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Desde este lunes y hasta el próximo sábado primero de julio, el presidente Gustavo Petro y su gabinete despacharán desde el departamento de La Guajira, en los municipios de Riohacha, Uribia, San Juan del Cesar, Albania, Manaure y Maicao. El objetivo principal será atender el estado de cosas inconstitucional sobre los derechos a alimentación, salud y agua de los niños wayúu.
Según el mandatario, lo que se busca es que La Guajira entre en una “dinámica diferente”, priorizando la participación de la sociedad civil, especialmente de las comunidades indígenas wayúu. Por ejemplo, durante toda la semana, los ministros tendrán que organizar jornadas de atención para escuchar las preocupaciones de las comunidades y brindarles soluciones en el corto plazo.
Lo más probable es que la primera decisión del presidente sea declarar una emergencia social y económica en el departamento, lo que lo faculta para emitir decretos con fuerza de ley. Según el mandatario, este mecanismo permite atender la falta de agua en la región, justo cuando se agudizan los efectos de la crisis climática, como sucede con el fenómeno del niño.
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En la agenda también está la firma de un decreto para que la Comisión de la Verdad y una comisión científica investiguen las causas de la muerte de niños y niñas por desnutrición. Por otra parte, se espera un encuentro con las organizaciones sociales que están interesadas en el desarrollo de proyectos eólicos, en el municipio de Uribia. Sobre este último punto, es de destacar que el Gobierno firmará un pacto por la transición con las autoridades indígenas y las empresas interesadas en los proyectos de energías limpias.
La visita a La Guajira también incluye la entrega de títulos de propiedad y de dos Unidades Comunitarias de Atención (UCA), un laboratorio de innovación, 3.000 computadores y un lote para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) construya un hogar de paso y de recuperación nutricional.
Las deudas con la sentencia
Para la Corte Constitucional, los habitantes de La Guajira son víctimas de “una violación múltiple de derechos fundamentales”. El alto tribunal señala que, en los temas de salud, por ejemplo, han sido perjudicados por las diversas omisiones de atención por parte de las entidades territoriales. Esto, a su vez, deriva en la violación al derecho a la vida, ya que las fallas hacen parte de la cadena de errores que terminan con la muerte de niños por desnutrición.
Para la corte, estos casos también son la consecuencia de la violación al derecho a la alimentación, marcado por los errores en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a cargo de las entidades territoriales, y por las omisiones del ICBF en la entrega de complementos nutricionales.
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En el caso de la falta de agua, el tribunal estima que se trata de un problema que, además de la sequía natural de la región, obedece a la falta de provisión de carro tanques, la ausencia de pozos y las demoras del Estado para implementar los proyectos para asegurar un acceso continuo y sostenible al agua potable.
“De manera transversal a estos tres aspectos —salud, agua y alimentación— se encuentran las violaciones de los derechos a la autodeterminación y a la participación de las comunidades wayúu. La imposición de programas gubernamentales con desconocimiento de las costumbres, las tradiciones y las instituciones económicas del pueblo Wayúu no solo configura un daño cultural violatorio de derechos constitucionalmente reconocidos, sino que es una de las causas de la inefectividad de las acciones gubernamentales destinadas a garantizar los derechos de los niños”, señala la Corte Constitucional.
Todas estas preocupaciones están consignadas en la sentencia T-302 de 2017, en la que la corte ordena a los gobiernos nacionales y locales poner en marcha las políticas públicas necesarias para salir del estado de cosas inconstitucional. Esto teniendo en cuenta las prácticas tradicionales de los wayúu. “De nada sirve proveerles alimentos si éstos no son acordes con sus costumbres”, dice el tribunal en el caso del derecho a la alimentación.
Aunque han pasado cinco años de la decisión, la Corte Constitucional asegura que el cumplimiento de las medidas ha sido “insuficiente e inefectivo”. Aunque reconoce el esfuerzo de algunas entidades, señala que las acciones tienen deficiencias. Uno de los temas que más preocupa y que debería ser parte de la agenda de esta semana es la falta de coordinación entre los niveles nacional y territorial.
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“Se evidencia que existe una multiplicidad de acciones materializadas en planes y programas que no tienen una cobertura universal y no cuentan con una sostenibilidad a largo plazo”, señaló en su momento la corte.
Las medidas ordenadas por el tribunal exigen que al menos 16 entidades del Ejecutivo, del orden nacional y local, se pongan de acuerdo para sacar adelante las políticas necesarias, algo que no se ha logrado en los últimos cinco años. “El sector salud suele atender la desnutrición de forma aislada, a pesar de que también necesitan intervenciones en educación, agricultura, ambiente y agua para contrarrestar este problema y lograr que las comunidades salgan del asistencialismo”, dice Dejusticia, organización que promueve el cumplimiento de la sentencia.
La labor de coordinación institucional sería una responsabilidad de la Consejería Presidencial para las Regiones, hoy a cargo de la exsenadora Sandra Ortiz. Para Dejusticia, hasta el momento esta dependencia se ha dedicado a reportar las acciones de las demás entidades, pero no en buscar puntos comunes y articular las acciones.
Otro de los retos está relacionado con las estadísticas oficiales. Para la Corte, es necesario que el Dane consolide un censo veraz y actualizado de la población wayúu, lo que permitirá establecer indicadores claros para atender necesidades básicas.
“No hay claridad sobre la cantidad de población, ni sobre los puntos dispersos de asentamientos y las necesidades diferenciales. Esto es un factor determinante de que las políticas no generen un impacto serio y continuo que garantice de manera efectiva el acceso a cada uno de los programas y planes”, advierte la corte.
Por último, señala como desafío el poco conocimiento de las autoridades sobre las tradiciones y formas de vida del pueblo wayúu, especialmente en el tema de la alimentación. Además, pide mejorar los criterios de selección de los contratistas de cada programas social, ya que los casos de corrupción terminan siendo determinantes en la vulneración de todos los derechos mencionados.
A la par de los desafíos sociales, el Gobierno le apuesta a posicionar al departamento como enclave de la transición energética. De hecho, una de las funcionarias más comprometidas en el viaje es la ministra de Minas, Irene Vélez, quien tiene la responsabilidad de consolidar los 23 proyectos de energías renovables (eólica y solar fotovoltaica) con las comunidades y las empresas.
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