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Un reciente estudio de la Veeduría Distrital sobre la idoneidad de las políticas públicas para mitigar la contaminación del aire en Bogotá deja una conclusión ambivalente. Advierte que la ciudad ha fortalecido su capacidad institucional para enfrentar uno de sus principales problemas ambientales, pero, al tiempo, los territorios históricamente más afectados siguen respirando el peor aire.
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El informe, que revisó instrumentos como el Plan Aire 2030, el Plan Distrital de Desarrollo, el POT, el programa Foncarga y las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) reconoce avances en monitoreo, gobernanza y articulación entre entidades. Sin embargo, también documenta dificultades de coordinación, limitaciones operativas y una persistencia de los puntos críticos de contaminación que plantea interrogantes sobre el alcance real de las intervenciones. El resultado es que buena parte de la población más vulnerable sigue expuesta a los mayores niveles de contaminación
Vale aclarar que el documento no mide la calidad del aire ni evalúa impactos en salud. La Veeduría analizó la capacidad institucional de Bogotá para enfrentar la contaminación atmosférica mediante la revisión de instrumentos de política pública, entrevistas, análisis documental y otros mecanismos de seguimiento a su implementación.
Un dato que da cuenta de un problema enquistado tiene que ver con que las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy y Fontibón continúan registrando algunas de las mayores concentraciones de material particulado de la ciudad. Desde luego no se trata de una novedad, son los mismos corredores que desde hace años concentran buena parte de la carga contaminante de Bogotá, pese a la creciente sofisticación de las políticas diseñadas para combatirla.
Entonces, la pregunta que queda rondando tras revisar el estudio es tan sencilla como incómoda: si Bogotá tiene hoy más instrumentos, más monitoreo y una institucionalidad más robusta para enfrentar la contaminación del aire, ¿por qué los territorios más afectados siguen siendo prácticamente los mismos?
Un problema concentrado
Más allá de los avances institucionales, uno de los hallazgos más significativos del informe es la persistencia de las desigualdades territoriales asociadas a la calidad del aire.
Las estaciones ubicadas en sectores de Kennedy y Fontibón continúan registrando de manera recurrente algunas de las mayores concentraciones de PM10 y PM2,5 de la ciudad. Como se ha insistido en múltiples escenarios, no se trata únicamente de una cuestión ambiental. Diversos estudios han mostrado que estos territorios coinciden con áreas de alta vulnerabilidad social, presencia de actividad industrial y circulación intensiva de transporte de carga.
La observación coincide con hallazgos recientes de la Evaluación de Impacto en Salud elaborada por las secretarías de Ambiente y Salud, según la cual la exposición a niveles de PM2,5 superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud estuvo asociada con 13.345 muertes evitables en Bogotá entre 2018 y 2022. Con ese contexto detrás, la Veeduría deja una pregunta abierta: si los instrumentos de gestión han evolucionado, ¿por qué los principales focos de contaminación permanecen prácticamente intactos?
Para expertos en políticas públicas ambientales, la respuesta tiene que ver con la diferencia entre construir capacidades institucionales y transformar fenómenos estructurales.
“Las intervenciones son importantes, pero muchas veces funcionan como una curita sobre una herida que sigue abierta”, señala Leonardo Muñoz, docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Uniagraria. La comparación resume uno de los dilemas de la política ambiental bogotana: mientras las estrategias de mitigación avanzan, las principales fuentes emisoras siguen operando a una escala que desborda la capacidad de muchas intervenciones locales.
El reto también se refleja en las fuentes que siguen alimentando la contaminación del aire en los sectores más afectados de la ciudad. Durante operativos de control realizados en la ZUMA Bosa-Apogeo, las autoridades distritales encontraron que cerca del 80 % de los vehículos sometidos a pruebas de emisiones no cumplían con la normatividad ambiental vigente.
Pero el problema no se limita a los tubos de escape. De acuerdo con los diagnósticos del Distrito, otra de las principales fuentes de material particulado es el polvo que se desprende de vías deterioradas o sin pavimentar y que vuelve a suspenderse con el paso constante de camiones y vehículos pesados. El caso ilustra uno de los principales desafíos señalados por la Veeduría: las estrategias de monitoreo y mitigación avanzan, pero siguen enfrentándose a problemas estructurales cuya solución requiere inversiones de largo plazo y transformaciones profundas en movilidad e infraestructura urbana.
