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En medio de la crisis, por el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía de Bogotá, el Distrito recibió una noticia, que podría resolver a mediano plazo la situación: el director encargado del Inpec, coronel (r) José Hernando Medina Bernal, le notificó al secretario de Seguridad de la capital, Óscar Gómez Heredia, que ordenó iniciar los trámites para cesión de un terreno, en inmediaciones de La Picota, para la construcción de una segunda Cárcel Distrital.
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La notificación, en la que se hizo una descripción de las condiciones y los compromisos del convenio firmado en 2021, es un paso clave, ya que una vez el predio de 3,5 hectáreas quede a nombre de la Alcaldía de Bogotá, la administración procederá a contratar los estudios y diseños del nuevo centro de reclusión, cuya construcción quedará en manos del próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá. Uno de los acuerdos es que la obra la financiará en su totalidad el Distrito.
Actualmente, en La Picota, centro carcelario ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, se albergan a más de 4.000 presos. El proyecto apunta a que la nueva infraestructura no solo serviría para trasladar a la población carcelaria de El Buen Pastor (cárcel de mujeres) y La Modelo (cuyos terrenos, seguro se usarán en proyectos inmobiliarios), sino descongestionar los centros transitorios de reclusión que operan en la ciudad.
Actualmente Bogotá cuenta con 1.277 cupos en URI y estaciones de policía, distribuidos en casi todas las localidades. No obstante, a la fecha hay 3.407 privados de la libertad, es decir, hay tres detenidos por cupo, mezclando imputados, condenados y reclusos con beneficio de prisión domiciliaria.
Al comparar la cifra con las del reporte de febrero (antes de la visita de la Corte Constitucional a estos centros; el anuncio de investigación contra la alcaldesa, y el traslado de algunos reclusos a cárceles), se tiene que el hacinamiento aumentó casi 10%.
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En una reciente visita, que hizo la alcaldesa López con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, a diferentes centros de reclusión, la mandataria insistió en la necesidad de contar con una cárcel que cumpla con los estándares de tratamiento digno, resocialización y no hacinamiento, tal como lo ha logrado la Cárcel Distrital actual.
Cuando se firmó el convenio se habló de una mega cárcel, con al menos 3.000 cupos nuevos, convirtiéndose en uno de los complejos carcelario más grande del país. Por ahora, según la administración, está pendiente la reunión de la mesa técnica entre el Inpec y el Distrito para ultimar detalles y avanzar en el proyecto que apunta a aliviar la crisis carcelaria en la capital.
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