de negociaciones con esta guerrilla, esta semana es clave para conocer la decisión de Petro de actualizar las resoluciones con los demás grupos armados organizados, que en mayor o menor medida han demostrado su interés en la anhelada paz total del Gobierno.
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