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Hasta hace poco, en Colombia, solo existían dos casillas para hablar de sexo en los documentos de identidad: “Femenino” y “Masculino”. Pero esto ha venido cambiando en los últimos años, gracias a la Corte Constitucional que ha reconocido la diversidad sexual y ha hablado de la necesidad de incorporar nuevas categorías como “no binaria”, “trans” o “indeterminado”. Ahora, el Ministerio de Justicia busca crear una ruta clara para que las personas no binarias (aquellas que no se identifican como hombres ni mujeres, sino como una especie de género neutro) vean reflejada su identidad en el Registro Civil de Nacimiento. Lo hará a través de un decreto, que ya está en borrador y está siendo comentado por organizaciones y activistas LGBTIQ+.
Desde 2015, en el país es posible modificar el componente “sexo” en la cédula de “femenino” a “masculino” o viceversa, pero muchas personas no se sienten identificadas con esas dos categorías y a lo largo de estos años han pedido incorporar nuevas opciones en los documentos de identidad, a través tutelas. Así, por ejemplo, en 2021, una persona trans logró que le expidieran su cédula con una “T” en la casilla “sexo” y, en 2022, una persona no binaria llevó a la Corte Constitucional la discusión de una categoría neutra y logró que su cédula incluyera las siglas “NB”, porque ella no se identifica como hombre ni mujer.
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En este último caso, el alto tribunal les ordenó al Gobierno y la Registraduría expedir una reglamentación nueva para que todas las personas no binarias en el país puedan reflejar su identidad de género en los documentos de identidad. Les dio a las entidades un plazo de seis meses para esta tarea, que a la fecha sigue sin cumplirse, provocando desinformación y que muchas notarías se nieguen a atender estas solicitudes en sus oficinas.
Así que el decreto en el que trabaja ahora el Ministerio de Justicia busca dar los primeros pasos para solucionar este asunto y permitir que las personas no binarias soliciten en las notarías agregar el marcador “NB” en sus registros de nacimiento. En el borrador del decreto se establecen, por ejemplo, los requisitos que debe cumplir una persona que quiere cambiar el componente de sexo a “femenino”, “masculino” o “no binario”. Uno de ellos es presentar una declaración en la que se manifieste que se desea hacer el cambio. Sectores de la población LGBTIQ+ señalan esto como un avance en la protección al derecho a definir de forma autónoma la identidad de género, pero también identifican vacíos y preocupaciones.
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Algunas de las inconformidades tienen que ver con el procedimiento cuando se trata de menores de edad, con el costo de los trámites y la articulación entre las distintas entidades responsables. Asimismo, hay una discusión sobre por qué solo se contempla la categoría “NB”.
Según la propuesta de decreto, a las personas que deseen corregir sus documentos de identidad no se les puede pedir ninguna “prueba” que confirme su identidad de género más allá de su voluntad. Pero, para el caso de menores de 18 años, dice que se debe contar con el permiso o autorización de quien ejerza la representación legal, que normalmente son los padres, o por un Defensor de Familia.
Esto resulta problemático para Simonne Montoya, abogade e integrante del equipo de incidencia política de Caribe Afirmativo, pues “desconoce la autonomía de los menores de edad y les dice que si no tienen el permiso les toca esperar hasta los 18 años”. Montoya agrega que la construcción de la identidad de género es un proceso de toda la vida, las familias no siempre son un lugar seguro para quienes tienen una identidad diversa y las defensorías de familia no cuentan con perspectiva de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Por eso, una autorización puede resultar en una gran barrera y en un entorno propiciador de violencias.
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Por otra parte, está el tema de los costos de los trámites para corregir los documentos de identidad. “Actualmente hay un cobro notarial para la escritura pública y otro en la Registraduría para la expedición del documento físico. La Registraduría si tiene un monto fijo, pero cada notaría puede definir cuánto cobra”, explica Dereck Álvarez, estudiante de Derecho y activista del colectivo LGBTIQ+ de Buenaventura.
El borrador menciona que la Superintendencia de Notariado y Registro es la encargada de regular estos cobros. Asimismo, dice que la entidad debe evaluar y determinar los requisitos para que “personas en condición de vulnerabilidad” puedan estar exentas del pago de los actos y trámites notariales para la corrección de sus documentos. Pero, en palabras de Álvarez, “el decreto debería contemplar explícitamente esas condiciones para reducción de costos y no delegarlas. El trámite debería ser gratuito, porque va ligado a mi derecho y deber de actualizar mis datos de identificación”.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con que en el decreto solo se habla de las personas no binarias, desconociendo, por ejemplo, a las personas trans que quieran modificar su Registro Civil de Nacimiento pero no encasillarse en “femenino” o “masculino”. “Se supone que este es un decreto para la actualización de todo el régimen de registro para las personas con identidades de género diversas. Entonces, cuando salió el borrador, nos tomó por sorpresa que no estuviera, por ejemplo, la “T”, porque hay muchas personas que ya tienen el componente en su cédula y la Corte Constitucional lo ha reconocido”, comenta a El Espectador Ángela Parra, coordinadora de incidencia en la Liga de Salud Trans. De acuerdo con Parra, el Ministerio de Justicia le explicó que se trata de un error y que la “T” estaría incluida en la versión definitiva del decreto.
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Corregir el “sexo” en la cédula no termina con la entrega física del documento. Hoy, cada persona trans y no binaria es quien debe notificar la corrección de su documento de identidad en bancos, EPS y hasta ante la Policía y Fiscalía, solo por mencionar algunas entidades. Estos trámites pueden tomar meses, pues no existe una base de datos unificada.
Cathe Gómez, integrante del equipo legal de la plataforma Ley Integral Trans Ya y que trabajó recientemente en la Registraduría, hace énfasis en que, aunque al interior de la entidad se han venido realizando ajustes administrativos, tecnológicamente no. “De hecho, en el sistema de la Registraduría queda tu sexo asignado al nacer. La cédula, el plástico, puede decir ‘NB’, pero sigues registrado como femenino o masculino”, enfatiza. Por eso, hay un llamado a que el decreto le de un peso mayor a esa actualización de la base de datos del Estado.
Esto significa que las medidas que entrará a regular el nuevo decreto no se limitan a los pasos para tener un documento de identidad que diga “F”, “M”, “NB” o “T”, o cómo agilizar trámites notariales administrativos. Las personas consultadas por este diario sugieren que se abre la discusión sobre la división por género que hoy persiste en el acceso a derechos y servicios. “No es competencia de este decreto, pero, como lo planteamos, debe ir acompañado en medidas de política pública que garanticen su implementación y constante retroalimentación”, concluye Parra.
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Con la expedición de este posible decreto tampoco queda oficializado un tercer marcador en el componente “sexo” del registro civil o la cédula, como lo ha ordenado la Corte Constitucional. El Ministerio de Justicia asegura en el borrador del documento que son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, las entidades que deberán adelantar las acciones para implementar los nuevos marcadores de género en los documentos de identidad.
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