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El general (r) Jesús Arias Cabrales, condenado en la justicia ordinaria a 35 años de prisión por desaparición forzada por los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá responder una serie de preguntas el próximo 20 y 21 de octubre.
El oficial al que le revocaron su libertad en julio pasado por “incumplimientos graves” a su proceso de sometimiento deberá entregar información sobre cuáles eran las políticas del presidente de la República y del ministro de defensa trazadas en materia de seguridad para la época en la que ocurrió la toma del Palacio de Justicia. La JEP dijo que deberá indicar si dichos lineamientos se encontraban plasmados en un documento formal como un plan de guerra o un plan de campaña.
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Del mismo modo, tendrá que exponer los alcances de su posición en la cadena de mando tanto en la Décima Tercera Brigada como en el Ejército indicando el nombre de las personas tanto militares y civiles, cargo y grado, de las que recibía órdenes en el ejercicio de sus funciones de comandante de la citada unidad militar. Además, deberá ser claro e indicar quiénes participaron en el proceso para la toma de decisiones en la elaboración del “Plan Tricolor 83″, que no fue otra cosa que la ruta para retomar el control del Palacio de Justicia.
Debe entregar información de los lineamientos estratégicos que implementó. Debe contar qué procedimientos establecía para evitar los daños a personas y bienes protegidos, cuáles eran los estándares para establecer la necesidad y ventaja militar en caso de que se activara dicho plan, qué documentos oficiales lo complementaban y en qué sentido.
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Igualmente, sobre el Plan Tricolor 83 deberá exponer cuáles fueron las órdenes emitidas por el presidente de la República, el ministro de defensa, los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército y de la División de la Décima Tercera Brigada. “Para el efecto, indicará a quiénes rendía informe de resultados parciales y finales sobre la ejecución de la citada operación”, dijo la JEP.
A su vez, el oficial deberá revelar con que información contaba la fuerza pública y específicamente la Décima Tercera Brigada sobre la incursión armada que planeaba realizar el M-19. En este sentido, deberá señalar qué planes de inteligencia y órdenes se emitieron para contrarrestar el accionar armado de dicho grupo guerrillero. Además, debe indicar si recibió y emitió órdenes concretas a la conducción o traslado de personas a instalaciones militares o de otra naturaleza con el fin de ser interrogadas, torturadas y posteriormente desaparecidas.
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Por último, entre otras cosas, deberá manifestar si tuvo conocimiento de que este tipo de comportamientos fueron ejecutados por personal bajo su mando, y si pretermitió u omitió el desarrollo de dichas acciones, y en caso positivo, indicar las razones de su comportamiento omisivo.
El oficial que está ante la JEP y es señalado de no aportar a la verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia fue condenado en 2014 por una docena de desapariciones forzadas. Desde el 15 de mayo de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de Arias Cabrales. Esto significaba, por un lado, que la justicia transicional abriría el capítulo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, y por otro, que el general accedería a los beneficios de esa jurisdicción. En concreto, una libertad transitoria condicionada que lo obligaba a aportar verdad.
Sin embargo, la justicia transicional reclama que tras dos años de sometimiento el oficial ha incumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos, pues no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizó la Comisión de la Verdad y tampoco presentó el documento contentivo de su aporte a la verdad exigido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Se espera que el oficial se presente a la diligencia programada para octubre en compañía de su abogada, de lo contrario la JEP podría tomar decisiones de fondo sobre su permanencia en la justicia transicional.
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