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Ya se instaló la mesa de diálogo entre varias entidades del Gobierno y los arroceros para hacer acuerdos en torno a los subsidios que recibe el sector. Esta iniciativa es el resultado de dos semanas de tensiones entre ambas partes.
Lo que originó el desencuentro fueron unas declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en la que se refería al incentivo que otorga el Gobierno Nacional a los arroceros que guarden el excedente de su producción del segundo semestre del año para responder a la demanda del primer semestre del año siguiente, cuando hay menor oferta del producto.
El dinero beneficiaba a los arroceros porque podían mantener un precio estable, pese a la marcada temporalidad de las cosechas.
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Sin embargo, la ministra Mojica insistía en que reducir la discusión del arroz al tema de los incentivos era quitarle potencial al sector. Y dejó claro que el tema más relevante para el Minagricultura giraba en torno a la importancia del arroz para la soberanía alimentaria,”por lo que es clave un plan de ordenamiento alrededor de la siembra, cosecha y postcosecha del grano”.
Y añadió que toda la discusión alrededor del arroz no debe centrarse en el incentivo al almacenamiento. “Limitarlo a ese tema es quitarle alas al arroz para convertirlo en un potencial enorme que asegure la alimentación del país, para hacerlo crecer”.
Bajo este argumento se ponía en entredicho la continuidad del dinero para los arroceros, respecto al incentivo. Y la apuesta era planificar los cultivos y “generar un límite máximo de siembra del arroz” para dar “soluciones profundas” y no seguir con “un paño de agua tibia desde hace años que es el incentivo del almacenamiento”, en palabras de Mojica.
Esto alertó a los arroceros porque, aunque reconocen la importancia de dicha planificación, consideran debe prevalecer un acuerdo que de garantías de estabilidad a la cosecha arrocera. Y para ello requieren “de manera inexorable a contar con el apoyo del Gobierno para almacenar los excedentes temporales de arroz y también para definir acciones a mediano y largo plazo en las que se trabaje de manera conjunta”, según Junta Directiva de Fedearroz.
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Y es que se trata de una actividad que genera empleo rural en 216 municipios e ingresos para 500 mil familias. En Colombia se siembran más de 677.000 hectáreas de arroz y se producen cerca de 3,6 millones de toneladas al año, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
En concreto, “se necesitan pequeñas plantas para que sea el agricultor el que guarde su excedente para sacar del mercado el arroz que sobre y que se utilice con un incentivo al almacenamiento. No renunciamos a esto hasta que haya una solución definitiva a la estacionalidad de las cosechas con distritos de riego”, expresó Rafael Hernández Lozano gerente general de Fedearroz.
Así las cosas, la tensión está sobre el incentivo al almacenamiento porque, en lo demás, ambas partes están de acuerdo con trabajar en estrategias de fondo para mejorar la producción de dicho cultivo.
Por eso nació la mesa para fijación de precios piso para el almacenamiento de excedente de cosecha este año, que arrancó este lunes 26 de junio de 2023.
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“El Ministerio de Agricultura dispuso de 20 mil millones de pesos para ayudar a apalancar esta cosecha y excedente. Contamos con consenso de Fedearroz e Indoarroz y esperamos con una mesa permanente que se instala y tener buenas noticias para todos los agricultores colombianos y consumidores”, dijo al respecto la ministra de la cartera.
Ambos gremios arroceros (Fedearroz e Indoarroz) hacen parte de la mesa, así como la asociación Dignidades Arroceras, el MinAgricultura y MinCIT. Las dos entidades del Gobierno estarán como garantes.
“Esté usted segura que siempre nos hemos identificado con la filosofía del gobierno actual de ser potencia agroalimentaria, que ha sido precisamente el principio orientador de una cadena productiva que se inicia con la labor de 16 mil agricultores y que ha hecho que permanezcamos a pesar del olvido histórico del Estado con el Campo”, expresó la Junta Directiva de Fedearroz a la Ministra de Agricultura.
Ahora resta esperar que el diálogo de las diferentes entidades dé frutos y genere acuerdos con los que se resuelvan las tensiones causadas por el incentivo y que beneficie efectivamente a los arroceros y consumidores colombianos.
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