Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la mañana de este miércoles, el Congreso se vuelve a reunir en pleno, tal como hace una semana cuando eligió al contralor general. En esta ocasión, Senado y Cámara están citados para definir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), un proceso que no ha tenido tanta atención mediática y se puede decir que ha pasado de agache, pese a que el tribunal electoral es esencial en regular los procesos políticos del país, incluido el de las urnas, pocas veces se le otorga visibilidad a su escogencia. Es más, ser magistrado del CNE se le ha llegado a considerar como un cargo de la resignación, pues generalmente buena parte de quienes aspiran a una silla allí fueron candidatos al Congreso en los comicios de marzo pasado, pero no lograron llegar, por lo que están buscando un cargo para refugiarse por los próximos cuatro años.
En la lista inicial, publicada hace menos de una semana, estaban algunos nombres como César Lorduy, Esperanza Andrade, Álvaro Hernán Prada, Cristian Moreno y Diego Osorio. Todos ellos eran congresistas y figuraron en los tarjetones del 13 de marzo, pero no les alcanzaron los votos para llegar al Congreso de nuevo. Precisamente uno de los reparos que hay sobre el CNE es la forma en la que se aborda la aspiración, pues es un “contentillo” para los que se quemaron en las legislativas. Sin embargo, la discusión es mucho más profunda debido a que las críticas van directamente al tribunal electoral en sí mismo y al origen de sus miembros. No son solo los que llegan ante el fracaso en las elecciones a Congreso, el mayor problema radica en que los partidos nominan y eligen a personas cercanas a ellos, quienes a su vez sean los que vigilen y regulen sus actividades.
Este es un problema de larga data que se vino a agudizar en las pasadas elecciones, como lo dejaron ver algunas decisiones de los actuales magistrados, varias tildadas de no estar ajustadas a derecho, sino que tenían una intención meramente política -de beneficiar a los partidos a los que pertenecen y que los nominaron en 2018-. Por eso, este nuevo proceso de selección de magistrados del CNE tiene un significado especial, y es traer una reflexión sobre las falencias del tribunal electoral, sobre todo cuando hay dos proyectos de acto legislativo recientemente radicados, cuyo fin último es cambiar el criticado sistema de escogencia de sus integrantes. Hasta el momento, sin tener en cuanta los textos mencionados anteriormente, se han radicado 17 iniciativas desde 1991 para tratar de modificar esas falencias del órgano y ninguna ha pasado de los primeros debates.
Las únicas reformas sobre el CNE que han llegado a tener éxito son las que han cambiado su elector, como indica Carolina Rico, experta en derecho electoral y académica de la Universidad Externado. Desde el 91 se designó al Congreso como nominador, pero en un principio era la Corte Suprema la que elegía a los magistrados y después pasó esta potestad al Consejo de Estado. Sin embargo, esto se reformó en 2003 “para no politizar a la Rama Judicial”. Y se llegó al actual modelo, en el que el Congreso no solo nomina, sino que elige. Es esta naturaleza final la que ha llevado a los principales reparos del tribunal electoral, como señala Rico: “El problema es la naturaleza y el origen del CNE. Hay un problema de diseño desde la Constitución y por eso amerita una reforma”. Según la experta, la situación pasa en gran parte a que “los partidos eligen a los que los deben vigilar. Ponen ahí en esos puestos a quienes los sancionan. Es decir, estos no van a ser imparciales y se supone que quienes deben regular las elecciones tienen que ser independientes”.
Un diagnóstico muy similar hizo Danilo Sepúlveda, subcoordinador de justicia electoral de la MOE y quien consideró que los cuestionamientos vienen de un diseño que ha permitido que “se concentren las funciones en el registrador” y al final no hay una “autoridad que pudiese brindar confianza ante una crisis institucional”, como ocurrió recientemente, cuando hubo claras diferencias entre los resultados de los preconteos y los escrutinios de las elecciones del 13 de marzo. Según Sepúlveda, el hecho pasa porque “la autoridad electoral está politizada” y no hay autoridad para hacerles control a los mismos que la conforman. “El CNE no tiene autonomía, así lo diga la Constitución. Siempre está presente el sesgo ideológico”, comentó el experto de la MOE, quien agregó que también pasa por una nula capacidad técnica en los territorios para vigilar los procesos electorales.
Los dos analistas creen que la única salida pasa por reformar el ente electoral en su totalidad. De acuerdo con Rico, “esta sería la gran reforma electoral” y agregó: “Se debe eliminar el origen político del tribunal electoral”. Para la académica, el cambio debe ser este sí o sí. “Se pueden hacer muchas reformas electorales, pero no habrá resultados si no cambia el CNE”. En este punto, Sepúlveda no solo habló de impedir que los magistrados sean de las organizaciones políticas, sino establecer un régimen de inhabilidades para que después de que salgan no pasen de inmediato a ser parte del Gobierno o de otra institución, como ocurrió con Jaime Luis Lacouture, que ni siquiera terminó el actual período en el CNE y llegó a la Secretaría de la Cámara, elección sobre la cual hay dudas por supuestos favorecimientos en la entrega de las últimas credenciales del Congreso.
Para los dos expertos, uno de los problemas se debe a un CNE que se queda corto en personal ante la labor que debería hacer en los territorios. En este sentido, la profesora Rico señaló que el cambio también debe pasar por aumentar la planta del ente electoral debido “a que administrativamente el CNE no tiene la suficiente capacidad para responder a tiempo los conflictos que se dan en los procesos electorales. Además, el cambio debe pasar por cambiar la naturaleza administrativa del Consejo Nacional Electoral por una jurisdiccional, debido a que sus decisiones no tienen peso debido a que se quedan en el campo administrativo. Para Rico, el problema esta más que diagnosticado, pero duda que haya voluntad política ya que “a los partidos los beneficia el actual sistema”.
Las reformas, en camino
El pasado proceso electoral desnudó unas serias falencias que han llevado a los senadores Ariel Ávila y Humberto de la Calle a radicar, por aparte, proyectos que buscan reformar el CNE. “Presentamos un proyecto de reforma grande. En este momento, después de tantos esfuerzos de lucha contra la corrupción, nos dimos cuenta de que hay dos pilares para luchar contra este flagelo, y uno es reformar el órgano electoral, porque hay una falla de origen”, comentó Ávila. Aunque ambas iniciativas tienen como fin la reforma del CNE, el camino es diferente. Una hace énfasis en la elección, mientras que la otra busca cambiar la naturaleza de la autoridad electoral.
Ambos proyectos apuntan a acabar con el actual CNE y dar paso a nuevos entes. En cuanto al de Ávila, se crea un órgano nacional electoral cuyas funciones serán muy similares a las de hoy, pero se garantiza que los magistrados tengan períodos de ocho años y que sean elegidos por concurso de méritos, sacando al Congreso de la ecuación. También otorga funciones de policía judicial. El proyecto de De la Calle tiene un enfoque que pasa por integrar las funciones de la Registraduría en un ente llamado Consejo Electoral Colombiano, que tendrá funciones organizativas de los procesos electorales. Además, se crea la Corte Electoral, que sería la encargada de impartir justicia en temas electorales, como inscripciones, demandas de nulidad, sanción a partidos y similares. Este deja la elección de ambos entes nuevos en el Congreso. Hay versiones que apuntan a que en las próximas semanas se acumularán ambos proyectos, tomando elementos de ambas propuestas: la elección ajena al Congreso de Ariel Ávila y el tribunal electoral de Humberto de la Calle.
Conoce más