Cuando medir también es un desafío
El informe también llama la atención sobre un aspecto menos visible, pero de gran incidencia en el problema: la calidad de la información disponible para tomar decisiones.
Aunque Bogotá dispone de una red de monitoreo ampliamente reconocida, la Veeduría documentó periodos en los que algunas estaciones de monitoreo no alcanzaron el umbral mínimo del 75 % de datos válidos requerido para garantizar la representatividad de las mediciones. Entre las razones aparecen problemas asociados a mantenimiento, contratación y operación técnica de los equipos.
“Las políticas públicas no pueden gestionarse con medidas ciegas. Sin información suficiente resulta más difícil evaluar tendencias, identificar focos emergentes y medir el impacto de las intervenciones implementadas. Son rezagos fácilmente evitables pero que continúan siendo una talanquera. La efectividad de cualquier estrategia ambiental depende de la calidad de los datos disponibles para la toma de decisiones”, advierte Muñoz.
La discusión sobre la vara de medir
Existe además una tensión que atraviesa buena parte del debate sobre calidad del aire y que va más allá de las conclusiones de la Veeduría. El informe reconoce que Bogotá continúa registrando concentraciones de PM2,5 cercanas a cuatro veces la recomendación anual establecida por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la ciudad ha mostrado mejoras frente a décadas anteriores, la distancia respecto a los estándares internacionales de salud pública sigue siendo considerable.
Para los expertos, esta diferencia obliga a mirar con cuidado la forma en que se interpretan los avances. Particularmente por un detalle no menor que atraviesa a todo el país: mientras la OMS recomienda una concentración anual de 5 microgramos por metro cúbico de PM2,5 (o incluso menos), la normativa colombiana permite niveles cinco veces superiores.
En ese sentido, algunos indicadores de la calidad del aire en Bogotá pueden estar en verde según la normativa y leerse como positivos para nuestros estándares, mientras seguimos expuestos a niveles que la OMS alerta como peligrosos. Entonces, ¿debe medirse el éxito frente a las metas nacionales o frente a los estándares que la evidencia científica considera más seguros para la salud?
“Cuando se comparan los indicadores nacionales con las directrices de la OMS, aparece una brecha importante. Los avances institucionales son valiosos, pero también hay que preguntarse si la meta con la que estamos midiendo esos avances es suficientemente ambiciosa desde una perspectiva de salud pública. Porque, sea como sea, seguimos con niveles de exposición que la evidencia científica considera perjudiciales para la salud”, dice el profesor Muñoz.
Para el docente, una ciudad puede fortalecer su gobernanza, ampliar sus sistemas de monitoreo y multiplicar sus instrumentos de gestión sin que ello implique necesariamente haber alcanzado niveles óptimos de protección para la población.
Un desafío que sigue abierto
El principal aporte del estudio no es demostrar que las políticas públicas han fracasado. Pero tampoco afirma que han sido plenamente exitosas.
Lo que muestra es una ciudad que ha avanzado en la construcción de capacidades institucionales para enfrentar la contaminación atmosférica, pero que todavía encuentra dificultades para modificar las condiciones estructurales que sostienen buena parte del problema.
La persistencia de los mismos puntos críticos, las dificultades operativas del monitoreo y la distancia frente a los estándares internacionales de salud pública sugieren que el desafío ya no consiste únicamente en identificar dónde está la contaminación. Bogotá lleva años trazando ese mapa.
Frente a este panorama, la Veeduría plantea fortalecer la articulación entre entidades, mejorar la continuidad de los sistemas de monitoreo, consolidar mecanismos de participación ciudadana y focalizar las intervenciones en los territorios con mayores niveles de exposición.
También insiste en avanzar sobre las fuentes estructurales de contaminación asociadas al transporte, la actividad industrial y las deficiencias de infraestructura urbana. Bogotá lleva años identificando dónde se concentra la contaminación y quiénes cargan con sus efectos. El desafío que plantea el informe ya no es de diagnóstico, sino de ejecución: convertir los avances en gobernanza, monitoreo y planeación en reducciones reales de la exposición para los habitantes que históricamente han respirado el peor aire de la ciudad.
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