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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció la apertura del proceso de convocatoria para incorporar nuevas plantas de generación al Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre 2029 y 2030.
El objetivo es garantizar el suministro en escenarios de baja hidrología, como los que trae el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, el anuncio se da en un contexto de incertidumbre regulatoria que amenaza con restarle atractivo a la puja.
La subasta se hará bajo el esquema del cargo por confiabilidad (un “seguro” que se paga en las tarifas de los usuarios para garantizar respaldo energético en crisis).
Habrá incentivos para proyectos que entren antes de 2029 o que se renueven con tecnologías más limpias.
Además, se dará información técnica adicional a los proyectos sin capacidad de transporte asignada para que puedan valorar riesgos y participar.
Los generadores tendrán tres meses para manifestar interés y cumplir con los hitos definidos por la Comisión.
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Desde la CREG insisten en que la convocatoria es una señal de confianza y una herramienta para blindar el suministro con más inversión. El director de la entidad, Antonio Jiménez Rivera, recordó que el mecanismo busca cubrir la demanda estimada por la UPME y que esta vez se ampliaron incentivos para proyectos que entren antes de 2029 o que renueven su tecnología hacia fuentes más eficientes.
“Las subastas de expansión son el mecanismo a través del cual trabajamos por el suministro confiable de energía en el mediano plazo, al tiempo que damos señales positivas para la inversión en Colombia”, aseguró Jiménez.
Como ejemplo, citó la subasta de 2024, que comprometió 4.400 megavatios en renovables y más de U$4.000 millones en inversión para 2027.
Pese a ello, los propios agentes del mercado han advertido de un clima enrarecido en lo corrido del año.
Isagén señala que se necesitan condiciones estables y de largo plazo, que no cambien cada tres meses.
“Para futuras subastas se requiere que esas condiciones sean atractivas y medianamente estables, porque no podemos estar pensando en un cambio regulatorio cada tres meses. Eso desanima y espanta las inversiones en el sector”, dijo Camilo Marulanda, presidente del gremio.
Asociaciones como Andesco, Andeg y Asocodis también han advertido que la incertidumbre sobre el cargo por confiabilidad mina la confianza de los inversionistas. El Gobierno ha sugerido revisarlo con el argumento de que podría reducir las tarifas entre 5 % y 8 %, pero para el sector eléctrico esa señal es contradictoria: si se debilita el esquema que respalda las Obligaciones de Energía Firme (OEF), se compromete la base financiera de nuevos proyectos.
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