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Entre enero y octubre, la Secretaría de la Mujer atendió a 100.940 ciudadanas, de las cuales cuatro de cada 10 llegaron por violencia de género. Kennedy (4.802), Bosa (4.572), Ciudad Bolívar (4.166) y Suba (4.165) fueron las localidades con más atenciones, en su mayoría por violencia psicológica y verbal, seguido de física y patrimonial. Sin embargo, lo que hoy tiene nombre, nuestras madres, abuelas y bisabuelas no podían contarlo y menos denunciarlo, por ser “problemas de pareja”. Solo desde la década de los 70 la ONU acuñó el término violencia contra la mujer, el cual en Colombia solo se aplicó a partir del 2008, con la Ley 1257. Para evidenciar cómo ha sido ese cambio, acudimos a tres voces feministas de distintas generaciones, con el fin de conocer lo logrado, pero lo mucho que falta desde los Gobiernos para atenderlo como prioritario.
En el silencio
“Desde antes de la Constitución, los grupos feministas ya habían señalado la existencia de violencia en las relaciones de pareja, pero no se plasmaba ni se expresaba como tal. Ya en el 91, se prohibió la discriminación por sexo y la prevención de la violencia intrafamiliar. Elementos muy importantes a lo que hoy se llama violencia de género”, explica Yolanda Puyana, de 75 años, investigadora de estudios de género y familia de la Universidad Nacional.
Aunque si hoy persisten las denuncias por invisibilizar la violencia contra la mujer, a mediados del siglo pasado, era una realidad. “Cuando era una adolescente en la década de los 60 en Bucaramanga, había hombres que nos mostraban sus genitales y lo que hacíamos era salir corriendo. No se nos ocurría llamar a la policía. En otra ocasión, estaba en un partido de fútbol con mi papá y mientras hacía fila para comprar helado, sentí una cosa dura en mi cadera. Pero uno no decía ‘me agredieron sexualmente’, porque eso no tenía nombre. Y las víctimas éramos mudas. Era una cultura que legitimaba la violencia de género sin que se llamara así”, recuerda la investigadora.
Yolanda cuenta entonces que a medida que la legislación tipificaba estas violencias como delito, un Estado respondía a la necesidad de crear entes que protegieran a la niñez, como el ICBF u orientación en las Comisarías de Familia, así cómo la visibilidad de casos en medios de comunicación o discusiones desde la academia, permitiendo que “la sociedad civil también empezara a criticar y rechazar esas formas de violencia”, concluye.
La ropa sucia no se lava en casa
Pese a que la violencia de género pasó de una esfera marcada por el silencio a tomarse el espacio público para ser rechazada e incluso tipificada como delito (como el feminicidio, con la Ley Rosa Elvira Cely), Catalina Ruiz Navarro (de 42 años), directora de la revista Volcánicas, asegura que el acoso sexual hace parte de la cotidianidad, en los años 2000 y ahora. “Uno iba a fiestas y la gente bromeaba. Estaba normalizado el body-shaming o las burlas por el aspecto físico. O que los profesores salieran con las estudiantes. Creo que esa conversación empezó a cambiar en el 2012, cuando se empezó a hablar de consentimiento”.
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Con el internet, ese tipo de información se democratizó y más mujeres empezaron a conocer los tipos de violencia, cómo reconocerlas y qué hacer. “No sé si es distópico, pero hay trends en TikTok para contar tu historia de abuso sexual y son espacios que no había antes”, asegura Carolina Benítez (de 29 años), subdirectora de la Fundación Jacarandás, dedicada a informar y denunciar temas de género.
Si bien esto ha sido un avance, también han surgido nuevas circunstancias: hoy se habla de otras violencias de género en el ámbito digital, como la sextorsión, el deepfake para manipular rostros, el cyber flashing (enviar fotos de genitales sin consentimiento), amenazas directas de daño o violencia, abuso y explotación y trata de mujeres y niñas son algunas de ellas.
Según un estudio de la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, publicado en 2015, el 73 % de las mujeres habían vivido alguna forma de violencia de género en línea y el 61 % de los atacantes eran hombres. Otras fuentes informan que una de cada 10 mujeres ya había sufrido alguna forma de ciberviolencia a los 15 años.
“Es poco lo que se sabe sobre el porcentaje real de víctimas y la prevalencia de los daños. Hay gran disparidad entre las respuestas de los Estados y los organismos internacionales y, en general, una falta de marcos jurídicos para proteger a las víctimas”, dice un informe de la OEA sobre violencia de género en línea.
Sobre este fenómeno, Carolina enfatiza que las autoridades se dejaron coger la noche y no se avanza en tipificar estos delitos de violencia digital. “¿Un tipo en la calle no puede sacarse el pene y mostrármelo, pero ¿en Facebook sí lo puede hacer? No hay leyes para eso”, dice Benítez. El 29 de septiembre, Ana Rogelia Monsalve, representante a la Cámara, radicó el proyecto de Ley Olimpia, que penaliza a quienes creen, difundan, sustraigan y distribuyan material íntimo sin consentimiento.
¿Se puede erradicar?
Pese a que se exige mayor celeridad en las investigaciones por este tipo de hechos, Catalina Ruiz y Carolina Benítez coinciden en que aún no entendemos como sociedad la dimensión de esta problemática. “La gente la reconoce cuando es lejana, cuando no implica un costo personal. No es solamente que la gente racionalmente entienda que las mujeres somos seres humanos y que por eso debemos tener igualdad de derechos y vivir libre de violencias. El problema es que reconocer eso significa que entonces yo tengo que hacer igual número de horas de trabajo doméstico o trabajar igual y ganar menos. Esa violencia se mantiene porque también tiene un fin de mantenernos en una situación de subordinación para poder explotarnos”, dice Ruiz.
Por su parte, Benítez puso de ejemplo una reciente encuesta que realizaron, donde las personas respondieron que en los primeros seis meses del año habían ocurrido de 500 a 1.000 casos de violencia de género, “pero en realidad fueron 50.000, según el Instituto Nacional de Salud (INS). La gente no dimensiona lo grave que es y muchos tampoco lo quieren hacer, porque da miedo encontrarse en alguna de las categorías de sobreviviente o victimario”.
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Renta básica universal, acceso a vivienda, educación gratuita, salud de calidad, comunidad entre mujeres como red de apoyo y educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas son aspectos que las instituciones públicas deben fomentar, según Catalina Ruiz, para que las sobrevivientes puedan salir de allí y disminuir la violencia basada en género. “Claro, van a decir que no hay plata, pero sí la hay. Lo que pasa es que se gasta en seguridad o infraestructura. Los temas de mujer se ven como si estuvieran existiendo solos, pero está conectado a todo lo que pasa en el país”.
Según datos de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, hasta octubre había 2.275 mujeres, en su mayoría de 25 a 29 años, en riesgo de feminicidio, un 146 % más que en el mismo período en 2023, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba las que más casos registran.
Los datos muestran lo mucho que nos falta como sociedad para luchar activamente por la erradicación de la violencia contra las mujeres, que ha ido escalando. Cada cifra da una dimensión de una realidad en la que aumenta el número de mujeres a quienes les arrebataron la vida por el hecho de ser mujeres, mientras otras siguen intentando salir de esa figurativa casa incendiada que es la violencia de género, a la cual sí se puede sobrevivir.
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Líneas de atención por violencias basadas en género
155: Orientación nacional a mujeres
141: ICBF
018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura
314 7709729 – 315 8942140: Sisma Mujer
123: línea de emergencia
122: Fiscalía
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Por María Angélica García Puerto
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