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“Han pasado tres años y cinco meses desde que esta pesadilla empezó para nosotros. Y ahora, parece increíble, pero hemos llegado al vencimiento de términos antes de la última parte del juicio oral, pero esto no es más que una artimaña y otra de las maniobras que la defensa de estas personas ha estado introduciendo en el proceso, para entorpecer el trabajo de la justicia”.
“Necesitamos que la justicia de este país priorice este caso. Estamos hablando de un asesino de niños. Esta persona torturó a mi hija y dio la orden para que la asesinaran, en total estado de indefensión. El llamado es a la no repetición, a la no revictimización y, sobre todo, a la celeridad. Es una derrota para el sistema judicial que esto esté pasando”, aseguró, en entrevista con El Espectador, Nathalie Amaya, madre de Lynda Michelle Amaya, de 15 años, asesinada en las calles del barrio San Bernardo de Bogotá, a finales del 2021.
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Sobre el proceso y los responsables, se tiene que fueron capturadas cinco personas vinculadas al crimen, de las cuales tres ya fueron condenadas a 41 años de prisión y dos más, alias Cristina y alias Pirry, continúan en el proceso.
El crimen
La historia se remonta al 30 de noviembre de 2020, cuando Michelle salió de su vivienda rumbo al centro, para intentar recuperar el celular que le habían robado días atrás. Ella, llena de inocencia e indignación, llegó al barrio San Bernardo, porque le dijeron que allá podría estar el dispositivo. Ese día su familia le perdió el rastro. Tras la desaparición, su familia, residente en la localidad de Suba, con la ayuda de vecinos y conocidos, a través de redes sociales y medios de comunicación, emprendieron una ardua labor de búsqueda para establecer el paradero de la niña.
Entre tanto, la menor, de 15 años, ya había sido raptada por integrantes de una de las bandas que ostenta el poder en esa zona de la capital, conocida como Tasmania. Estos sujetos, además de secuestrarla, la asesinaron, supuestamente, porque pensaban que se trataba de una informante que iba a buscar datos de las redes del hampa que gobiernan la zona.
Nathalie, sin embargo, no desistió en la búsqueda. Llevada por una corazonada, se hizo pasar por habitante de calle para buscarla. “Cambié mi aspecto físico; me envolví en una cobija de una mascota, para que tuviera mal olor; trituré carbón, para manchar mi cara, entrar a ese lugar y que sintieran que era parte de ese mundo”. Esa fue la rutina, cada noche, por 15 días.
Así, haciéndose pasar por una más del sector, descubrió lo que las autoridades no, a los miembros de Tazmania: José Francisco Daza Alarcón, alias Chepe; Wílmar Andrés Daza Alarcón, alias Andrés; Juan Carlos Mendivelso Ibáñez, alias Juan Carlos; Édinson Cervera Guarnizo, alias Pirry; Jakeline Cala Nieves, alias Jakeline, y Lady Johana Guzmán, quien era compañera sentimental del cabecilla de Tazmania.
A mediados de diciembre se reportó el hallazgo de un cadáver, en el corazón del barrio. En Medicina Legal informaron que era el cuerpo de una mujer, que tenía entre 20 y 25 años, por lo que inicialmente descartaron que fuera la menor desaparecida. Luego, el 8 de enero de 2021, la institución rectificó el error y confirmó que el cuerpo era del de Michelle, a quien ya habían sepultado como NN.
Casi en simultáneo, la Fiscalía y la Policía lograron capturar a todos los integrantes de los Tazmania y a cinco de ellos les imputaron homicidio agravado, tortura agravada, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico de estupefacientes. A Lady Johanna Guzmán la judicializaron solo por tráfico de drogas.
Todos aceptaron cargos, menos alias ‘Pirry’ quien, además, según la representación legal de las víctimas, fue quien dio la orden de matar a Michelle. A pesar de que ha sido señalado, incluso, por los otros vinculados al proceso, como el cabecilla de la organización criminal, podría quedar libre por vencimiento de términos.
Él quiere salir a la calle a volver a vender drogas, porque todos sabemos que las mafias que están enquistadas en el barrio San Bernardo y sus alrededores siguen funcionando, común y corriente. Nuestro llamado, insistimos, es a la no repetición y a la no revictimización, porque estamos hablando del asesinato de una niña. Ya ha sido demasiado largo el proceso, incluso haciendo el trabajo de las autoridades, como para que ahora este señor vaya a quedar libre. Es absurdo. Lo sentimos como una desgracia y una derrota para nosotros como familia de la víctima”, señaló Nathalie.
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El desarrollo del caso
“El llamado es al fiscal 25 especializado de la Unidad de Vida, para que pueda concentrarse en este juicio y podamos terminarlo en un plazo razonable, para conseguir la condena contra alias Pirry, quien ha sido señalado por otros tres copartícipes, como el autor intelectual del crimen. Entonces, es cuestión de una concentración del juicio, para lo cual se requiere que, ojalá la doctora Luz Adriana Camargo (fiscal general de la Nación), le brinde todo el apoyo requerido al fiscal 25”, le contó a El Espectador, Alejandro Carranza, representante legal la familia de Lynda Michelle.
Las tres personas hoy condenadas se encargaron de perpetrar materialmente el crimen y de trasladar y ocultar el cuerpo.
Carranza también menciona los vacíos en el proceso, que han llevado a que el caso esté hoy en esta situación. “El llamado también es a la Procuraduría, para que participe y cumpla con su deber, porque lo que hemos visto hasta ahora es que no asisten a las audiencias, cuando quieren se conectan, no han dado ninguna clase de atención ni de garantía sobre el proceso, no dejan constancia, es decir, no ayudan absolutamente a nada y toda esa ausencia es aprovechada por la delincuencia, en este caso alias Pirry”, señala Carranza.
El señalado autor intelectual del crimen fue capturado varios días después del homicidio. Cuando la Policía llegó al barrio San Bernardo a llevar a cabo el operativo de captura, Pirry trató de huir lanzándose por una ventana, pero fue capturado de inmediato. La sorpresa llegó cuando las autoridades notaron que el capturado llevaba un brazalete del Inpec, porque precisamente estaba purgando una condena con el beneficio de casa por cárcel.
“Queda claro entonces que estamos ante una persona reticente al llamado de la justicia quien, además, está probado, se dedicaba a la horrible labor de hacer llevar niños y niñas, volverlos adictos, para luego obligarlos a vender drogas, que además es la razón del asesinato de Lynda Michelle, porque ella se negó a hacer esa práctica y al verse delatado por ella, ejerció su poder para que le hicieran todo lo que le hicieron. Así que queda claro que esta persona no solamente no va a cumplir la sentencia, sino que va a poner en riesgo nuestra niñez. Y como la Fiscalía, no cumplió con intervenir el barrio San Bernardo, este grupo Tazmania, o cualquier otro, seguirán ejerciendo su poder mafioso en la zona “, señala el abogado.
Para que el juicio se dilatara al punto de que ahora se esté hablando de una posible libertad por vencimiento de términos, las artimañas usadas por los abogados del acusado han sido variopintas. “Han hecho de todo. Por ejemplo, en una audiencia dijeron que el abogado se había quedado atrapado en una oficina en San Andresito, en medio de un operativo de la Dian, y que por eso no podía asistir. Luego, en otra citación, dijeron que le había dado un mal de estómago y la decisión fue aplazada de nuevo. Así han transcurrido las diligencias de la defensa del acusado, descuadrando la agenda judicial, porque saben que, si se rompe una fecha, por el cronograma del juez, las fechas se pueden correr incluso meses. Y esa ha sido la estrategia, aprovechar los vacíos de la justicia, para dilatar el proceso”, señala Carranza.
La última audiencia fue el 18 de marzo. Ese día el juez de garantías anunció que faltaban 100 días de los 500 días de la prisión preventiva, plazo que tiene las autoridades para resolver un caso, cuando se trata de un grupo de delincuencia organizada. Recalca el abogado que, “a pesar de que les faltan 100 días, lo que seguramente va a pasar en la audiencia de este miércoles (17 de abril), es que se van a presentar como delincuentes aislados, que no pertenecen a una estructura organizada, aun cuando el material probatorio que hemos recolectado indica todo lo contrario. Por eso es tan importante que el barrio San Bernardo sea intervenido. No podemos esperar a que sea el hijo o la hija de alguien importante, para que la justicia actúe”.
Tres años y cinco meses después del crimen y de que la propia familia de la víctima se encargara de recopilar pruebas y de reconstruir los últimos pasos de la menor, el sujeto señalado de haber ordenado el crimen, y quien además sería la cabeza de la organización criminal que los perpetró, podría quedar en libertad. La familia, además de exigir celeridad en el proceso, lucha por sentar un precedente ante la justicia, para que las maniobras dilatorias de las personas acusadas dejen de ser parte del proceso, aún más cuando el material probatorio no deja duda de las responsabilidades que deben asumir.
Por otro lado, buscan que la palabra de la Fiscalía y, en general, de las autoridades que velan por la seguridad de Bogotá, se cumpla, y el barrio San Bernardo, reducto del Bronx, sea intervenido de manera integral y que las bandas que allí operen no se diseminen por la ciudad, como suele ocurrir con este tipo de intervenciones, sino que la justicia opere y termina con una de las ollas más grandes de la ciudad que hoy, meses después de su supuesta intervención, sigue siendo epicentro de delitos y de crímenes atroces como el que resume esta página.
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